Plazo vencido para el tratamiento del DNU de Inteligencia
Esta semana vence el plazo para que el Ejecutivo envíe al Congreso el DNU de Inteligencia firmado el último día del año. A pesar de la importancia del tema, la conformación de la comisión encargada de tratarlo aún no se ha realizado.
Reclamos de la oposición por la demora en la conformación de la comisión
Tanto desde UP como desde el interbloque Unidos cursaron cartas para solicitar la urgente regularización y conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y de la Comisión Especial Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Importancia de la conformación de la comisión
La comisión debe integrar 8 senadores y 8 diputados, por lo que la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, y su par de la Cámara Baja, Martín Menem, deben firmar una resolución conjunta informando los nombres.
La posibilidad de someter el DNU a votación
Una vez cumplidos los 10 días hábiles destinados a que la Bicameral lo trate, cualquiera de las Cámaras puede someterlo a votación con o sin dictamen previo de comisión. Sería en la primera semana de febrero.
La discusión en torno a la inclusión del DNU en la convocatoria a extraordinarias
Aunque seguramente el oficialismo desatará una discusión técnica si el presidente Javier Milei no incorpora el DNU en el temario de la nueva convocatoria a extraordinaria que se espera que sea inminente.
La importancia de la Bicameral de Trámite Legislativo
La facultad de controlar al Ejecutivo no se toma vacaciones, por lo que la Bicameral de Trámite Legislativo es la única habilitada a funcionar en receso.
Resumen de la situación actual
El Congreso se encuentra en un momento crucial en relación al tratamiento del DNU de Inteligencia, con la necesidad de conformar la comisión correspondiente y definir su posible votación en febrero. La falta de acción podría generar tensiones entre el oficialismo y la oposición, mientras que la importancia de cumplir con los procedimientos establecidos en la ley es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones.