Representantes de toda la industria de las telecomunicaciones demandan una visión menos política que permita el desarrollo de nuevas tecnologías
La necesidad de políticas fiscales que promuevan la inversión y abandonen la concepción regresiva; establecer una legislación transparente y duradera que sea libre de sesgos ideológicos y que promuevan la inversión son algunos de los principales reclamos que las empresas de telecomunicaciones hacen al sector público.
Es decir, el Estado nacional está representado actualmente por el gobierno del Frente de Todos, el cual, desde que asumió el cargo en diciembre de 2019, modificó los lineamientos para vincular y relacionarse con una industria que ya representa el 3% del PIB del país y que, A través de la economía del conocimiento, genera exportaciones por US $ 6.000 millones anuales.
Cambios que se evidenciaron en la profundización de la normativa y la presencia del Estado nacional en base a normas que controlan el precio de servicios como la televisión por cable; internet y telefonía celular y que incluso terminan definiendo el nivel de rentabilidad de las llamadas de las empresas de telecomunicaciones.
En este sentido, las empresas también intentan articular una serie de pedidos con el sector público para mejorar la relación con los funcionarios del sector que reportan al presidente Alberto Fernández y generar una agenda de temas que van desde lograr un trato igualitario para todas las empresas que compiten en La industria; Impulsar una mayor conectividad y proporcionar previsibilidad y certeza para las inversiones necesarias..
Lo hacen entendiendo que la pandemia ha demostrado que la brecha digital es un tema central y evidenciando la vocación de las empresas por llevar la conectividad a todo el país. Pero también exigiendo, por ejemplo, que el Fondo de Servicio Universal sea destinado a beneficiar a los sectores sociales más vulnerables.
Abordar también los mecanismos de financiamiento a largo plazo y a bajo interés para las pymes y cooperativas, junto con una política fiscal menos regresiva; con una fuerte complementariedad con las empresas estatales para evitar que se sigan superponiendo redes, esfuerzos y generando inversiones ineficaces.
La caja de resonancia de estas afirmaciones fue el panel «Tic Regulation: la necesidad de la construcción conjunta», celebrado en el marco de la 31ª Conferencia Internacional organizada por ATVC y CAPPSA.
Las exposiciones estuvieron a cargo de Antonio Roncoroni, presidente de FECOSUR; Alejandro Lastra, Director de Regulación y Asuntos Públicos de Telefónica Movistar de Argentina; Francisco Barreto, Vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de DirecTV Argentina; Ariel graizer, presidente de CABASE; Hernán Verdaguer, Director de Asuntos Regulatorios de Telecom Argentina, y Marcelo tulissi, Porta CACPY.
Todos representantes de una industria que representa a más de 2.000 grandes y pequeñas empresas; que generan alrededor de 100.000 puestos de trabajo; que invierten en dólares y cobran en pesos y que están dispuestos a seguir invirtiendo pero que necesitan reglas claras y predecibles.
En este sentido, Ariel Graizer hizo referencia a los obstáculos que existen en muchas localidades para poder desplegar redes que, a su juicio, forman parte de una de las cuestiones que debe resolver el Estado para cumplir con el compromiso de conectar a todos los argentinos.
Tenemos ese compromiso y la pandemia ha sido una ratificación de eso si se tiene en cuenta que en las dos primeras semanas de la pandemia el tráfico de nuestras redes aumentó en un 45%. Para enfrentar el desafío de conectar el 100% de los hogares, Necesitamos reglas claras y previsibilidad para hacer inversiones que nos permitan llevar a Argentina a la economía del conocimiento que transforma al país ”, dijo.
A ello agregó la necesidad de atender casos de abuso como la competencia por debajo de los precios o las ventajas que tienen los nuevos actores del sector «que logran un trato desigual en cuanto a obligaciones y responsabilidades».
«Hoy tenemos el 68% de los hogares conectados, con una velocidad promedio de 40 mb por segundo. Este dato nos ubica en el segundo lugar de la región. Todo esto lo hemos logrado, a pesar de algunos obstáculos», enfatizó el titular de CABASE, para quien Las telecomunicaciones en Argentina son fruto de un ecosistema donde conviven grandes, medianas y pequeñas empresas «con un Estado que regula a quien invertimos en dólares y cobramos en pesos, con el agregado de regulación y congelamiento de precios».
El ejecutivo pidió que los reguladores sean «facilitadores» y criticó la calificación como servicio público de la industria y el congelamiento de precios «en un sector competidor que afecta las perspectivas»..
Por su parte, Alejandro Lastra coincidió con lo expresado por Graizer y exigió normas y estándares que permitan aumentar la velocidad; generar más externalidades y beneficios.
También pidió a sus propios compañeros del sector que generen «una voz más firme, más fuerte para explicar a la sociedad, para mostrar la importancia que tiene en la vida cotidiana, en el futuro y el crecimiento, desde la articulación imprescindible con el sector público».
Para el representante de Telefónica Movistar, hay que repensar el vínculo con el Gobierno para que se abandone el sesgo ideológico y priorice las políticas sectoriales. “El diálogo, la articulación público-privada, es el centro de cada uno de estos temas”, dijo.
Por su parte, Antonio Roncoroni recordó que las cooperativas prestan servicios donde el Estado ni siquiera llega y pidió dejar de construir redes superpuestas, además de destacar la integración de las empresas que representa su cámara con los grandes operadores extranjeros.
“Con el tiempo se ha demostrado que la integración con las grandes empresas es posible, beneficiosa para el sector y, sobre todo, para Argentina. El ejemplo de mi gente es muy válido. En Gesell integramos las tres mayores empresas Conectamos sus antenas a ellos para que den un mejor servicio en nuestra localidad. Eso es señal de la falta de inteligencia que significa construir redes superpuestas ”, ejemplificó.
En este contexto, el titular de CABASE también consideró «necesario» abordar el problema de las OTT debido a la mayor desigualdad que existe en el sector por la «constante fuga de dólares que van al exterior por estos servicios, sin compensación».
Es necesario, dijo Roncoroni, que estos actores extranjeros tengan las mismas reglas y obligaciones que las cooperativas para evitar que se conviertan en una competencia desigual.
Para lograrlo, solicitó la interacción con el Estado, que evite asimetrías como el resultado de las últimas medidas que terminan subsidiando el consumo de los sectores sociales de mayores ingresos en detrimento de las inversiones por el congelamiento de precios.
«No solo necesitamos estar regulados, tenemos que promoverlo, para promover una mayor conectividad», enfatizó.
Desde Telecom Argentina acompañaron la visión del representante de Telefónica Móviles. Quien lo hizo fue Hernán Verdaguer, destacando el papel que tuvieron estas grandes empresas para garantizar los servicios durante la pandemia Covid-19.
“Fue un gran desafío, con una gran inversión realizada ya que todos comenzamos a apreciar lo que significa la conectividad que permitió la digitalización de muchas empresas en un período de tiempo muy corto”, dijo el ejecutivo de Telecom Argentina.
Al mismo tiempo, Verdaguer calificó la innovación y la digitalización como el presente y el futuro, manteniendo que la convergencia supera al sector. «Somos facilitadores de otras industrias, de otras empresas, de otros servicios. La continuidad de este desarrollo se logra solo con más y más inversión. En América Latina, el 75% de la inversión en infraestructura es privada. Es la mayor evidencia de la necesidad de previsibilidad y diálogo público-privado ”, agregó.
Por su parte, Marcelo Tulissi también cuestionó las ventajas que, a su juicio, tienen las OTT al no ser consideradas un servicio público; no requiere una licencia; No necesita permisos municipales ni pago de tasas de ningún tipo.
“Está claro que el campo está muy inclinado porque en paralelo a estas ventajas, debemos invertir en más infraestructura que ellos utilizan para monetizar sus servicios y tensar nuestras redes”, se quejó el titular de CACPY.
Por eso pidió al Estado que abandone el péndulo constante de cambios y se dedique a pensar en reglas y políticas que brinden certezas de inversión en el mediano y largo plazo, entendiendo que sin previsibilidad los planes no se pueden llevar a cabo.
«Estamos dispuestos a seguir avanzando, pero el Estado debe ser articulador y facilitador, no pensar en dar la última milla como en algunas provincias a través de SAPEM», dijo el empresario que, en todo caso, destacó el papel de ARSAT. «Ha sido desde su génesis, complementario».
Luego, Francisco Barreto destacó que la industria reaccionó de «manera muy humana, rápida y audaz» a los desafíos de la pandemia, reforzando la oferta básica de contenidos, información y educación. «Las empresas del interior del interior han reaccionado muy bien», explicó.
En tanto, Walter Burzaco, llamó al diálogo asegurando que la industria esté dispuesta a seguir invirtiendo.
El presidente de ATVC, hizo mención al panel 5G, una tecnología que anticipó como «lo que viene» y por la que pidió «reglas claras y duraderas porque lo que hemos invertido hasta ahora no va a ser suficiente, vamos tener que invertir mucho más en el marco de un proceso de digitalización que es inevitable, no es una opción, es una necesidad ”.
Espectro «perdido»
El panel al que se refiere Burzaco sobre el futuro y presente del 5G contó con la presencia de Stephan Rose (Bell Labs); Helio Oyama (Director de Gestión de Producto para América Latina – Qualcomm); Angélica Ceratti (Gerente de Marketing en América Latina – Nokia) y Guillermo Solomon (Director de Transformación Digital LATAM – Huawei).
Precisamente, este ejecutivo analizó las condiciones que requiere el 5G y los beneficios que traerá a la economía y la sociedad.
“Argentina enfrenta un momento histórico en el que no debe perder el foco pero dejando de lado obstáculos como la modificación de las barreras al despliegue, que es uno de los obstáculos que hay que remover”, agregó.
En Telecom, describieron la innovación y la digitalización como presente y futuro y argumentaron que la convergencia supera al sector.
Pidió tomar como ejemplo las experiencias de países que pusieron a disposición para su despliegue toda la infraestructura, rutas y carreteras del Estado. También hizo un llamado al sector público para que abandone el concepto de obtener fondos importantes rápidamente de los operadores, una medida que retrasa las inversiones y afecta directamente a toda la economía.
«Los países que no tienen 5G serán menos atractivos. De esta manera, todo el espectro que no se asigne es cobranza, productividad e inversión perdida. Las obligaciones deben cambiar hacia el despliegue versus el pago en efectivo», dijo Solomon.
Por su parte, Angélica Ceratti destacó que para que el 5G tenga un despliegue con un efecto beneficioso para toda la sociedad, se debe tener en cuenta, por ejemplo, que el concurso de asignación de espectro no es un cobro sino que estimula una inversión ordenada y coordinada. con un plan de crecimiento.
Para el ejecutivo de Nokia, las instalaciones y sitios de infraestructura de fibra en coordinación con el Estado «son fundamentales para contar con un Plan de Despliegue que no se trunque e impida por la burocracia».
Otro aspecto que destacó por su importancia es el acceso a la tecnología y dispositivos para la población de forma masiva, junto con la formación y la transformación digital, con el fin de eliminar la brecha digital.
“El 5G bien aplicado tiene un impacto en una mejor calidad de vida para toda la sociedad. Debe ser un facilitador de la inclusión digital para todos los ciudadanos y bien implementado puede incrementar el PIB hasta en un 1% anual”, concluyó.
Unos minutos más tarde fue el …
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Fuente: iprofesional.com