El conflicto entre Javier Milei y Marco Lavagna ha desatado una serie de acusaciones y teorías conspirativas en el ámbito político y económico. El gobierno de Milei ha decidido escalar la situación al acusar a Lavagna de diseñar de manera premeditada un nuevo índice de inflación erróneo con el fin de perjudicar al gobierno actual y favorecer a Sergio Massa, su supuesto jefe político. Esta acusación ha generado un fuerte revuelo en el INDEC y en el ámbito económico en general.
En el entorno presidencial se sostiene que Lavagna estaba al tanto de que el nuevo índice no iba a aplicarse, pero decidió anunciar públicamente lo contrario. Se le acusa de jugar políticamente a favor de Massa y de actuar en su beneficio en lugar de cumplir con sus responsabilidades en el INDEC. Esta situación ha dejado en evidencia las tensiones internas en el gobierno de Milei y ha generado incertidumbre en los mercados y entre los operadores económicos.
Por otro lado, la decisión de no implementar el nuevo índice de inflación ha generado polémica debido a que se argumenta que la metodología utilizada no es la correcta y que el índice podría estar basado en precios distorsionados. Esta decisión tiene un trasfondo político y económico inmediato, ya que se espera un aumento significativo en las tarifas de servicios en febrero, lo que podría impactar en la medición de la inflación real.
La salida de Lavagna del INDEC ha dejado en evidencia una interna de poder en el gobierno de Milei y ha reavivado la discusión sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales. La disputa técnica y política en torno al índice de inflación ha generado inquietud en los mercados y ha sembrado dudas sobre la transparencia en la gestión económica del gobierno actual.
En resumen, el conflicto entre Milei y Lavagna en torno al nuevo índice de inflación ha sacado a la luz tensiones internas en el gobierno y ha generado incertidumbre en el ámbito económico. La acusación de que Lavagna jugaba políticamente a favor de Massa ha desencadenado una serie de repercusiones que podrían afectar la credibilidad de las estadísticas oficiales y la estabilidad económica del país.
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