La votación prevista para este martes (22) en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara es la expresión concreta del rebaño que va a extinguir los derechos de los pueblos indígenas. El texto que se está votando (PL 490/2007) reúne 14 proyectos en una abrumadora bolsa de males.
Entre otras medidas, propone transferir el poder de demarcación de tierras indígenas del gobierno federal al Congreso, abre la posibilidad de anular las demarcaciones ya realizadas, legaliza las minas, permite la explotación económica depredadora y debilita la protección de los pueblos aislados. Los indígenas están acampados en Brasilia para intentar detener esta cadena.
Ante tal ataque, cobra especial relevancia la votación programada para el 30 de junio en la Corte Suprema, que involucra una disputa entre el gobierno de Santa Catarina y la tierra indígena Ibirama-Laklãnõ, de la etnia Xokleng. La decisión tendrá repercusión general, sirviendo de faro para otras instancias judiciales.
En el centro de la polémica está la tesis del llamado “marco temporal”, apoyado por los ruralistas.
La tesis considera que los pueblos indígenas sólo tendrían derechos sobre las tierras que ocuparon hasta la promulgación de la Constitución, el 5 de octubre de 1988. La perversidad que encierra este argumento es desconocer la historia de expulsiones forzadas y desalojos por fuego y hierro.
En este sentido, la historia de Xokleng es ejemplar. Según estudios del antropólogo Silvio Coelho dos Santos (1938-2008), en el siglo XX eran habituales las expediciones de “bugreiros” para masacrar a los Xokleng y tomar sus tierras, a instancias de los oligarcas locales.
El testimonio de uno de estos “bugreiros”, recogido por el antropólogo, se explica por sí mismo: “Primero se dispararon algunos tiros. Luego, el resto se pasó al borde del machete. El cuerpo es como un plátano, corta suavemente. Las orejas fueron cortadas. Cada par tenía un precio ”. Es necesario pasar página sobre la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil, para siempre. Se espera que el STF confirme el derecho de estas poblaciones a sus territorios y a vivir en paz.
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