El oficialismo avanza en el nuevo Régimen Penal Juvenil
Con un guiño de último momento a los gobernadores, el oficialismo confía en dictaminar y darle media sanción esta semana al nuevo Régimen Penal Juvenil -que baja la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a los 14– sin sobresaltos en la Cámara de Diputados.
Acuerdo con los gobernadores para el financiamiento
Este martes se van a conformar las dos comisiones que faltan -Familia y Justicia- y al otro día se van a reunir en un plenario con Presupuesto y Asuntos Penales para dictaminar el texto que se va a someter a votación en el recinto el jueves.
Además de aceptar que el Régimen Penal Juvenil aplique a partir de los 14 años, y no de los 13 como planteaba el Gobierno, el oficialismo incorporará un artículo clave para el financiamiento del sistema en las provincias, que una vez aprobada la norma nacional deben adherir adecuando sus regímenes procesales. El principal reclamo era que no tenían fondos para la infraestructura y servicios, como la figura del supervisor que la ley crea y demanda.
Financiamiento y votos necesarios
Hasta el momento, el proyecto incorporaba una fórmula genérica que planteaba que la ley se financiaría con las erogaciones planteadas en el Presupuesto y que el Jefe de Gabinete de Ministros debía «disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones».
Ahora, el acuerdo conversado, que tienen que plasmar en el nuevo dictamen, es que Nación se encargará de la diferencia que le implique a cada provincia la implementación del régimen. No será un monto ni porcentaje genérico sino que cada provincia sellará un convenio con el ejecutivo nacional.
El oficialismo necesita 129 votos afirmativos y parte de una base de 95 propios de La Libertad Avanza. Junto al PRO, la UCR y el MID -bancadas que ya habían firmado el dictamen del proyecto el año pasado- suman otros 20 votos.
Posturas de los diferentes bloques
Dentro de los bloques federales que responden a gobernadores aliados cuentan a los 7 de Innovación (misioneros y salteños) y a los 3 tucumanos de Independencia. También a los 2 ex libertarios que armaron el bloque País Federal.
Dentro del interbloque Unidos esperan posturas divididas, aunque el grueso acompañaría. Entre ellos, Miguel Angel Pichetto y los santafesinos que responden a Maximiliano Pullaro. Otros, como Nicolás Massot -que había presentado un texto propio que no modificaba la edad de imputabilidad- están definiendo su posición.
Por otra parte, en Unión por la Patria hay posturas divididas. El sector del Frente Renovador de Sergio Massa siempre planteó la baja de edad de imputabilidad, sin embargo tienen críticas a este proyecto y no tienen previsto votar junto al oficialismo. «Vamos a plantear nuestra propia propuesta», aseguró una massista.
Detalles del proyecto
En un principio, el Gobierno pensaba discutir este proyecto en sesiones ordinarias, pero algunos hechos delictivos, con víctimas fatales y menores involucrados, aceleraron la decisión.
El texto baja la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a los 13. La pena de prisión se reserva para delitos graves. Se estipula que «cuando la pena prevista para el delito o concurso de delitos imputados» no supere los seis años de prisión y «ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas» y «el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite» el tribunal podrá reemplazar la pena de prisión por amonestaciones, prohibiciones, trabajos comunitarios o monitoreo electrónico.
A su vez, en el caso de prisión efectiva, el plazo máximo de privación de la libertad está planteado en los 20 años y no pueden estar detenidos en los mismos espacios que los adultos.
Conclusión
El oficialismo avanza en el nuevo Régimen Penal Juvenil con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad y establecer un sistema que contemple las particularidades de cada provincia. El acuerdo con los gobernadores para el financiamiento y la búsqueda de votos necesarios marcan un camino de diálogo y consenso en un tema complejo y delicado para la sociedad.