Eliminado el polémico artículo 44 – que le reducía el salario a trabajadores con licencias médicas- el Senado finalmente convirtió en ley la Reforma Laboral enviada por el gobierno de Javier Milei.
La norma obtuvo 42 votos a favor, el mismo número que el 12 de febrero cuando el cuerpo votó el texto por primera vez, antes de que volviera con modificaciones de Diputados. Hubo 28 rechazos y 2 abstenciones de los santacruceños.
Acompañaron a La Libertad Avanza las bancadas del PRO, la UCR, Provincias Unidas y los legisladores federales que responden a los gobernadores de Salta, Misiones, Neuquén y Tucumán.
«El peronismo se mantuvo encolumnado en contra y advirtió que la norma se va a judicializar porque es «inconstitucional» y «viola el principio de no regresividad de los derechos laborales». La CGT ya confirmó que recurrirá a la Justicia y convocó a una movilización al Palacio de Tribunales para este lunes.
Mientras el Congreso sesionó vallado por las protestas de grupos de izquierda -que protagonizaron incidentes a la mañana- en los palcos del Senado estuvo para celebrar el ministro de Interior Diego Santilli.
Si bien en esta ocasión el Senado solo debía decidir si aceptaba los retoques de la Cámara Baja o insistía con el texto original, los legisladores del peronismo se anotaron masivamente para hablar.
«Ponen en jaque la seguridad jurídica cuando proponen leyes que violan la constitución. Esto va a generar más litigiosidad y muchas dudas en los inversores», sentenció el senador y abogado laboralista Mariano Recalde tras apuntar que el texto viola el artículo 14 bis de la Constitución y tratados internacionales.
A su vez, aseguró que el Fondo de Asitencia Laboral (FAL) creado para las indemnizaciones es un «curro fenomenal». «Esto recuerda el curro de las AFJP. Ahora lo usan para subsidiar a empresas que despiden. Es estatizar deuda privada«, apuntó.
A sabiendas de que tenían la aprobación garantizada, La Libertad Avanza apenas hizo uso de la palabra. «El empleo formal privado se mantiene igual desde 2012. Sin embargo, los juicios laborales crecieron desde 2010 al 2024 en un 135%», apuntó Juan Cruz Godoy miembro informante de los libertarios. Y agregó: «En muchos casos los trabajadores piden no ser formalizados porque perderían los beneficios económicos que reciben del Estado y los empleadores eligen no crecer con tal de no asumir nuevos riesgos laborales».
Al cierre, y en un discurso netamente político, la jefa de bancada Patricia Bullrich le puso épica a la última sesión de las extraordinarias: «Hoy tenemos trabajadores más libres. Estamos cambiando la historia de la Argentina».
La diputada del PRO Andrea Cristina argumentó su voto a favor señalando que «actualmente el sistema excluye a casi la mitad de los trabajadores». «Un 43 % de los trabajadores no tiene garantizados derechos laborales. Casi 6 millones de personas sin jubilaciones ni obra social ni vacaciones pagas. Una ley de 1974 que regula una realidad que ya no existe«, apuntó y celebró que «reduce la burocracia y los costos para regularizar trabajadores» mientras que genera «previsibilidad» y «reglas claras».
Los puntos clave de la reforma
Entre el texto original enviado por el Ejecutivo y el sancionado hubo varias modificaciones. La principal fue la eliminación del artículo 44 que había llegado a aprobarse en el Senado pero que Diputados volteó. Ese pasaje proponía la reducción en hasta un 50 % del salario de un empleado, en caso de que la “imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud» y del 75 % en caso de, por ejemplo, enfermedades crónicas.
Sin embargo, el espíritu de la norma quedó intacto. Entre los puntos clave establece una reducción en la base de cálculo de las indemnizaciones ya que se eliminan de esa consideración las vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios.
Para evitar discrecionalidades, en el caso de juicios laborales se fijo que la actualización de las indemnizaciones deberá respetar un indicador equivalente al IPC más un 3%.
A su vez se estableció que las sentencias podrán ser cumplidas en 6 cuotas mensuales consecutivas en caso de grandes empresas y en hasta 12 cuotas en caso de PyMEs.
Se fija la posibilidad de convenir el fraccionamiento de las vacaciones por un mínimo de 7 días. Tienen que acordarlo empleador y empleado.
Se establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.
Se pone en marcha además el «banco de horas» que permitirá a las empresas compensar «horas extraordinarias» del trabajador con «francos» en lugar de pagar las clásicas horas extras.
La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) fue uno de los puntos más discutidos que finalmente se aprobó, aunque con modificaciones. El FAL obliga a cada empresa a constituir una cuenta en una entidad financiera, destinada exclusivamente al pago de futuras indemnizaciones. El Gobierno proponía que las empresas efectuaran una contribución obligatoria del 3% de la masa salarial para financiarlo, que sería descontado de la contribución previsional al SIPA. Es decir que el dinero en lugar de ir a la ANSES va a esa cuenta.
«¿Por qué tenemos que financiar a una multinacional»? se quejaron incluso los aliados. A propuesta de la UCR terminaron fijando que sería del 1 % para grandes empresas y del 2,5 % para las PyMEs.
A los sindicatos al final no le atenuaron el impacto sobre sus «cajas». El proyecto original volvía voluntaria la “cuota solidaria”, que se descuenta a todos los trabajadores aunque no estén afiliados al sindicato. Con esta ley sigue siendo obligatoria aunque fija un tope del 2 %. Los aportes a las obras sociales sindicales, que se bajaban del 6% al 5%, tampoco se tocaron al final.
Quienes ganaron fueron los gobernadores, quienes presionaron y consiguieron la eliminación del artículo que bajaba el Impuesto a las Ganancias para las sociedades, un punto que afectaba sus arcas porque se trata de un tributo coparticipable.
En resumen, la Reforma Laboral enviada por el gobierno de Javier Milei ha sido aprobada por el Senado, eliminando el polémico artículo 44 y generando diversas modificaciones en la legislación laboral. A pesar de la controversia y las críticas, la norma ha sido respaldada por varias bancadas y promete cambios significativos en el ámbito laboral argentino.
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