La denuncia contra Alberto Fernández para el cumpleaños celebrado en el quinto de Olivos en plena cuarentena es para un delito menor – «Solo una contravención», dicen en la Casa Rosada– pero la causa no tiene salida fácil para el presidente.
«Quien viole las medidas adoptadas por las autoridades competentes para prevenir la introducción o propagación de una epidemia será sancionado con prisión de seis meses a dos años», dice el artículo 205 del Código Penal.
Las fotos y videos del cumpleaños de Fabiola Yañez, Es difícil sostener que Fernández no violó una “medida adoptada” para prevenir la propagación de la pandemia. Y no puede decir que no sabía lo que estaba haciendo o que la medida era inconstitucional., como la defensa de Stefanía Domínguez. La «autoridad competente» que dictó la medida fue precisamente él. El delito del artículo 205 es una “ley penal en blanco”, que se completa con otra norma: en este caso, con el decreto presidencial 576/2020, que prohíbe hechos “de cualquier tipo” que “involucren la concurrencia de personas”. Es un caso inusual: el acusado y el autor del crimen son la misma persona.
Desde que comenzó la cuarentena, las causas de incumplimiento de las medidas sanitarias se han multiplicado y la gran mayoría se han cerrado. Los fiscales no impulsaron la investigación; en algunos casos, porque los antecedentes policiales tenían deficiencias (por ejemplo, por falta de testigos) y en otros, por la principio de insignificancia. Fueron infracciones muy leves.
En este caso hay registros oficiales, fotos y videos. ¿Podría el presidente utilizar el principio de insignificancia? Con más de diez personas reunidas por un cumpleaños, sin distanciamientos ni máscaras, fue difícil, coincidieron tres jueces y dos fiscales de Comodoro Py. LA NACIÓN. El fiscal que investiga el caso, Ramiro González, que cerró buena parte de las denuncias que recibió, parece pensar lo mismo, porque impulsó la investigación.
«Por supuesto que es insignificante», dijo un criminal experimentado, consultando a Alberto Fernández, quien también aseguró que «la contribución del presidente fue mínima». “Se unió accidentalmente. Violar la medida requiere tener el propósito de realizar una reunión que presente un riesgo capaz de afectar el bien legal. Esto es una tontería «, alegó. Otro argumento a favor del Presidente es que, como consecuencia de esa celebración, nadie se contagió. Sin embargo, El artículo no pide un resultado: no un castigo para el que ayudó a propagar el virus, sino para el que rompió una regla que prohibía la reunión. Esto es lo que se conoce como delito de peligro, como portar armas.
¿Cómo se resolvieron en los tribunales los casos por infracciones que sí avanzaron? En algunos casos, con libertad condicional, suspensión de juicios a cambio de deberes comunitarios. Pero esto no se aplica a los funcionarios públicos.
En otros, con conciliaciones, una nueva alternativa a la pena que brinda el sistema acusatorio. Así, por ejemplo, se cerró el caso del joven que viajaba en Buquebus infectado y dejó a 400 personas en cuarentena. De acuerdo con el fiscal Alejandra Mangano un pago de 500.000 pesos al Hospital de Niños.
En el Gobierno ni siquiera piensan en esa posibilidad. Fernández es el único presente en el cumpleaños que no nombró abogado y aseguran que no es un tema que analizan. «Es una contravención, cualquier recién llegado podría responder», dicen cercanos al presidente. Al frente de la defensa de su compañero -el organizador de la celebración, según Fernández- fue nombrado Pablo Fioribello, conocido por su carrera como abogado de famosos y ajeno al círculo de los abogados penales habituales de Comodoro Py. Su nombramiento fue una sorpresa en los tribunales de jubilación.
Está claro que nadie corre peligro de ir a prisión, pero las pruebas siguen surgiendo y la defensa del presidente no es fácil. Además, el impacto de un cierre rápido del caso podría hacer más daño que su sustento: según una encuesta de Synopsis, el 93,9% de los encuestados vio la foto de cumpleaños y el 84,5% tuvo un sentimiento negativo. Para colmo, el caso es una novela que no para de crecer.
Una solución ideal para el caso sería, una vez más, la vieja receta de dejar correr el reloj: “cronoterapia”, en palabras del juez. Carlos Fayt.
Por ahora, la Casa Militar, que depende de la Presidencia, aún no ha respondido a la primera solicitud de registros de ingresos a Olivos que hizo la fiscalía. La semana pasada, González la instó a dar respuesta a ese requerimiento «dentro del plazo improrrogable de cinco días», que vence la madrugada del próximo martes.
El fiscal no parece tener la menor intención de apresurar el caso. Tras la primera solicitud de expediente a la Casa Militar, solicitó una segunda y ayer solicitó nuevos informes al Gobierno, que no tiene plazos para responder. El fiscal inició la investigación, pero no identificó a ninguno de los imputados; no los imputa. «Se autoacusaron», dicen en la corte sobre los compañeros de partido de Fernández.
De todos modos, probablemente no sea González y el juez Sebastián Casanello – quién delegó la investigación – los que se quedan con la causa. Desde los juzgados de San Isidro solicitaron a Comodoro Py una «certificación» del expediente. Tienen una denuncia presentada por el abogado Alejandro Sarubbi Benítez por los mismos hechos y la norma indica que el caso lo lleva el juez del lugar donde se cometió el presunto delito: Olivos es responsable de San Isidro. El juez que heredaría el caso es Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa del fiscal fallecido Alberto nisman. Es un terreno peligroso para el gobierno. Arroyo demandó una declaración de que Nisman fue asesinado y dijo que el gobierno de Cristina Kirchner actuó como «una dictadura frente al crimen» y «formó un grupo de trabajo» para desacreditar a su exmarido.
En esos días, la relación con Fernández era diferente. Acudió a la marcha por la muerte del fiscal y dijo que tenía dudas de que se hubiera suicidado, dudas de que desde el año pasado no tiene más.
Sin embargo, si se produce el cambio de jurisdicción, será más tarde. Todo indica que ni la suerte del presidente ni la suerte de la causa se resolverán antes de las elecciones.
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Fuente: lanacion.com.ar