Un debate serio y responsable
En la previa al tratamiento del proyecto que modifica el régimen penal juvenil, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió una fuerte carta abierta dirigida a los legisladores en la que destacó la necesidad de «un debate serio y responsable”, sin “oportunismo electoral ni manipulación del malestar social”.
Propuesta integral y compromiso con la realidad
El delito existe, y no es una opción no hacer nada. Pero creemos que es un error abordarlo desde propuestas simplificadoras que sólo sirven para validar posiciones políticas ya tomadas. En lugar de promover un debate abierto, plural y democrático que permita construir una reforma sostenible y justa del régimen penal juvenil, observan con preocupación el intento de imponer una respuesta apresurada, sin sustento técnico, sin diálogo genuino y sin condiciones institucionales reales para su implementación.
Urgencia de actuar y evitar el oportunismo político
Es urgente actuar: para reparar tanto dolor, para prevenir nuevas violencias, disminuir el nivel de conflicto social, pacificar nuestros barrios y acompañar a tantas víctimas que, con frecuencia, quedan solas y sin a quién recurrir. Lamentamos que este debate se esté dando en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático, ya que esa situación impide una deliberación seria sobre los problemas estructurales que afectan a los niños y adolescentes, especialmente en los sectores más vulnerables.
La eficacia de la medida propuesta
Basados en estadísticas, pusieron en duda también «la eficacia de la medida que se propone» debido a que «la evidencia regional muestra que reducir la edad de imputabilidad aumenta los niveles de violencia y reincidencia, y no disminuye la inseguridad». En caso de aprobarse la propuesta del gobierno de Javier Milei, bajaría de 16 a 14 la edad mínima para que un adolescente pueda ser imputado.
Recursos económicos y condiciones de implementación
El proyecto de ley no se corresponde con un aumento de los delitos juveniles. Los datos disponibles muestran que la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en procesos penales es muy baja: apenas el 0,42 %. Los obispos aludieron a los recursos económicos que se necesitan para llevar adelante los cambios que el proyecto de ley supone y estimaron que se trata de «una reforma sin condiciones de posibilidad».
Desafíos para el Estado
En esa línea y en las condiciones actuales, se preguntaron si “es razonable creer que el Estado, provincial o nacional, podrá implementar un sistema penal juvenil que brinde tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral, acceso a salud, cultura, recreación, espiritualidad y abordaje integral de consumos problemáticos”. ¿Es factible que el Estado pueda garantizar los recursos y la inversión que exige lo que se anuncia en el proyecto de ley? La realidad demuestra una creciente desfinanciación en materia social, cuyos efectos recaen especialmente sobre los sectores más desfavorecidos, justamente aquellos a los que se pretende ahora castigar con mayor severidad.
En resumen, la Conferencia Episcopal Argentina destaca la importancia de un debate serio y responsable en torno al régimen penal juvenil, evitando el oportunismo político y considerando la realidad social y económica del país. Se cuestiona la eficacia de la medida propuesta y la viabilidad de su implementación en las condiciones actuales, poniendo énfasis en la necesidad de abordar integralmente la problemática sin simplificaciones ni imposiciones apresuradas.
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