Una audiencia por el delito de lesiones fracasó en Rawson porque el expediente de la investigación -que era la base para realizar el juicio oral y público- fue destruido en el incendio que el pasado 16 de diciembre provocaron grupos antimineros en varios edificios de Rawson, entre ellos la Fiscalía capitalina, donde se encontraba la documentación.
Sin embargo, el proceso no está cerrado porque “seguimos buscando esta causa” entre los documentos que resultaron destruidos y que se intentan reconstruir. «Si no aparece, esa Fiscalía pedirá el sobreseimiento para el imputado», dijo ante el juez Marcelo Nieto Di Biase (foto) la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo. Se refería a Jordán Santibañez, el imputado en el suceso.
En la audiencia, Cárcamo no dio más precisiones de los hechos investigados, precisamente por no tener el apoyo documental que permita desahogarse respecto de la investigación. El legajo seguirá buscándose. Trascendió que se trata de una investigación en la que hay varias causas acumuladas. La fiscala sólo refirió que las víctimas son dos jóvenes y que el imputado es Jordán Santibañez.
Los incendios de diciembre, además de la Fiscalía de Rawson, afectaron a la Oficina de la Procuración General, cuyo titular, Jorge Miquelarena, dijo que se vieron afectados 754 expedientes. Añadió en estas circunstancias que “hay causas que se perdieron enteras o desaparecieron las pruebas. Esto afecta a las víctimas porque detrás de cada expediente, hay personas”.
OTRO HECHO, MISMO IMPUTADO
Dos horas antes, Santibáñez tuvo que rendir cuentas por otra causa penal en su contra. Fue por el delito de “hurto” por haber robado una cerveza de un comercio de Playa Unión. Fue el pasado 8 de diciembre cuando ingresó en un local en compañía de otro sujeto.
La víctima fue Claudi Sepúlveda, propietario de comercio. Es necesario saber si el comerciante está de acuerdo con la aplicación de una “salida alternativa del conflicto”, mediante la figura de la reparación.
La audiencia de apertura de la investigación fue frente a la juez de garantías Karina Breckle. Los defensores de Santibáñez fueron Pablo Sánchez y Miguel Lugo, de la Defensa Pública. Plantearon la posibilidad de aplicar una salida alternativa del conflicto.
Fuente: Ministerio Público Fiscal, Oficina Rawson
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Fuente: elpatagonico.com