Personal de salud dice «No damos más»/ Titulares

La Asociación de Profesionales de la Salud de Mendoza (AMProS) repudió la violencia verbal que una paciente ejerció ayer contra una enfermera en Tunuyán, porque quería ser atendida con mayor rapidez, cuando la profesional tenía el consultorio colapsado con pacientes y ella no podía hacer frente.

Esta organización gremial realizó ayer y hoy rondas a todos los prestadores de servicios de salud y alertó que profesionales y trabajadores fueron agredidos en varios lugares.

Por ello, y ante el advenimiento de la tercera ola, exigió la “aplicación del artículo 51 del Código Contraventivo de Mendoza, que contempla multas de $24.000 a $36.000 y hasta 12 días de prisión para quien agreda u ofenda a las personas que trabajan”. en el área de la salud.”, enfatizó Claudia Iturbe, nueva secretaria general de la entidad que agrupa a los profesionales de la salud.

Dice que si se ejerce un delito personal contra médicos, enfermeras, personal de ambulancias o trabajadores de la salud. El que ofenda físicamente o agreda -sin causar lesiones- y/o verbalmente con gritos e insultos a médicos, enfermeras, ambulancias o agentes de salud en los efectos públicos o privados, será sancionado con multa de 800 (ochocientas) UF fijas. unidades – hasta 1.200 (mil doscientas) UF o prisión de 8 (ocho) días a 12 (doce) días.

“Desde la entidad gremial repudiamos las agresiones sufridas contra nuestros profesionales. El colapso del sistema de salud fue provocado por la falta de recursos humanos y, en ese sentido, las autoridades deben entender -a diferencia de otros sectores de la administración pública- que no hay sustituto para ningún profesional de la salud. Exigimos al Ejecutivo Provincial aplicar medidas sancionatorias a quienes produzcan estos hechos a través del Código de Faltas. Nuestros profesionales han trabajado incansablemente durante la pandemia y continúan haciéndolo”, dijo Rodrigo Domínguez, secretario sindical de AMProS.

“Esta mañana, el Comité Ejecutivo visitó a los agentes para analizar las condiciones sanitarias y laborales en las que trabajan nuestros profesionales, ya que el Ejecutivo debe velar por el cuerpo policial para que esto no suceda. Además, el local físico debe mantener la ventilación y el distanciamiento social correspondiente”, dijo la abogada Claudia Iturbe.

Finalmente, dijo que “los profesionales no necesitan salir a la calle; No pueden salir a pelear por su salario y al mismo tiempo aguantar la trinchera. Estamos saliendo de una reunión en el Hospital Del Carmen y están abriendo servicios para la rehabilitación post-Covid. Se trata de pacientes que presentan secuelas neurológicas, respiratorias, nefrológicas e incluso de movilidad y necesitan seguir siendo atendidos.

“La pregunta recurrente es: ¿a quién le importa a quién le importa? Nuestros salarios deben estar por encima de la línea de inflación. Es inaceptable que mientras otros sectores que han trabajado y siguen trabajando en casa, reciban salarios acordes a la situación económica del país; y muchos de nuestros profesionales que dejaron su vida y la de sus familias, tienen salarios por debajo de la línea de inflación y en condiciones de trabajo muy alejadas de lo que exige la ley”, concluyó Iturbe.