petroleras y Gobierno discuten por nuevos aumentos

Con el proveedores de estaciones de servicio recién marcada con un alza promedio del 3,8% -correspondiente al último paso en la senda de ajustes de precios que se había pactado con el Gobierno a fines del año pasado-, la principal cuestión que ha comenzado a ganar terreno en el campo petrolero gira alrededor de cuáles serán los porcentajes de aumentos que tendrán las gasolinas y diésel a partir de abril.

Luego de haber cumplido con el esquema de incrementos mensuales acordado con el ministro de Economía, Sergio Massay, que dio lugar a ajustes mensuales de 4% promedio entre noviembre y febrero y 3,8% en marzo, ahora los productores y distribuidores de combustible liquido -liderados por YPF- quieren alinear los precios minoristas con la inflación galopante registrada en lo que va de año y cubrirse con una suba adicional antes de los primeros días de junio.

Ante un índice de precios minoristas que va camino de acumular una variación en torno al 20% en el primer trimestre de 2023, los valores de los combustibles llegarán a fines de marzo con un incremento promedio acumulado de apenas 12,27%.

Desde las petroleras señalan que hay tres razones destacadas que sustentan la aplicación de nuevas y reforzadas actualizaciones de precios de combustible. En primer lugar, la necesidad de mejorar sus ingresos para hacer frente a los mayores costes operativos y salariales.

A ello se suma, el traspaso de los valores más altos de biocombustibles que viene aprobando el Gobierno y que se deben adquirir para cumplir con los porcentajes de mezcla establecidos para cada tipo de producto. Y finalmente, está el presión adicional de los dueños de las estaciones de servicio que buscan mejorar sus márgenes de ingresos para hacer frente al aumento de sus gastos corrientes y atender las demandas salariales de sus empleados.

Con este combo de razones, las petroleras buscarían convencer al equipo económico de que requieren nuevos aumentos mensuales que dupliquen los aplicados hasta ahora y se acerquen lo más posible a un promedio de 10% cada 30 días.

Combustibles: petroleras y gobierno discuten nuevos aumentos

Ante esta propuesta -que ya han comenzado a deslizar en estricto rigor desde los despachos de las petroleras-, la posición inicial de Massa y la secretaria de Energía, Flavia Royón, sería volver a negociar una nueva vía de incrementos iguales a el anterior que no supera el 4% mensual para no seguir alimentando la marca inflacionaria que ya se encuentra entre las más altas del mundo con una variación interanual del 102,5%.

Aunque aún no hay una fecha cierta, se estima que a partir de la próxima semana los integrantes del equipo financiero y los directivos de las petroleras se enfrenten nuevamente para tratar de perfilar una pauta de ajuste de combustibles que satisfaga a ambas partes.

Tanto funcionarios como empresarios tienen claro que las próximas subidas deberán aplicarse entre abril y primeros días de junio porque a partir de ese momento el desarrollo de la campaña electoral llevará al Gobierno a evitar cualquier ajuste de precios que implique asumir costes políticos de cara a las PASO.

Más allá de los argumentos estadísticos que tienden a minimizar el impacto de las subidas de combustibles sobre la tasa de inflación, lo cierto es que en el actual escenario económico cualquier aumento en las bombas tiene un efecto múltiple en los precios de los alimentos y los servicios de transporte.

En el caso del transporte de carga, afecta tanto los fletes terrestres de granos, como todos los envíos por camión, tren y barco.

Mientras tanto, por el lado del transporte público de pasajeros, los aumentos que recaen sobre el diésel empujan al alza los gastos de funcionamiento de las líneas de ómnibus y ferrocarril y disparan los subsidios tarifarios que viene desembolsando el Estado para no trasladar todos los costos de cada viaje a Los usuarios.

¿Se posponen los aumentos de impuestos internos?

Aunque aún no se ha confirmado, en el sector petrolero ya dan por hecho que la cartera económica volverá a aplazar el traslado de las subidas de impuestos internos que se han ido ralentizando y acumulando desde finales de 2021.

Estas son las actualizaciones trimestrales de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) que la administración de Alberto Fernández tiene pendientes de aprobar desde hace año y medio.

Los sucesivos aplazamientos de los ajustes de estos impuestos van camino de convertirse en un serio problema regulatorio y un agujero económico que tendrá que afrontar como herencia el próximo gobierno que surja de las elecciones.

Según un informe elaborado por la consultora Economía y Energía (E&E)–dirigida por el economista y exvicepresidente de Administración Financiera de YPF entre 2012 y 2015, Nicolás Arceo–, el Estado ha dejado de cobrar hasta fines de 2022 un total de u$s 1.800 millones por la no aplicación de los correspondientes incrementos en los impuestos internos a los combustibles.

El trabajo de la consultora destacó que a este monto se le deben sumar otros US$600 millones debido a la no actualización de los montos del ICL e IDC durante el primer trimestre de este año.

Según los cálculos de E&E, si a partir de abril el ministro de Economía, Sergio Massa, decide dar el visto bueno al traslado de todas las actualizaciones pendientes, La carga tributaria de las gasolinas y el diésel debería registrar un incremento del 137%.

De acuerdo a las reglas de juego vigentes luego de los cambios introducidos durante el gobierno de Mauricio Macri, los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y Dióxido de Carbono (IDC) deben actualizarse por inflación trimestral pasada en los meses de enero, abril, julio. y octubre.

Hasta el momento se acumulan ya siete aplazamientos de las subidas correspondientes a los dos últimos trimestres de 2021, los cuatro de 2022 y el primero de este año. En los próximos días saldría un nuevo decreto para dar el pistoletazo de salida a la actualización que debería entrar en vigor a partir de abril.