La polémica amnistía en Perú
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó la amnistía para policías y militares que estén procesados o hayan sido condenados por delitos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que había solicitado suspender el trámite de esta ley.
Un acto controvertido
Boluarte ya había anticipado que promulgaría la amnistía aprobada por el Congreso a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras que sostienen su Gobierno, al considerar que las indicaciones de la Corte IDH van en contra de la soberanía nacional, pese a que el país aceptó adherirse a su jurisdicción cuando suscribió el Pacto de San José.
La suscripción de la norma
La mandataria suscribió la ‘Ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000′ en una ceremonia pública en el Palacio de Gobierno de Lima.
Reacciones y controversias
La amnistía beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000. No será aplicable a los denunciados por terrorismo o corrupción de funcionarios.
Críticas y defensas
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) sostiene que la amnistía «borra décadas de lucha por justicia y verdad» y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos «están en riesgo». La presidenta Boluarte, por su parte, defendió la medida como una forma de honrar a quienes lucharon por la paz en el país.
Conclusiones
La polémica amnistía en Perú ha generado un intenso debate entre defensores de los derechos humanos y aquellos que consideran que es una forma de reconocer el sacrificio de quienes participaron en la lucha contra el terrorismo. La decisión de la presidenta Boluarte ha sido criticada por organismos internacionales y locales, lo que ha generado tensiones en el país.