Privatización de Transener: Un paso más hacia la desestatización energética
El Gobierno argentino ha dado un paso importante esta semana al lanzar el proceso de privatización de las acciones del Estado en la transportista de energía eléctrica Transener. Esta medida podría reportarle al Estado un ingreso de más de 200 millones de dólares en el primer semestre de 2026.
Un proceso clave para la economía del país
La privatización de las acciones de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) en Transener es parte de una estrategia más amplia del gobierno para reducir la presencia estatal en sectores económicos clave, como el energético. Esta medida se suma a otras privatizaciones recientes, como las centrales hidroeléctricas del Comahue, que han permitido al Estado obtener importantes ingresos para hacer frente a sus compromisos financieros.
La compleja estructura accionaria de Transener
Transener cuenta con una estructura accionaria compleja, donde el Estado argentino tiene una participación significativa a través de Enarsa y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. En conjunto, el Estado posee casi la mitad de las acciones de la empresa, lo que le otorga un importante poder de decisión en su gestión.
Valoración y perspectivas de venta
La capitalización de mercado de Transener actualmente ronda los 1.300 millones de dólares, lo que sugiere que el Estado podría aspirar a vender sus acciones por hasta 330 millones de dólares. Un proceso de tasación previo estableció un precio base de 205 millones de dólares, con Pampa Energía cediendo los derechos de opción preferencial.
Rendimiento y proyecciones financieras
En los primeros nueve meses del 2025, Transener ha mostrado un sólido desempeño financiero, con un EBITDA de 219.587 millones de pesos y una ganancia neta de 127.357 millones de pesos. Además, la empresa ha logrado mantener un índice de fallas por debajo del promedio, lo que habla de su eficiencia operativa.
Conclusión
La privatización de las acciones del Estado en Transener representa un paso significativo en el proceso de desestatización del sector energético argentino. Con esta medida, se busca fomentar la participación del sector privado y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios energéticos. Además, la operación podría reportar importantes ingresos al Estado, fortaleciendo su posición financiera en el corto plazo.
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