La falta de un núcleo pensante en el Planalto, capaz de negociar con firmeza y frenar las tendencias corporativistas del Congreso, es un problema grave en cualquier circunstancia. Si el presidente de la República sigue siendo partidario de estos intereses, en el caso de Jair Bolsonaro, todo empeora.
Esto es lo que se ha visto hasta ahora en la tramitación de la medida provisional que trata de la privatización de Eletrobras. El texto solo debería autorizar a la Unión a reducir su participación en la empresa a menos del 50%, mediante una ampliación de capital, garantizando algunos derechos especiales de veto al gobierno.
Conociendo la permeabilidad del Planalto a las presiones clientelistas y la voluntad del equipo económico de hacer cualquier negocio para vender al menos una poderosa empresa estatal, los legisladores se lanzaron al ataque.
El Ejecutivo ya había incluido en la versión original del MP varios dispositivos para contemplar los bancos regionales, como el pronóstico de R $ 8 mil millones para la revitalización de cuencas y reducción de costos energéticos en la Amazonia Legal, a ser desembolsados en diez años. .
Tales aportes pueden incluso tener algún significado, pero los diputados fueron más allá e interfirieron en la regulación del sector. Se garantizó una reserva de mercado en las subastas de nueva energía para pequeñas centrales hidroeléctricas y la contratación de 6.000 MW a través de centrales térmicas en regiones sin infraestructura de transporte de gas.
En lugar de eliminar tales anomalías, el Senado incorporó nuevas al texto: aumentó la contratación de plantas térmicas a 8.000 MW y amplió los subsidios para la energía eólica y solar, entre otros dispositivos.
Los expertos difieren sobre los costos potenciales, pero se estima que el sector privado podría tener que pagar miles de millones en la factura de la luz. El gobierno, a su vez, dice que el proyecto de ley caerá.
Unánime es la constatación de que la injerencia del Congreso en la planificación del sector a través de enmiendas a un MP, sin parámetros técnicos claros para justificar las medidas, aumenta la inseguridad jurídica.
También es digno de mención la osadía con la que diputados y senadores buscaron garantizar sus elecciones – las demandas están en el mismo artículo que trata de la privatización en un párrafo continuo, lo que en la práctica impide un veto presidencial que no derroque al principal.
En este punto, a la luz de los intereses ya contemplados, el MP probablemente será aprobado en su última etapa legislativa. La Cámara todavía tiene una última oportunidad para defender la colectividad, pero es poco probable que lo haga. Desde la meseta, no se espera nada.
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