En este caso, los “instrumentadores” fueron el ex presidente de AYSA, José Figiacone, el exdirector de AYSA, el ingeniero Jose Luis Inglese y el entonces Ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, ya que la empresa estatal dependía de su área. Pero también estaban en el movimiento oscuro el miembro del directorio de la empresa, José Luis Lingeri y el Gerente General de Impregilo, Pietro Salini.
En su objetivo de asfixiar económicamente al Grupo Indalo, Mauricio Macri, funcionarios y algunos sectores marginales de la justicia desplegaron un «sistema» que ya ha sido denunciado y está siendo investigado en la justicia federal para quebrar al Grupo Indalo de Christopher Lopez Y Fabián De Sousa.
Y sin duda uno de los casos más evidentes es lo que pasó con el contrato de construcción que ganó la UTE conformada por Esuco y CPC pero que les fue arrebatado bajo extorsión.
El «sistema» que implementó Mauricio Macri en la gestión de la obra pública se estableció en los procedimientos administrativos y se refrendó mediante decisiones judiciales cuyo objetivo era privar a Indalo de contratos y bienes.
En estos días se conocieron nuevas evidencias de las acciones a raíz de las revelaciones que surgieron en el celular de Darío Nieto, secretario particular del expresidente.
La nueva prueba coincide con hechos denunciados en su momento ante los tribunales sobre las acciones del macrismo contra Indalo. El texto que corresponde al bloc de notas de Nieto dice: «13 de noviembre de 2018: Impregilo – Italia más fácil porque se presentó en La primera licitación … Ute está reasignando. Proceso judicializado. Se puede cambiar. Espera ok».
Este mensaje es una síntesis perfecta de la operación de desinversión de contratos que tenía CPC.
Ahora, los asesores legales del Grupo Indalo comparecerán en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde se llevará a cabo la investigación de las anotaciones de Darío Nieto en su teléfono celular. Un libro abierto de las perversas acciones de Macri y sus funcionarios.
Indalo exigirá que, con base en el mensaje que ya forma parte del expediente Martínez de Giorgi, se solicite información a AYSA y al Juzgado Federal de Morón.
La solicitud de informes buscará conocer cómo fue la operación y declarar a los ejecutivos de AYSA en ese momento como los gerentes de Impregilo.
López y De Sousa pedirán al juez federal que solicite copia de la investigación sobre la obra en cuestión que instruyó el magistrado de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez.
Además, solicitar que la empresa AYSA responda al cronograma de pagos y redeterminación de precios que realizó al resto de empresas que realizaron trabajos en el sistema Riachuelo. De esta forma, compare lo mismo con lo que sucedió con la UTE que conformaba CPC.
Durante su mandato, Macri buscó controlar la gestión de la obra pública y favorecer a las empresas vinculadas a él, en este caso la italiana Impregilo, que entre otras cosas había sido socia de Sideco en el transportador de energía Yacylec.
Yo impregno
En 2018, Impregilo estuvo a cargo de la Fase 3 de la limpieza del Sistema Matanza-Riachuelo, junto a Healy y Juan Chediack, procesados en el caso «Cuadernos». La fase 1 de esta importante obra estuvo a cargo del grupo Ghella-IECSA, este último también procesado en el caso «Cuadernos» y propiedad del primo de Macri, Angelo Calcaterra.
El Estado retrasó deliberadamente el pago a la UTE Esuco-CPC, por lo que se presentó una denuncia ante el Juzgado Federal No. 2 de Morón, el 9 de noviembre de 2018, en la que se plantearon los innumerables incumplimientos en los que había incurrido AYSA. el contrato en cuestión y ese fue el motivo fundamental del retraso en el avance de las obras.
La administración macrista de AYSA retrasó los pagos y se negó sistemáticamente a volver a determinar los precios de las obras. Mientras tanto, Nieto se encargó de operar para que el contrato de obra pública fuera retirado y entregado a Impregilo.
El 9 de enero de 2019, el presidente de AYSA, José Figiacone, terminó de marcar las reglas del juego por carta en una especie de respuesta a la UTE, escribiendo que: factible de llevar a cabo en términos de cumplimiento de los requisitos establecidos por AYSA para aprueba la Cesión, la única empresa que reúne las condiciones para reanudar de inmediato los trabajos y completar los trabajos del plan es Impregilo, que está ejecutando el denominado Lote 3 ”. La operación ya estaba cerrada.
El 22 de febrero de 2019, el honesto juez mercantil Javier Cosentino, encargado de emitir y subastar activos de Petróleo Combustibles en meses a pedido del macrismo, refrendó la maniobra de AYSA, controlada por Rogelio Frigerio, para que el contrato pase a Impregilo.
Macri y sus funcionarios están acusados de participar en una asociación ilícita con el objetivo de despojar al Grupo Indalo de activos, encarcelar a sus accionistas (Cristóbal López y Fabián De Sousa) y vender los activos a bajo precio y confiscarlos. Hicieron todo eso y más, según consta en los registros judiciales.
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Fuente: ambito.com