La estructura criminal de los L’Abbate
Durante más de una década, la estructura creada por Vito Antonio L’Abbate y sus hijos funcionó como una maquinaria silenciosa pero implacable. Entre contratos, fideicomisos, sociedades superpuestas y obras prometidas que nunca terminaban, cientos de familias entregaron los ahorros de su vida creyendo que estaban comprando su futuro hogar. Lo que realmente financiaban, según la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº40 del 1° de diciembre, era “una organización criminal” meticulosamente diseñada para defraudar, desplazar dinero y reinventarse cada vez que un edificio, una sociedad o un negocio comenzaba a mostrar grietas.
La operación desde la cárcel
Vito, Emanuel, Juan Ignacio y Santiago L’abbate, y su ex colaborador Patricio Flores siguen presos. Pero varios de los damnificados denuncian que siguen operando desde la cárcel con emisarios que intentan seducir con dinero a las víctimas de la estafa para que retiren las denuncias, e incluso participando de remates de algunos de los bienes que podrían destinarse a resarcir a quienes perdieron miles de dólares.
La estructura de la asociación ilícita
La jueza Paula González no duda en describir al conjunto como una asociación ilícita estructurada, que operó entre 2012 y 2025 con dos jefes claramente identificados: Vito L’Abbate y su hijo Emanuel. El expediente sostiene que no había improvisación ni caos. Había una lógica. Y esa lógica era el fraude.
El entramado societario
Según la investigación, a lo largo de los años se crearon más de 20 sociedades nuevas, muchas de ellas después de 2019. La trama era tan elaborada que la jueza la describe como un entramado montado para “confundir patrimonios y garantizar la opacidad de los fondos”.
El perjuicio económico
Más de 500 damnificados están probados en la causa, según enumera la propia jueza. Y un perjuicio económico que supera los 40 millones de dólares, entre dólares aportados, cuotas, efectivo recibido en mano, inversiones con renta fija que nunca se pagó y preventas desviadas.
La postura de los damnificados
Los damnificados estiman que si se produce la elevación a juicio oral sin ampliar la investigación penal, se diluiría responsabilidades de terceros que han estado implicados. Piden a la Justicia investigar a los supuestos inversores que están haciendo ofrecimientos mínimos para que la gente retire la denuncia.
El desafío de obtener justicia
Para las víctimas, el avance del remate constituye un hecho de extrema gravedad institucional. Mientras el fuero penal dicta medidas para preservar bienes, la justicia comercial y civil continúa avanzando con quiebras y remates, vaciando de contenido cualquier posibilidad futura de resarcimiento.
En resumen, la estructura criminal liderada por los L’Abbate operó durante más de una década, defraudando a cientos de familias y generando un perjuicio económico millonario. A pesar de las medidas judiciales, los damnificados enfrentan obstáculos para obtener justicia y recuperar sus pérdidas.
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