El trágico brote de fentanilo contaminado en Argentina
El Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, confirmó que fueron 111 las personas que murieron luego que le suministraron el fentanilo contaminado mientras recibían tratamientos en centros asistenciales.
Las consecuencias del fentanilo adulterado
A partir del análisis de historias clínicas y otros elementos que constan en la causa también se pudo comprobar que hubo al menos 48 pacientes que «sobrevivieron» a la aplicación de este analgésico infectado que vendió el laboratorio HLB Pharma hace un año y que se distribuyó a decenas de hospitales y clínicas en el país.
La crisis sanitaria y las detenciones
El caso del fentanilo adulterado derivó en una crisis sanitaria sin precedentes y en la detención de nueve personas, entre ellos Ariel García Furfaro, el dueño de la firma responsable de fabricar el medicamento.
El proceso judicial en marcha
El magistrado ordenó nuevas pericias exhaustivas al Cuerpo Médico Forense para evaluar las secuelas físicas y mentales en los 48 pacientes que sobrevivieron a la administración del opioide adulterado. Con esos nuevos estudios pudo precisar que hubo incremento del riesgo de muerte en 111 de los hombres y mujeres fallecidos que ya estaban acreditados por el juzgado.
Los imputados y las posibles penas
Según la resolución judicial, los informes periciales serán determinantes para definir la cantidad exacta de delitos imputables a los 14 procesados, entre ellos, directivos, técnicos y responsables de las empresas HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA. Esto determinaría un agravamiento de las penas. Actualmente enfrentan cargos por adulteración de sustancias medicinales en concurso real con peligro para la salud pública, con una expectativa de entre 10 y 25 años de prisión.
La magnitud de la tragedia
Hasta ahora, los procesamientos se basaban en alrededor de 20 muertes concretas, pero estos nuevos análisis realizados en plena feria judicial de enero elevó la cifra a 111 fallecidos confirmados luego de descartar algunos de los 124 inicialmente estimados en septiembre de 2025.
Las secuelas y el camino hacia el juicio
Al sumar los casos de los sobrevivientes, la justicia computa 159 casos vinculados al brote provocado por la contaminación. Los peritos establecieron que las bacterias multirresistentes incrementaron drásticamente el riesgo letal y ahora se busca determinar daños irreversibles en los sobrevivientes: desde incapacidades laborales permanentes, enfermedades crónicas, deformidades, pérdida de funciones vitales hasta secuelas psicológicas graves.
Los involucrados y las próximas acciones legales
Además de Ariel García Furfaro, están imputados su hermano Diego García Furfaro (también detenido), Javier Martín Tchukrán (director de Manufactura), José Antonio Maiorano (director técnico), Nilda Furfaro (madre, con prisión domiciliaria) y otros ocho procesados sin prisión preventiva. Todos ellos volverán a ser indagados por la Justicia una vez que los nuevos informes periciales estén disponibles, mientras que sus defensores apelaron os procesamientos ante la Cámara Federal de La Plata.
Las críticas y demandas de justicia
Por su parte, los familiares de las víctimas calificaron lo ocurrido como “una masacre” y no un simple error industrial. Plantean la existencia de fallas graves en los controles de calidad, procesos de fabricación inconsistentes y deficiencias en la supervisión estatal. Los abogados apuntan no solo a los empresarios y responsables farmacéuticos, sino también a las autoridades del Ministerio de Salud (de la gestión actual y las anteriores) y a los agentes de ANMAT, encargados de controlar y supervisar las buenas prácticas de fabricación de fármacos.
El camino hacia el juicio oral
De acuerdo con fuentes judiciales, la causa podría elevarse a juicio oral a mediados de 2026.
En resumen, el brote de fentanilo contaminado en Argentina ha dejado un saldo trágico de 111 personas fallecidas y 48 sobrevivientes con secuelas graves. La justicia avanza en determinar las responsabilidades de los implicados y las posibles penas a enfrentar, mientras que las familias de las víctimas exigen justicia y señalan las deficiencias en los controles de calidad y supervisión estatal que permitieron esta tragedia.
