El pedido de extradición de Nicolás Maduro
El fiscal Carlos Stornelli solicitó la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina para ser detenido e indagado por violación de derechos humanos, luego de una denuncia presentada en 2023 por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD) y respaldada por la Cámara Federal porteña en septiembre de 2024.
Antecedentes del caso
El FADD había logrado impedir la visita de Maduro a la Argentina en 2023 durante la CELAC, presentando una solicitud de extradición respaldada por el legislador Waldo Wolff y el representante legal Tomás Farinni Dugan.
En ese momento, se iniciaron acciones legales contra Maduro y otros miembros del régimen por graves delitos de lesa humanidad, tal como lo establece el derecho internacional de los derechos humanos.
La solicitud de extradición
Carlos Stornelli requirió al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 2 la extradición de Maduro desde Estados Unidos hacia Argentina, donde enfrentaría una orden de detención e indagatoria por violaciones a los derechos humanos.
En 2023, Wolff presentó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py solicitando la extradición de Maduro por violación de derechos humanos, lo que condujo a la reciente decisión de la Cámara Federal porteña de ordenar su detención inmediata.
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Responsabilidad por violaciones a los derechos humanos
La Cámara Federal encontró a Maduro y a Diosdado Cabello responsables de organizar un plan sistemático de detención, secuestro y tortura de ciudadanos en Venezuela, lo que motivó la solicitud de una alerta roja de Interpol para su captura internacional.
Testimonios y pruebas
Wolff explicó que la denuncia se basó en testimonios de venezolanos perseguidos y torturados en el Helicoide, un centro de detención en Venezuela. El pedido de extradición amplió la solicitud presentada en 2023, que había sido respaldada por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
Conclusiones
El pedido de extradición de Nicolás Maduro a la Argentina por violaciones a los derechos humanos refleja el compromiso de la justicia internacional en la lucha contra la impunidad. La solicitud se basa en evidencia sólida y en el reconocimiento de graves delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela, lo que subraya la importancia de garantizar la rendición de cuentas de quienes violan los derechos fundamentales de las personas.
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