un juez peruano evaluará este miércoles si deja en libertad a Pedro Castillo, acusado de rebelión y concierto para delinquir, o si da lugar a un pedido de la Fiscalía para mantenerlo en prisión prisión preventiva por 18 mesesen medio de las protestas por su destitución que han dejado seis muertos.
Juez César San Martín decidió la noche de este martes «declarar infundado el recurso interpuesto por la defensa del imputado», que pedía su libertad antes de los siete días de su detención preliminar, ocurrida el pasado miércoles.
El magistrado señaló en el fallo que existía riesgo de fuga, ya que Castillo, de 53 años, intentó llegar a la embajada de México para pedir asilo tras ser sobreseído por el Congreso.
El líder de izquierda permanece detenido en la sede policial de la División Nacional de Operaciones Especiales al oriente de Lima.
La Fiscalía General de la Nación abrió formalmente una causa contra el derrocado presidente y presentó un pedido de prisión preventiva contra Castillo la noche del martes, informó la agencia de noticias AFP citando a una fuente del Ministerio Público.
nunca me rendiré
En su audiencia en la corte, Castillo hizo su primera declaración pública desde su despido hace una semana: “Nunca dimitiré y abandonaré esta causa popular que me ha traído hasta aquí”.
“Desde aquí quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas ya la Policía Nacional a que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, dijo Castillo.
“Nunca he cometido un delito de concierto para delinquir o rebelión”, dijo dirigiéndose al juez San Martín, el mismo magistrado que condenó al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en 2009.
Castillo fue detenido por la Policía el pasado miércoles, tras su intento de disolución del Parlamento y posterior destitución por parte del Congreso, que tiene un índice de desaprobación del 86%, según las últimas encuestas.
La vicepresidenta Dina Boluarte asumió de inmediato el mando, tal como lo establece la Constitución.
Sin embargo, la destitución desató una ola de protestas de los simpatizantes de Castillo, especialmente activos en el sur del país, exigiendo elecciones anticipadas y su liberación.
Este martes, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció la aplicación del estado de excepción en las sureñas regiones de Arequipa e Ica, que permite la intervención del Ejército ante manifestaciones, actos vandálicos y bloqueos de rutas.
De hecho, las fuerzas armadas ya patrullan las calles de varias ciudades en estado de emergencia junto con la policía.
En Lima, en horas de la noche, decenas de manifestantes que querían llegar al Congreso enfrentaron a pedradas a la Policía, que respondió con gases lacrimógenos.
También hay numerosos bloqueos de carreteras en 13 de las 24 regiones del país, dijo la policía.
Las regiones más agitadas están al sur, donde está el Cusco turístico, Arequipa, la segunda ciudad del país, Puno y Apurímac, cuna de Boluarte.
Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron este martes un «paro indefinido» por las elecciones generales, lo que provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.
Boluarte busca negociar con el Congreso adelantar las elecciones generales de abril 2026 a abril 2024aunque los seguidores de Castillo las piden de inmediato.
apoyo latinoamericano
Distintos gobiernos latinoamericanos defienden a Castillo. “Pedro Castillo sigue siendo presidente” de Perú, dijo este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su rueda de prensa matutina.
Argentina, Bolivia, Colombia y México apoyaron este lunes a Castillo y pidieron respetar «la voluntad popular expresada con libre sufragio».
La Cancillería peruana respondió que Castillo fue destituido con respecto a la Constitución porque perpetró un «golpe de Estado», y pidió a los países que ayuden a Perú a «proteger las instituciones democráticas y el Estado de derecho».
La procuradora general de la nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Castillo ante el Congreso en octubre por presunta corrupción.
Fue una denuncia sin precedentes contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de cinco expresidentes procesados por corrupción desde 2001.
Esta denuncia llevó a Castillo a solicitar la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), invocando la Carta Democrática Interamericana.
Según Castillo, la Fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le atribuyeron delitos que no cometió y pretendieron dar un golpe de Estado en su contra.
Boluarte saca el Ejército a las calles
El gobierno de Perú dijo que desplegará soldados para proteger sitios estratégicos y ha declarado estado de emergencia en dos regiones del sur sacudidas por protestas por la destitución de Pedro Castillo.
“La red vial nacional va a ser declarada en emergencia, para garantizar la libre circulación de todos los peruanos”, dijo el ministro de Defensa, Alberto Otárola, al salir de una reunión del Consejo de Estado en Lima.
El ministro agregó que “se ha dispuesto la protección inmediata de las Fuerzas Armadas de puntos estratégicos nacionales, infraestructura que sirve para asegurar la vida de todos los peruanos”.
Otárola también informó sobre la decisión del Ejecutivo de la nueva presidenta Dina Boluarte de declarar estado de emergencia en las regiones de Arequipa e Ica con el fin de «restaurar el orden público».
“Los departamentos de Arequipa e Ica se suman a la emergencia decretada en Andahuaylas”, provincia del departamento de Apurímac, esta semana, dijo.
Esto permitirá que “las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional tomen el control del orden interno”, añadió en declaraciones a los medios, informó la agencia de noticias Europa Press.
El ministro dijo que la situación del país es «grave y preocupante», aunque destacó que, con esa preocupación, tienen la «responsabilidad constitucional de preservar la vida y la integridad de todos los peruanos».
Con información de Telam y otras fuentes de noticias.