Una decisión previsible conforme a la ley, no un golpe de Estado – Noticias económicas, financieras y empresariales

Era previsible que la Corte Suprema de Justicia diera lugar al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires. El derecho y la política no siempre van de la mano, pero afortunadamente esta vez la Corte ha hecho prevalecer al primero.

La sentencia del máximo tribunal tiene algunos aspectos que es importante destacar. Primero, ha puesto a la Ciudad al nivel de una provincia en cuanto a su estatus institucional, aunque ya lo había adelantado al aceptar intervenir directa y exclusivamente en la acción iniciada por Horacio Rodríguez Larreta, según corresponda cuando una provincia sea parte en un juicio.

Una vez equiparado con las provincias, La Corte se dedicó a profundizar la autonomía de las unidades federativas en cuanto al poder que tienen para decidir en materia de educación y salud. En este sentido, ha sido importante el voto de Lorenzetti y Rosatti, quienes consideraron que si bien ambos poderes son concurrentes entre la Nación y las autoridades locales, las decisiones de estas últimas deben prevalecer, ya que las provincias preceden al gobierno nacional y tienen poderes originales que tienen. debe prevalecer sobre las facultades de aquél, lo que corresponde a interpretar restrictivamente en caso de conflicto.

La Corte ha entendido que no le corresponde evaluar el contenido de las decisiones sanitarias adoptadas por las autoridades, sean éstas nacionales o locales., constituyéndose producto de decisiones políticas que no son evaluables judicialmente. Sin embargo, los jueces han considerado que es su responsabilidad intervenir para salvaguardar la vigencia de la Constitución en la distribución de competencias entre el Gobierno y las unidades federativas. Pues bien, al hacerlo han advertido que, con la emisión del Decreto 241/21, Alberto Fernández violó dicha coordinación de poderes constitucionales.

As, la Corte consideró inconstitucional dicho decreto, pero dado que su vigencia finalizó el 30 de abril, no lo declaró formalmente contrario a la Ley Suprema. Fue una sentencia cuyo objetivo era establecer parámetros y criterios a seguir por las autoridades, aunque ya se encuentra vigente el nuevo decreto, el cual aún no ha sido procesado.

La Corte ha establecido su posición sobre cuáles son las competencias que, en materia educativa y sanitaria, se distribuyen entre las autoridades nacionales. Evidentemente, esto no impide que se cometan en el futuro inconstitucionalidades similares a la del decreto cuestionado por Rodríguez Larreta, pero al menos ya existe el precedente que se aplicará en eventuales disputas legales que puedan surgir.

Así funciona el estado de derecho en una República, a pesar del escandaloso mensaje escrito en Twitter por la vicepresidenta, en el que tuvo la osadía de comparar una sentencia adversa al Gobierno con un golpe de Estado. Cristina Fernández cree que cuando un funcionario es elegido por el pueblo, puede pisotear la ley fundamental sin que ningún juez pueda corregirlo. Bueno, incluso si mantiene lo contrario, la legitimidad democrática de origen nunca está por encima de los postulados constitucionales, cuya salvaguarda está siempre, en última instancia, en las manos de la Corte Suprema, que es el que tiene la última palabra en materia de interpretación constitucional.