El cierre de la planta de Fate y la compra de terrenos por parte de Aluar
Javier Madanes Quintanilla, principal accionista de Fate y Aluar, dos importantes empresas argentinas, ha estado en el centro de la polémica recientemente debido al cierre de la planta de neumáticos de Fate en San Fernando y la compra de parte del predio por parte de Aluar, la única planta de aluminio del país.
La operación de compra de terrenos por parte de Aluar
Aluar Aluminio Argentino adquirió una fracción aproximada de 12,7 hectáreas del inmueble de Fate en San Fernando, por un precio total de US$ 27 millones. Esta operación, que se cerró el viernes 13, fue informada recién este miércoles a través de una comunicación a la Comisión de Valores. El terreno se encuentra en la calle Blanco Encalada 3003 y está vinculado a instalaciones que Aluar utilizaba como locataria de Fate.
El cierre de la planta de Fate y las consecuencias para los empleados
Mientras los 920 empleados de Fate se encontraban con el anuncio del cierre de la empresa, Aluar comunicaba la compra de parte del predio donde se ubica la fábrica. La compañía de neumáticos informó a sus trabajadores que se pagarán todas las deudas pendientes y las indemnizaciones correspondientes. Aunque no se reveló el monto total del costo del cierre, los US$ 27 millones de la venta se destinarán a cancelar los pasivos que queden una vez que se cierren las operaciones.
La intervención del Comité de Auditoría de Aluar
Para poder concretar la adquisición del terreno, el Comité de Auditoría de Aluar tuvo que analizar las condiciones de la operación y la documentación respaldatoria. Tras este análisis, el Comité concluyó que las condiciones de la propuesta de adquisición formulada por Aluar a favor de Fate eran adecuadas y se ajustaban a las condiciones normales del mercado para operaciones similares celebradas entre partes independientes.
En resumen, la compra de terrenos por parte de Aluar en el predio de Fate en San Fernando ha generado controversia debido al cierre de la planta de neumáticos. Esta operación, que involucra a dos importantes empresas argentinas, ha dejado a casi mil empleados en una situación complicada, aunque se ha garantizado el pago de deudas e indemnizaciones.
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