Son las 6 de la mañana de un lunes húmedo en Caracas. Arranca una de esas semanas llamadas “flexibles” por el régimen de Nicolás Maduro. Los comercios reabren tras siete días cerrados. Volverán a cerrar por otros 7 días el lunes próximo. Héctor, un ingeniero de sistemas de 55 años, llega al Hospital Vargas de la capital venezolana para darse la vacuna contra el coronavirus. Así se lo ha indicado la coordinadora del grupo que formó con sus amigos para conseguir inmunizarse. Antes, cada uno de ellos, le pagó 150 dólares a la mujer.
Pagar es uno de los dos caminos que existen en Venezuela para llegar a ser inmunizado. El otro es gratuito pero requiere de entrega política: consiste en tener el Carnet de la Patria, que otorga a sus militantes el Sistema Patria.
Se trata de una plataforma digital oficialista en la que algunos venezolanos se inscriben para cobrar salarios, recibir ayudas económicas y, ahora, la vacuna contra el Covid-19.
Los inscriptos reciben un mensaje de texto con un turno: hora y lugar para vacunarse. Mayormente con Sputnik V. Simple.
Hay una tercera vía, más caótica y azarosa: la de la improvisación, el desorden, las colas infinitas y la desesperación. En esa alternativa se zambullen los desamparados: los que no militan para el oficialismo y tampoco tienen dinero para acudir al mercado negro. Consiste en esperar, mientras crece el riesgo de enfermar, para conseguir una dosis donde sea y como sea.
Centro de vacunación instalado en el estacionamiento del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada en Caracas. Foto: AP
La discriminación política entre quienes son militantes y no lo son, sumada a una escasez de dosis notable, derivó en un tráfico ilícito de vacunas y creó un mercado ilegal que, según acuerdan médicos y expertos, podría tener graves consecuencias para la salud de los venezolanos. En ese circuito informal, nadie sabe ni el modo en que se consiguen ni cómo se mantienen las dosis, mientras esperan para ser aplicadas. Tampoco se sabe demasiado sobre la legitimidad de aquello que se inocula. Es pagar y creer.
A Héctor, el ingeniero, cuyo nombre se preserva por razones de seguridad, no le importó madrugar y acudir al hospital situado en la deprimida parroquia de San José, cerca de Miraflores y de la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el corazón del poder en Venezuela, donde todos los funcionarios ya están vacunados desde marzo.
Héctor se siente afortunado porque ha conseguido pagar de sus ahorros por las dos dosis mucho menos que otros que debieron desembolsar entre 200 y 300 dólares. Dice que muchas personas cercanas, de su círculo de amistades en Caracas, no han podido pagar menos.
Tres horas después de llegar, una enfermera lo recibe en una sala pulcra e iluminada. Le muestra los dos frasquitos azul y rojo de los viales de la vacuna rusa Sputnik V. Primera dosis. Después del pinchazo, le emite su certificado legal con el sello de la OMS.
Ahora Héctor, además de estar fervoroso, está vacunado. Dice que esperar tres horas en el Vargas para ponerse la primera dosis no le pareció mucho tiempo. En otros centros sanitarios como el Magallanes de Catia, el promedio de espera, para los que pagan, es de entre 5 y 6 horas.
Venezuelans demand vaccines. Photo: EFE
Héctor, el ingeniero, gana 400 dólares mensuales. Un sueldo bastante alto comparado con lo que gana la mayoría de los venezolanos: 3 dólares como salario mínimo en un país cuya canasta alimentaria cuesta unos 350 dólares y donde la inflación es de 5.500%, según estimaciones del FMI.
Sistema de pagos
Llegar a la vacuna a través del mercado negro es un viaje que arranca en WhatsApp. Primero, el oferente llega por algún conocido. Hay un precio de base. Luego, grupos de chats privados de amigos, vecinos de condominios y gremios de profesionales recogen el dinero en efectivo.
Uno de ellos negocia, en la medida de lo posible, para bajar ese precio. A mayor cantidad de dosis compradas, más chances de obtener el descuento. El oferente nunca aparece. Es una voz de audio en el teléfono. Cuando está todo acordado, entonces, habrá una indicación de lugar. También el nombre de una persona que coordina el día y el suministro de las vacunas. Si está la plata, funciona.
Lo ideal es que no haya más de uno o dos intermediarios. Si ese número crece, también se encarece la colocación de la vacuna y el tiempo de espera en la fila. Los militantes chavistas, más vinculados al régimen, la venden inicialmente en 50 dólares. Pero los revendedores inflan el precio. Por ellos el costo promedio es de 300 dólares por persona aquí en Caracas.
Ese fue el precio que pagó Maritza P., de 47 años, en el hospital de Magallanes de Catia, un bastión chavista al oeste de la Capital. Maritza se lo cuenta a Clarín. Un camino similar al de Héctor. Pero sin suerte con las rebajas.
Clarín recorre el hospital donde se inmunizó la mujer. Se ven cuatro filas extensas: una para los que portan el Carnet de la Patria, otra para empleados del Consejo Comunal y las dos restantes para los que han pagado mediante tráfico de influencias para tener acceso a las vacunas. Nadie se esconde. La desigualdad sanitaria se acepta como si fuera algo natural.
Antes de vacunarse, Maritza iba de cola en cola preguntando dónde la podían atender, desorientada y con miedo a haber sido estafada. Al cabo de seis horas de espera, logró ser vacunada. Le tocó el fármaco chino Sinopharm. Primera dosis.
El centro de vacunación del Hotel Alba Caracas en Caracas, Venezuela. Foto: Bloomberg
“Ahora me siento tranquila y puedo viajar. Me costaron 300 dólares las dos dosis, bastante menos que un viaje a Miami desde Caracas”, cuenta aliviada a Clarín.
La denuncia está hecha. Pero pareciera pasar de largo. La prensa oficialista la ignora con su habitual propaganda. Las autoridades del partido Primero Justicia denunciaron hasta el cansancio la existencia de “un mercado negro de vacunas por la falta de transparencia del régimen y de un plan serio de vacunación”.
Días atrás, el líder opositor Juan Guaidó, quien asegura que aún no se ha vacunado (“preferiría que lo hicieran primero los adultos mayores”, dice), envió un mensaje de conciencia a los venezolanos.
«No alimentemos el mercado negro de vacunas, eso le quita la vacuna a un médico, a un abuelo, a un paciente crónico que necesita seguramente mucho más ese fármaco que cualquiera de nosotros”, expresó. Pero pareciera que en medio del caos, la idea del sálvese quien pueda se impone en cada centímetro cuadrado de este país.
Pero todo puede ser peor a medida que uno se aleja de la capital. Diputados opositores como Karin Vega afirman que, en el Zulia, al otro extremo occidental del país, se pagan hasta 800 dólares las dos dosis.
¿Cuántas vacunas llegaron?
Un trabajador sanitario prepara una dosis de la vacuna Sinopharm para el COVID-19 en Caracas. Foto: AP
Hasta mediados de junio, Venezuela había recibido 3,23 millones de vacunas, entre las rusas de Sputnik V de y las chinas VeroCell, de los laboratorios Sinopharm, según las cifras del régimen de Maduro.
Esto ha permitido vacunar a unas 440.000 personas que es el 0,5% de la población, “siendo el país el que menos ha vacunado en toda América Latina”, explica a Clarín el presidente del gremio médico, Douglas León Natera.
El médico está inquieto. Advierte a este diario sobre los riegos de vacunarse sin certificación. Dice que no le cree a Maduro cuando afirma que el 90% del personal sanitario fue vacunado.
“Esto es otra mentira más. La inmunización es clientelar y menor del 1% de los 30 millones de venezolanos. Y el régimen aplica la discriminación política. Están haciendo negocios con las vacunas rusas y chinas”, dispara.
Carnet de la Patria
Un cartel advierte que solo se vacunan a personas con Carnet de la Patria, en Caracas.
Clarín también visitó el Hotel Alba, antiguo Caracas Hilton, donde el gobierno había lanzado a fines de mayo la segunda fase de la vacunación con los fármacos Sputnik y Sinovac para portadores del Carnet de la Patria registrados en el ampuloso Sistema Patria.
Era lunes y el lugar se convirtió desde el amanecer en la sede de un evento masivo de personas mayores de 60 años, menores de 60 años, personal sanitario y colados. Largas filas se formaron desde las 4 de la mañana, en la disputa por una dosis.
Las colas bordeaban cuatro veces las dos manzanas del Hotel Alba, que estaban controladas por los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Los agentes pedían el carnet y hacían las listas de nombres y apellidos.
«Exigir el carnet de la patria para la vacunación es un atentado al derecho a la vida, es un acto cruel y miserable«, dice a Clarín el ex alcalde de Barquisimeto y diputado por la Causa R, Alfredo Ramos.
Una protesta para exigir el suministro de vacunas a Venezuela. Foto: DPA
La Iglesia se hizo eco de la misma denuncia. Monseñor Mario Moronta, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y obispo de la diócesis de San Cristóbal, capital del Táchira, manifestó que en algunas regiones del país solo se está vacunando contra el coronavirus a los militantes del partido de gobierno.
Según Moronta, “en varias regiones se iba a vacunar a médicos y personal de salud, pero eso no se ha cumplido: se está vacunando solamente a los que tienen una afiliación política en el grupo del oficialismo y también a personas que quizás no lo requieren con tanta urgencia”.
“Si el Gobierno tiene un plan para acelerar las vacunaciones, nosotros no lo conocemos: se dedica a hacer anuncios y publicidades, pero no conocemos ningún plan en concreto”, criticó.
El centro de vacunación del liceo Miguel Antonio Caro en Catia, Venezuela. Foto AFP
Prueba de ello es el caso de Virginia Urdaneta, actriz y arquitecta de 67 años, quien nunca recibió el mensaje de texto del Sistema Patria para ir a vacunarse al Hotel Alba. Pero igual fue. Soportó nueve horas de cola y se fue a su casa vacunada.
“Llegué a las 6 y salí a las 4, con la vacuna rusa. Nueve horas en la cola fue el precio que pagué, fue horrible, pero la única forma”, relató en las redes.
Otra venezolana sin carnet tuvo menos suerte. «Se burlan de nosotros, nos sentimos desamparados», dijo entre lágrimas al denunciar la discriminación en un video que subió a Twitter, uno de los pocos lugares que le quedan a los venezolanos para protestar.
Colas en el Hotel Alba de Caracas. Foto: El Nacional
Unas 40 organizaciones médicas, profesionales y académicas de Venezuela ya denunciaron ante la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que el gobierno venezolano usa las vacunas anticovid como método de extorsión política y división social.
Maduro no ha dado las cifras de cuántas personas han sido vacunadas con el Carnet de la Patria. Y los números reales de la pandemia permanecen entre sombras.
Según las cifras oficiales, hasta el 24 de junio se registraron 264.551 contagios y 3.007 muertos. Eso “debería ser multiplicado por 3 o 5 veces”, dice el médico…
Fuente: Clarin.com