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Reforma laboral: la estrategia de Javier Milei que abrió el camino a la aprobación del proyecto
El Senado debate este miércoles el proyecto de reforma laboral que envió el presidente Javier Milei y en el oficialismo confían en tener asegurados más de 40 votos para aprobarlo en general y girarlo a Diputados, tras hacer numerosas concesiones a bloques dialoguistas y gobernadores para evitar cambios no deseados y sorpresas.
La sesión convocada a partir de las 11:00 tiene asegurado el quórum de 37 presentes, número que representa el piso para aprobar la iniciativa de «modernización laboral», que modifica diversos aspectos relacionados con salarios, indemnizaciones, vacaciones y horas de la jornada.
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Entre el bloque de La Libertad Avanza que encabeza Patricia Bullrich, el PRO y la UCR alcanzan 34 votos, pero en el Gobierno hay optimismo respecto de llegar a 41 voluntades si se suman -como esperan- los bloques provinciales que responden a gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalaqcua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén), entre otros.
La cuenta es para la votación en general del proyecto. La particular será otra historia. Allí se definirá la suerte cada cada título, capítulo y artículo contenido en el texto y el oficialismo necesitará reunir también una mayoría de 37 votos o más que, hasta hace pocas horas, no tenía asegurada.
Qué senadores se perfilan como votos a favor de la reforma laboral en el Senado
Con Bullrich a la cabeza, los 21 integrantes de LLA -incluido el cordobés Luis Juez, que armó un interbloque con el oficialismo- sumarán el apoyo de los tres senadores del PRO (el misionero Enrique Goerling Lara, la chubutense Andrea Cristina y la pampeana María Victoria Huala) y los 10 de la UCR.
Si bien en la bancada radical que preside Eduardo Vischi (Corrientes) había dudas sobre tres de sus miembros (el bonaerense Maximiliano Abad, el pampeano Daniel Kroneberger y el catamarqueño Flavio Fama), el oficialismo aceptó algunos de los cambios propuestos por ese bloque y esperaba que todos acompañaran, de mínima, la votación en general.
La bancada oficialista también tendrá el apoyo del correntino Carlos «Camau» Espínola, del bloque Provincias Unidas; de la tucumana Beatriz Ávila, por el bloque Independencia que responde al gobernador Osvaldo Jaldo y de la chubutense Edith Terenzi, cercana a Ignacio Torres.
En la misma cuenta ponen a Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, alineados con el mandamás de Misiones, Carlos Rovira, y a la neuquina Julieta Corroza, del gobernador Rolando Figueroa. Casi todos ellos han acompañado al oficialismo en otras oportunidades. También confían en haber acercado a la salteña Flavia Royón, que responde Gustavo Sáenz.
Con ellos -y siempre que estén los 10 de la UCR – el gobierno de Milei alcanza una mayoría sólida de 41 votos. La incógnita pasa por los santacruceños Natalia Gadano y José Caramabia, siempre esquivos, y la cordobesa Alejandra Vigo, esposa de Juan Schiaretti, que hassta la noche del martes no habían adelantado su posición. Si ellos votaran a favor entonces llegarían a los 44 que mencionó Bullrich.
El peronismo, entre el rechazo y la división: quiénes votarán en contra del proyecto
Las cuentas del oficilismo no incluyeron, en principio, a los cinco senadores de Convicción Federal, un bloque que todavía forma parte de la bancada peronista/kirchnerista aunque está cada vez más distanciado de la conducción kirchnerista.
Entre sus integrantes hay algunos que ya apoyaron a LLA en otras oportunidades por orden de sus gobernadores, como Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Sin embargo, ni ellos ni Carolina Moisés (Jujuy); Fernando Salino (San Luis) y Jesús Rejal (La Rioja) anticiparon qué harán. No sería extraño que se dividan y engrosen los números del oficialismo.
Se sabe que el rechazo al proyecto de reforma laboral está concentrado en el bloque Justicialista que preside el formoseño José Mayans, columna vertebral de la bancada peronista. Se trata de 21 votos que se verán en rojo en el tablero del recinto tanto en la votación en general como en la particular.
Las senadoras Anabel Fernández Sagasti y Juliana di Tullio, espadas de la expresidenta Cristina Kirchner, conducen el espacio junto a Mayans y encabezarán el rechazo en el que también se anotan otras figuras clave del kirchnerismo como Eduardo «Wado» de Pedro (BuenosAires), Mariano Recalde (CABA), Jorge Capitanich (Chaco) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
A ellos se les sumarían, según se prevé, los dos senadores del Frente Cívico que tiene al exgobernador Gerardo Zamora a la cabeza junto a Esther del Carmen Moreno. Así, el rechazo al proyecto de reforma laboral parte de 23 votos como piso, mucho más lejos de la mayoría que el oficialismo y aliados.
La CGT se moviliza el Congreso y recalienta el clima de la sesión
De hecho, La Cámpora que integran senadores como Fernández Sagasti, De Pedro y Recalde, convocó a todos sus militantes a sumarse a la movilización de la CGT y las CTA al Congreso este miércoles. «Desde que asumió este Gobierno se destruyeron 270.000 puestos de trabajo. No es una reforma para generar trabajo: es una reforma para despedir», señaló la secretaria general de la agrupación y diputada nacional, Lucía Cámpora.
En tanto, la CGT se movlizará en pleno para rechazar el proyecto de «modernización laboral» a pesar de que durante los últimos días hubo un canal de diálogo subterráneo con el gobierno de Milei que se vio reflejado en otro de los cambios centrales que aceptó el oficialismo sobre el dictamen original: el mantenimiento del «aporte solidario» que se les retienen a los trabajadores aunque no estén afiliados.
Se trata de una fuente de financiamiento clave para los sindicatos. La idea original de la reforma laboral era convertirlo en voluntario, pero para facilitar los acuerdos en el Senado -y acaso para tratar de dividir al peronismo en la votación- el Gobierno aceptó que siga siendo compulsivo por dos años más desde la entrada en vigencia de la ley, aunque con un tope del 2%. Una vez vencido el plazo, pasará a ser voluntario.
Como espejo de ese concesión, el oficialismo aceptó dar marcha atrás también con la eliminación de los aportes obligatorios a las cámaras empresarias, un punto que estaba en el dictamen original y había sido cuestionado principalmente por CAME (pymes) y la CAC (comercio). Al igual que en el caso de los sindicatos, el aporte será obligatorio por dos años y con un tope de 0,5%.
Los cambios que aceptó el Gobierno sobre el proyecto de reforma laboral
Otra modificación clave que aceptó el oficialismo es sobre el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para el pago de indemnizaciones por despido. A pedido de la UCR, se decidió diferenciar los aportes de empresas grandes, que serán del 1%, y los de las pymes y mini pymes, que será del 2,5%.
En el esquema original que planteaba el proyecto, el aporte mensual que podrá hacer el empleador con la parte del sueldo que hasta ahora debía girar a la ANSES era del 3% para todos los casos. Varios senadores cuesionaron que de esta forma el sistema previsional iba a «subsidiar» a las empresas grandes igual que a las pequeñas, cuando son éstas últimas las que más sufren el pago de indemnizaciones. Finalmente se impuso la diferenciación.
También se decidió dejar en el texto la «contribución a cargo del empleador equivalente al 6% de la remuneración de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia», que antes pretendían bajar al 5%, aunque con la aclaración de que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) auditará el destino de las contribuciones.
Por otra parte, se eliminó del proyecto la habilitación para que el sueldo pueda depositarse en billeteras virtuales, un tema muy resistido por los bancos, y se dejó en pausa la derogación de los estatutos profesionales y regímenes especiales -como el Estatuto del Periodista- por un período de 180 días para que se adecúen. Pasado ese plazo caerían.
Resumen de las principales ideas
Con estas modificaciones al proyecto original, el gobierno de Javier Milei confía en haberse asegurado una mayoría sólida para superar los 40 votos y avanzar con la reforma laboral en el Senado, para luego dar el debate final en la Cámara de Diputados. El oficialismo apunta a dejar la ley sancionada antes del 1 de marzo, cuando arrancan las sesiones ordinarias.
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