Acusaciones de la fiscalía
En la acusación de la fiscalía se leyeron las coimas atribuidas a Cristóbal López y a su socio, Fabián de Sousa. “Los elementos probatorios reunidos en las actuaciones alcanzaron la escala necesaria como para sostener, en este instante procesal, que el imputado, en representación de CPC S.A. realizó seis pagos, junto a Osvaldo Manuel De Sousa y Carlos Fabián De Sousa, a funcionarios públicos del entonces gobierno nacional, con el objeto de acordar beneficios concretos para su empresa”, dice la acusación.
Operaciones financieras
Las erogaciones fueron realizadas los meses de septiembre del año 2011 y agosto de 2012, lapso en los cuales entregó un total de catorce millones de pesos ($14.000.000) a referentes de la organización criminal que funcionó y operó entre 2003 y 2015. En ese período Cristóbal López y De Sousa eran inquilinos de Los Sauces SA, la inmobiliaria de Cristina Kirchner.
Beneficiarios finales
La fiscalía dijo: “Tanto Cristóbal Manuel López como Carlos Fabián de Sousa resultaron ser los dueños del Grupo Indalo, de manera tal que fueron los beneficiaros finales de las ventajas y mejoras de las situaciones otorgadas a CPC”.
Relación con autoridades políticas
CPC SA se quedó con obras a pedido directo de Cristina Kirchner, según contaron los imputados colaboradores como Ernesto Clarens.
Comunicaciones y vínculos
Así lo sostiene el requerimiento de elevación a juicio: “Es decir que los pagos realizados, y las tareas desempeñadas a partir de ese entonces por las autoridades políticas, fue lo que les permitió a ambos obtener mejoras considerables y particulares, en términos económicos. De allí que se haya podido afirmar que el imputado también tenía poder de decisión tanto con relación a la compañía, de manera tal que también lo tenía si se hacía un pago en representación y/o en nombre de la misma”.
Testimonios y pruebas
Además, no sólo Clarens declaró que CPC tenía “línea directa” con los agentes del entonces Estado Nacional. También lo hizo uno de los miembros más importantes de la agrupación, José Francisco López, quien recordó que “…CPC pudo haber pagado algunas veces…”. A su vez, su vínculo con los integrantes de la asociación ilícita, se vio reflejado a través de las comunicaciones constantes que mantuvo con ellos. De hecho no sólo lo hacía con quien resultó ser un relevante organizador, Julio Miguel De Vido, por cuanto también registró diversas llamadas con quien fue el último eslabón en el sistema de recaudación: Héctor Daniel Muñoz.
Procesos administrativos y obras públicas
Para finalizar, se leyó, “corresponde destacar que todas las erogaciones fueron efectuadas en función de los procesos administrativos que se encontraban en curso en aquél entonces, mediante los cuales se le adjudicaron diversas obras públicas al grupo económico representado por el aquí imputado” Cristóbal López.
En resumen, las acusaciones de la fiscalía apuntan a la realización de pagos ilegales por parte de Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa a funcionarios públicos con el fin de obtener beneficios para su empresa. Estas operaciones financieras se llevaron a cabo en un lapso específico y se vinculan directamente con el Grupo Indalo. La relación con autoridades políticas y la influencia en la adjudicación de obras públicas también han sido destacadas en el proceso judicial.