:quality(75):max_bytes(102400)/assets.iprofesional.com/assets/jpg/2023/07/557535_landscape.jpg?ssl=1 "Avanza proyecto para liberalizar compra de tierras por extranjeros en Argentina")
En una propuesta que ya levanta polvareda, el Gobierno va por la expansión del negocio inmobiliario, energético y minero en el interior de la Argentina y busca modificar por completo el régimen de comercialización de tierras a nivel nacional.
Propuesta de libertad de compra de terrenos rurales a extranjeros
En ese sentido, el Consejo de Mayo, un órgano multisectorial orientado a realizar propuestas legislativas y administrativas en línea con el Pacto de Mayo firmado por 17 gobernadores y el jefe de gobierno porteño, presentó un informe donde anticipa que propondrá la libertad de compra de terrenos rurales a extranjeros y una modificación a la Ley de manejo del fuego que, también orientada a impulsar el real estate, permitirá cambiar el destino productivo de cualquier campo después de un incendio. El marco actual fija una prohibición de veto por un lapso de 30 a 60 años para evitar siniestros ligados a la especulación inmobiliaria.
El documento emitido por el Consejo de Mayo argumenta que «desde el año 2011, la inversión internacional en este sector (de la tierra) ha sido obstaculizada a través de la Ley N.º 26.737. Esta ley prohíbe que los extranjeros posean más de mil hectáreas productivas en el país, lo que desalienta la inversión en el sector».
El Gobierno busca inversiones a partir de la venta de tierras a extranjeros
«En pos del crecimiento del país, y en línea con nuestra Ley Suprema, se propone la modificación de la Ley N.º 26.737, liberando la compra por parte de privados extranjeros. No obstante, la compra por parte de entes estatales extranjeros seguirá sujeta a autorización previa, preservando así los intereses estratégicos y la seguridad nacional», indicó el grupo.
En torno al Gobierno, se señala que la apertura indiscriminada a los extranjeros podría promover inversiones del orden de los 5.000 millones de dólares.
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En paralelo, el Consejo de Mayo enfatizó que «también hubo intromisión sobre la propiedad privada del sector agropecuario con las reformas del año 2020 a la Ley N.º 26.815».
El régimen de tierras que busca modificarse
La propuesta del Consejo de Mayo busca acabar con el límite de 15 por ciento que, en términos de posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel municipal, provincial y nacional, fija el marco vigente.
Otro aspecto relevante que establece la normativa: «En ningún caso las personas físicas o jurídicas, de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30%) del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales».
Por último, la norma impide a los extranjeros controlar más de 1.000 hectáreas en puntos como la Zona Núcleo, el corazón del agronegocio en la Argentina. De ocurrir el cambio de régimen, también esa área podrá volverse propiedad de inversionistas o capital trasnacionales.
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, algo más del 5 por ciento del territorio argentino se encuentra hoy controlado por extranjeros —aquí sí se estaría cumpliendo la normativa, aunque con las salvedades mencionadas—, pero los guarismos varían de acuerdo a las provincias.
En ese sentido, los porcentajes más elevados corresponden a Salta –11,3 por ciento—, Misiones –11,2 por ciento—, San Juan –10,3 por ciento—, Catamarca –8,2 por ciento— y Santa Cruz –8,1 por ciento—.
En resumen, la propuesta del Gobierno argentino de modificar el régimen de comercialización de tierras a nivel nacional incluye la libertad de compra de terrenos rurales por parte de extranjeros, con la intención de fomentar inversiones y el desarrollo económico. Esta iniciativa también contempla cambios en la Ley de manejo del fuego para permitir la modificación del destino productivo de los campos después de un incendio. Sin embargo, estas propuestas han generado controversia y debate en la sociedad, especialmente en lo que respecta a la protección de la propiedad privada y los intereses estratégicos del país.
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