En medio de una creciente indignación ciudadana, el Banco Nación ha tomado la decisión de eliminar una normativa que permitía a funcionarios públicos y cargos electos acceder a créditos hipotecarios con condiciones extraordinarias. Esta medida, formalizada a través de una circular, ha generado un cambio significativo en la política crediticia de la entidad financiera, que busca calmar las aguas después de la revelación de múltiples casos de beneficios otorgados a políticos de alto rango.
La controversia se desató cuando se hizo público que cerca de 40 políticos y altos funcionarios, muchos de ellos vinculados al Ministerio de Economía, habían obtenido créditos que superaban los 250.000 dólares, con tasas preferenciales y condiciones muy favorables. Esta situación contrastaba fuertemente con la realidad de la mayoría de los ciudadanos, donde ocho de cada diez solicitudes de crédito hipotecario son rechazadas, y donde obtener montos tan elevados resulta prácticamente imposible.
La raíz del problema se remonta a una modificación realizada en 2024, durante la gestión de Daniel Tillard y Darío Wasserman, que amplió los beneficiarios de los créditos hipotecarios para incluir a cargos políticos designados por resolución o electos. Esta medida, que pasó desapercibida en su momento, permitió que funcionarios del Ejecutivo y legisladores accedieran a préstamos millonarios, desatando la controversia actual.
Ante la presión de la opinión pública y la difusión de la información en redes sociales, el presidente Javier Milei salió en defensa de sus colaboradores, argumentando que no habían cometido ninguna ilegalidad. Sin embargo, la eliminación de la normativa que facilitaba estos beneficios fue una decisión inevitable, y Darío Wasserman, actual presidente del banco, fue el encargado de firmar la derogación del apartado que permitía a los cargos políticos acceder a créditos privilegiados.
Esta nueva situación plantea interrogantes sobre la capacidad de los funcionarios beneficiados para afrontar las cuotas de los créditos otorgados, que pueden llegar a cifras astronómicas. Además, la salida de Tillard de la entidad, motivada no solo por esta controversia sino también por el nombramiento de su hijo como broker en el banco, evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas para restaurar la confianza en la institución.
En resumen, la eliminación de la norma que permitía a los cargos políticos acceder a créditos hipotecarios con condiciones excepcionales marca un cambio importante en la política crediticia del Banco Nación. Aunque esta medida busca calmar las aguas en medio de la polémica, la incertidumbre sobre los ingresos de los funcionarios y las repercusiones políticas de esta situación seguirán siendo temas de debate en el futuro cercano.
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