Avances en la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista
El Gobierno implementa cambios en el funcionamiento del MEM con el objetivo de avanzar hacia la desregulación y recuperar el esquema de los años 90.
Resolución 400/2025 y el rol del Estado
La Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, busca restablecer la competencia y permitir que el Estado recupere su rol de regulador sin intervenir en la operatoria del mercado.
Reglas para la Normalización del MEM
Las “Reglas para la Normalización del MEM y su Adaptación Progresiva” entrarán en vigor a partir del 1° de noviembre y establecen un marco normativo para los contratos de energía y potencia que incentiva los contratos bilaterales.
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Mercado a Término de Energía y Potencia
Se crea un nuevo mercado que permite la libre contratación entre generadores, distribuidores y grandes usuarios, promoviendo la competencia, la instalación de nueva capacidad de generación y facilitando la planificación de inversiones a largo plazo.
Descentralización del manejo de combustibles
La medida también incluye la descentralización del manejo de combustibles, con CAMMESA dejando de concentrar su compra, aunque mantendrá sus funciones de despacho y administración del mercado, así como su rol de proveedor de última instancia.
Principio de marginalismo y respeto a contratos vigentes
La normalización del MEM busca revertir la distorsión de las señales económicas generada por la fijación administrativa de precios y subsidios indiscriminados, restableciendo el principio de marginalismo como base del sistema. Además, se reafirma el respeto a los contratos vigentes del Plan Gas hasta su finalización en 2028.
Conclusiones
Los cambios implementados en el Mercado Eléctrico Mayorista buscan promover la competencia, incentivar la inversión en nuevas capacidades de generación y facilitar la planificación a largo plazo en el sector energético. La desregulación gradual del mercado y la descentralización en el manejo de combustibles son pasos hacia un sistema más eficiente y competitivo, donde el Estado cumple un rol de regulador sin intervenir en la operatoria, favoreciendo la transparencia y el desarrollo sostenible del sector eléctrico.
