Entre Ríos frena 270 despidos en Granja Tres Arroyos

Crisis operativa en Granja Tres Arroyos: despidos masivos y conciliación obligatoria

La crisis operativa que atraviesa Granja Tres Arroyos, considerada la principal avícola de la Argentina, sigue sumando capítulos y el futuro comercial de la compañía se mantiene en el plano de la incertidumbre. A muy poco de haber establecido una ola de despidos masivos, la firma recibió del gobierno de Entre Ríos la orden de retrotraer la medida a partir de la entrada en vigencia de una conciliación obligatoria. Sin embargo, la reincorporación de los 270 cesanteados continúa sin hacerse efectiva. Hasta el momento, Granja Tres Arroyos no acató la resolución oficial y mantiene fuera de funcionamiento su planta de La China, ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay.

La lucha por la reincorporación de los trabajadores

De acuerdo a fuentes locales, la decisión administrativa fue emitida por el Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos mediante la Resolución Nº 363/2026 STySS. La medida estableció un período de conciliación por 15 días hábiles e intimó a la firma a dar marcha atrás con los telegramas enviados a partir del 7 de agosto. La orden incluso exigía el ingreso inmediato de los operarios a la planta en cuestión desde las primeras horas de esa misma jornada.

Pero nada de eso ocurrió y en la primera jornada posterior a la medida, la inactividad en el predio fue total. Los operarios se presentaron en la planta para retomar sus tareas, pero no pudieron acceder a la planta ni lograron tomar contacto con ejecutivos de la avícola.

«Fuimos a la planta para cumplir con lo dictado pero no pudimos ingresar, como sucede desde mayo. Además, no pudimos hablar con ninguna autoridad. Sólo había personal policial que nos aconsejó dejar el petitorio. En sí, la conciliación obligatoria es hasta el momento una formalidad nomás», declaró al respecto Eduardo Ramírez, operario afectado por la situación, a medios entrerrianos.

La postura de Granja Tres Arroyos y las razones detrás de los despidos

Ante la falta de novedades en la reactivación de la planta, la Secretaría de Trabajo fijó una audiencia de conciliación entre las partes para el jueves 20 de agosto a las 12 del mediodía, en la sede de Paraná.

Al margen de lo dispuesto por el gobierno provincial, los trabajadores definirán en asamblea el esquema de reclamos y no descartan realizar cortes de ruta para visibilizar el conflicto.

Siempre de acuerdo a voces locales, el argumento de Granja Tres Arroyos para concretar los despidos se centraría en una «grave disminución de trabajo no imputable a este empleador», derivada de «circunstancias extraordinarias».

En los telegramas, la compañía justificó la medida por los brotes de gripe aviar y el consecuente cierre de mercados externos. Ese combo generó sobreoferta interna, derrumbe de precios y aumento de costos de explotación, lo que derivó en un «profundo deterioro de la situación económica y financiera de la empresa».

Respuesta gremial y asistencia estatal ante el impacto social

Desde la conducción sindical se subrayó que entre los despedidos habría delegados gremiales. Y se remarcó que el personal arrastra un atraso de más de cinco quincenas sin cobrar.

Con las instalaciones de Concepción del Uruguay paralizadas desde el 26 de mayo, el Gobierno de Entre Ríos desplegó un paquete de medidas para amortiguar el impacto en las familias de los 900 operarios.

El esquema incluyó la entrega de 1.900 módulos alimentarios y la tramitación de 825 solicitudes para otorgar subsidios de 200.000 pesos.

En paralelo, la provincia aplicó la tarifa social de energía eléctrica para 525 trabajadores por dos bimestres, gestionó la prórroga de deudas con Enersa y activó un protocolo en el local Hospital Urquiza para asegurar medicamentos a afiliados del STIA con enfermedades crónicas, golpeados por la desfinanciación de la obra social ante el impago de aportes patronales.

Resumen

La situación en Granja Tres Arroyos continúa siendo compleja, con despidos masivos, una conciliación obligatoria no acatada y un conflicto laboral en desarrollo. Los trabajadores luchan por su reincorporación mientras la empresa argumenta una crisis operativa derivada de factores externos. El Gobierno de Entre Ríos ha implementado medidas de asistencia para paliar el impacto social de la paralización de la planta. La audiencia del 20 de agosto en Paraná será clave para intentar resolver este conflicto de intereses.