IGJ elimina medidas burocráticas: agilidad en trámites empresariales

La modernización del entramado corporativo argentino

En un nuevo paso hacia la desregulación económica y la modernización del entramado corporativo argentino, la Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó una reforma que promete cambiar la forma en que las empresas interactúan con el Estado. A través de la Resolución General 3/2026, el organismo eliminó requisitos burocráticos, flexibilizó procedimientos y digitalizó trámites que durante años fueron señalados por empresarios, estudios jurídicos y contadores como trabas innecesarias para hacer negocios en la Argentina.

El diagnóstico de la IGJ: exceso de regulación y costos innecesarios

La resolución parte de una crítica estructural al esquema regulatorio previo. Hasta ahora, la IGJ se regía por la Resolución General 15/2024, un cuerpo normativo de 424 artículos, incluso más extenso que la propia Ley General de Sociedades, que cuenta con 369 artículos. Para el organismo, esa desproporción era el reflejo de décadas de acumulación normativa sin revisión crítica.

Reuniones virtuales sin trabas: uno de los cambios más relevantes

Uno de los puntos más celebrados por el sector privado es la habilitación de reuniones a distancia por defecto. Hasta ahora, las asambleas o reuniones de directorio virtuales requerían previsiones estatutarias específicas o enfrentaban obstáculos burocráticos que demoraban decisiones empresariales.

Fin de la certificación notarial obligatoria

Otro cambio fuerte impacta sobre las designaciones de administradores y directores. La reforma elimina la certificación notarial como regla general para aceptar cargos societarios.

Domicilio electrónico y digitalización de comunicaciones

La resolución también incorpora la posibilidad de constituir domicilio electrónico para administradores societarios, conforme al Código Civil y Comercial.

Renuncias bloqueadas: la IGJ crea una salida

Uno de los problemas más sensibles dentro de las sociedades comerciales era el de directores o administradores que quedaban «atrapados» en sus cargos porque el órgano societario se negaba a tratar sus renuncias. Eso los mantenía expuestos a potenciales responsabilidades civiles o penales aun cuando ya no ejercían funciones efectivas.

Garantías más flexibles y menos carga administrativa

La RG 3/2026 también flexibiliza el régimen de garantías que deben constituir los administradores societarios. El nuevo esquema consagra la «libertad de formas», permitiendo depósitos, seguros de caución, avales y otros mecanismos equivalentes.

Más herramientas para defenderse de la burocracia

La reforma también incorpora mecanismos específicos para que los ciudadanos y empresas puedan reaccionar frente a demoras u observaciones arbitrarias dentro del organismo.

El respaldo político y económico a la reforma

Las medidas fueron bien recibidas por distintos sectores económicos y profesionales. Uno de los funcionarios que celebró públicamente la resolución fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que las modificaciones introducen «sentido común» en la gestión societaria.

La IGJ, además, dejó abierta la consulta pública iniciada mediante la RG 2/2026, anticipando que el proceso de simplificación normativa continuará en los próximos meses.

Con esta reforma, la administración nacional busca enviar una señal clara al mercado: avanzar hacia un esquema regulatorio más liviano, digital y orientado a facilitar la actividad privada, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a mostrar desburocratización y eficiencia estatal como parte central de su programa económico.