Nuevas normas para operadores de criptomonedas: controles y condiciones del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

Nuevas Normas para Operadores de Criptomonedas en Argentina

En marzo se creó el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Una novedad en la Argentina porque las empresas que operaban con criptoactivos no contaban con obligación de estar registradas frente a la CNV.

De esta forma, mediante la Ley 27.739 y la posterior Resolución General 994/2024, las empresas proveedoras de servicios relativos a activos virtuales comenzaron a ser reguladas por la CNV y a tener mayores controles.

Cuando hablamos de PSAV nos estamos refiriendo a cualquier persona humana o jurídica que, como negocio, realiza al menos una de las siguientes actividades para o en nombre de otra persona o empresa:

• Intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal.
• Intercambio entre una o más formas de activos virtuales.

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• Transferencia de activos virtuales.
• Custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre los mismos.
• Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual.

Nuevas exigencias a operadores de criptomonedas

Hace poco más de un mes se publicó una nueva resolución general de la CNV (RG 1058/2025), que incorporó requisitos y cuestiones adicionales vinculadas a este registro de PSAV. Dispuso nuevos controles y condiciones que deben cumplir los PSAV para mantener su inscripción en el registro y desarrollar su actividad en el país.

Entre otros puntos, se definió un patrimonio neto mínimo que deben tener durante toda su vigencia, el cual, dependiendo el servicio que presten, puede oscilar entre los 35.000 dólares y 150.000 dólares.

Se establecieron regímenes de información con los que deben cumplir los PSAV de forma anual y mensual. Se deberá detallar la cantidad de clientes, volumen mensual transaccionado, detalles sobre los activos virtuales más transaccionados y otros datos de interés.

También se dispuso la exigencia de ciertos estándares sistémicos y de manuales de procedimiento; y llevar un registro de determinados datos de cada operación y efectuar una clara separación de las operaciones, dinero y activos virtuales propios del PSAV del de sus clientes.

Todos estos cambios, y otros más que surgen de esta nueva norma, conllevan tiempo de desarrollo y puesta en marcha por parte de los PSAV. De esta forma, se estableció que, si bien muchos de los requisitos comenzarán a ser exigibles a partir del 31 de diciembre, las personas humanas que sean PSAV deben presentar cierta información y documentación antes del 30 de junio, y las empresas PSAV, antes del 31 de julio. En caso no lo hagan, se les cancelará la inscripción en el registro y no podrán operar en Argentina.

Para el caso de las empresas extranjeras que están inscriptas en el registro, tienen la obligación de crear un vehículo local radicado en la Argentina e inscribirlo en el registro. Ya no será posible contar con una empresa extranjera operando en la Argentina sin tener representación en el país. Para este último cambio, el plazo otorgado terminará el 31 de agosto.

Es un cambio muy importante para los PSAV y las empresas que operan con ellos, porque dota de mayor transparencia al sistema e incorpora controles más exhaustivos en una industria que así lo venía exigiendo. Si bien se esperan nuevas normas, ya se puede vislumbrar un ecosistema más robusto y con mayores exigencias.

(*) Socio de Tax & Legal en SMS Buenos Aires, firma miembro de SMS Latinoamérica.

Conclusión

Las nuevas normas impuestas por la CNV a los operadores de criptomonedas en Argentina buscan incrementar la transparencia y los controles en un sector que ha crecido significativamente en los últimos años. Con requisitos más estrictos en cuanto a patrimonio neto, regímenes de información y estándares sistémicos, se espera que estas medidas mejoren la seguridad y confianza en las transacciones con activos virtuales en el país.