Retiran pruebas diariamente en mansión de Toviggino y «Chiqui» Tapia

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En medio de la polémica y las idas y vueltas para definir quién investigará la denuncia contra los supuestos testaferros dueños de una lujosa mansión en Pilar, adjudicada a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, dirigentes de AFA, los denunciantes del caso han solicitado al juez Daniel Rafecas el inmediato allanamiento de la propiedad.

“Se están retirando pruebas todos los días”, expresaron Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, miembros de la Coalición Cívica, quienes firmaron la denuncia junto a Elisa Carrió, la cual ha sido objeto de controversia en el ámbito judicial.

Mientras se dilucidan las competencias judiciales, circulan en redes sociales imágenes de camiones entrando y saliendo de la mansión en Villa Rosa, cargando autos de lujo y containers. En el lugar, según detalla la denuncia, se encuentran autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples.

Yofe y Del Gaiso expresan su preocupación ante la posibilidad de un “vaciamiento” de la quinta de 105 mil metros cuadrados y urgen a la Justicia a actuar rápidamente ante el riesgo de que los bienes detallados sean trasladados, ocultados o disipados, obstruyendo así la investigación judicial.

En un nuevo escrito dirigido a Rafecas, los denunciantes alertan sobre la demora en la definición de competencias y la falta de imposición de medidas preventivas para preservar los bienes muebles identificados en la propiedad en cuestión.

En ese sentido, solicitan dos medidas específicas para evitar retrasos en la investigación:

• Se ordene de manera inmediata el allanamiento de la finca ubicada en Misiones 4097, Villa Rosa, Partido de Pilar, a fin de constatar la existencia y estado de los bienes suntuosos, procediendo al secuestro preventivo o registro fotográfico de los mismos.
• De manera alternativa o complementaria, se disponga una consigna policial permanente en todas las entradas y salidas del inmueble, con el fin de controlar el movimiento de bienes y evitar sustracciones mientras se realizan las pericias correspondientes.

  “Ambas medidas son fundamentales para preservar la prueba y evitar alteraciones o desapariciones, dada la posibilidad de que los bienes estén relacionados con un presunto lavado de activos. La gravedad de los hechos denunciados amerita una respuesta diligente por parte de la Justicia”, expresan los denunciantes.

  Tras una semana de incertidumbre y falta de acción judicial, la mansión en cuestión ha permanecido en una suerte de “zona liberada”, según reportes de vecinos y medios de comunicación. Movimientos sospechosos, vinculaciones empresariales cuestionables y controversias legales han rodeado el caso, sin que hasta el momento se haya designado un juez para llevar adelante la investigación.

  En resumen, la denuncia contra los supuestos testaferros dueños de la mansión en Pilar ha generado una serie de reclamos de parte de los denunciantes, quienes exigen medidas urgentes para preservar la propiedad y evitar la desaparición de pruebas relevantes en el caso. La falta de definición sobre quién llevará adelante la investigación ha generado preocupación y críticas, mientras se espera una pronta resolución para esclarecer los hechos denunciados.