El Gobierno y la «remonetización» de la economía
El Gobierno impulsa un ambicioso plan para «remonetizar» la economía con el uso de los «dólares del colchón», pero expertos advierten que eventuales modificaciones legales antes del período de prescripción de 5 años, ante un cambio de signo político del Gobierno, dejarán desprotegidos a los contribuyentes ante la Ley Penal Tributaria.
El presidente Javier Milei ha respaldado esta iniciativa con declaraciones que buscan generar confianza, insistiendo en que «no son delincuentes» aquellos que conservan ahorros en divisas no declaradas fuera del sistema financiero formal.
Por su parte, el ministro Luis Caputo asegura que no habrá persecuciones ni fiscalizaciones por el uso de estos dólares, e incluso se especula con un monto de u$s150.000 que se podrá utilizar sin consecuencias por no haber sido declarados.
¿La viabilidad jurídica del camino propuesto?
Desde un punto de vista normativo, la respuesta es clara: no, afirma el experto Gilberto Santamaría, explicando que la única forma legal de habilitar el uso de dinero no declarado sin consecuencias fiscales o penales es a través de una ley de blanqueo aprobada por el Congreso de la Nación.
Ninguna resolución administrativa o decreto del Poder Ejecutivo puede sortear los límites impuestos por la Ley de Procedimiento Fiscal ni por el Régimen Penal Tributario, añade Santamaría.
El riesgo de un blanqueo sin respaldo legal
El riesgo jurídico de usar dólares no declarados es alto, advierte Santamaría, señalando que aunque hoy se permita el uso de estos fondos, en el futuro ARCA podría investigar su origen y aplicar ajustes por evasión simple o agravada.
Un simple cálculo ilustra este riesgo, mostrando cómo una compra hecha con dólares no declarados podría derivar en una causa penal por evasión agravada.
Responsabilidad penal de los funcionarios
La responsabilidad de los funcionarios que impulsan este esquema informal es un tema crucial, según Santamaría. Se destaca que los funcionarios públicos tienen el deber de velar por el cumplimiento de la legislación vigente y podrían incurrir en delitos si promueven el uso de fondos de origen ilícito.
La apología del delito y el encubrimiento agravado son posibles consecuencias si se llegara a promover públicamente el uso de dinero proveniente de actividades criminales, concluye el experto.
Resumen de las implicaciones legales
El Gobierno impulsa un plan para «remonetizar» la economía con dólares no declarados, pero sin una ley de blanqueo respaldada por el Congreso, los riesgos legales son significativos. A pesar de las intenciones declarativas, el uso de estos fondos sin una base legal sólida podría exponer a los contribuyentes a consecuencias fiscales y penales en el futuro.
