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Efecto retroactivo
La sorpresa ocurrió en marzo, cuando el salario estatal tuvo un empuje de 5% en el promedio nacional -se compone por un 5,8% de mejora para la administración central y de 4,7% para los empleados de gobiernos provinciales-.
Lo cierto es que, con esa mejora, los estatales recuperaron posiciones frente a los empleados privados -aunque ambos siguen de lejos a la inflación-.
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¿Cómo se explica el hecho de que tras un extenso período en el que registraba mejoras de apenas 1% mensual, haya dado ese salto hasta el 5% de marzo? La respuesta está en la aplicación de mejoras retroactivas, que recién se cobraron en marzo, como consecuencia de las negociaciones con los gremios.
Si bien el inicio de año es una típica fecha de revisión salarial, lo cierto es que en los últimos años no se había producido tal variación en un único mes. El 5% fue el producto de la entrada en vigencia de nuevos convenios, que incluyeron además cláusulas de pagos que formalmente se imputaron a enero y febrero pero recién se hicieron efectivos en marzo.
El decreto de fines de marzo homologó el acuerdo por el cual se aplicó una escala de mejoras nominales descendentes, arrancando con un 2,5% en enero hasta un 1,5% en mayo para los dependientes del gobierno nacional. Hubo también refuerzos con sumas fijas.
Qué pasa con los privados
Claro que cuando se amplía el foco para mirar la evolución salarial en un lapso más grande, las cuentas siguen dando en rojo, tanto para los públicos como para los privados.
Un informe del economista Nadin Argañaraz mide la evolución durante la gestión Milei, tomando como base el nivel salarial de noviembre 2023, último sueldo pagado por el gobierno peronista. Desde entonces, en términos reales, los privados registrados vieron caer su poder adquisitivo un 4,8% mientras que el sector público sufrió un desplome de 17% -los de la administración central llevaron la peor parte con una baja de 35,8%, mientras los provinciales perdieron un 9,2%-.
En cuanto a las perspectivas para el resto del año tras el punto de inflexión de marzo, Argañaraz prevé que el 2026 reflejará, de punta a punta, una pérdida de 3,9% para los privados, una caída de 5,2% para los estatales de administración central y un 1,8% para los provinciales.
Otras estimaciones ven un mejor panorama para los asalariados privados, sobre todo los que se desempeñan en las empresas más grandes. Un sondeo de la consultora PwC marca que los planes presupuestados prevén un virtual empate entre salarios e inflación, en torno de 25%.
Caputo y la homologación selectiva
La actitud del gobierno mantiene esa dualidad que le ha sido reprochada desde los sindicatos: a pesar del discurso oficial que equipara a la inflación exclusivamente con la expansión monetaria, se mantiene una férrea supervisión de las paritarias, de manera de evitar «desbordes».
Esa política de Toto Caputo se repitió en la mayoría de los acuerdos de los grandes gremios, donde sólo se homologó convenios con promedios de mejora nominal mensual del 2%, a pesar de la escapada inflacionaria verificada en el arranque del año.
El convenio más masivo, el del sector del comercio, que alcanza a más de un millón de trabajadores, prevé un incremento de 5% para el trimestre abril-junio, cuando la proyección que hicieron los economistas que participan en la encuesta REM es que la inflación de ese trimestre supere el 7,5%.
Esa retracción se ve con más fuerza en los sectores afectados por el desempleo, como el de textil e indumentaria, el rubro paradigmático de la pelea entre aperturistas comerciales y defensores de la industria protegida. Según un informe de la fundación ProTejer, apenas se está utilizando un 39% de la capacidad fabril instalada, y donde se perdieron más de 20.000 puesto -una caída interanual de 18%.
La situación se reflejó en un acuerdo salarial firmado en enero, en el que los sindicatos, para compensar la pérdida inflacionaria se resignaron a un acuerdo de pago de sumas no remunerativas -es decir, no se integran al salario formal, lo cual aliviana el costo de los aportes patronales-.
En contraste, los sectores que muestran pujanza son la excepción que muestra salarios relativamente altos. La industria petrolera -cuyo aporte es mencionado por Toto Caputo para justificar por qué no habrá devaluación- es el caso emblemático. Tras un conato de conflicto sindical, se firmó una paritaria que compensa la pérdida inflacionaria con un 8,6% en abril, y que lleva el sueldo mínimo de los petroleros a casi $4 millones.
En medio del debate sobre la carrera entre los salarios y los precios, el sector público ha experimentado un cambio significativo en su situación salarial, rompiendo una racha de seis meses de pérdida frente a la inflación. Sin embargo, a pesar de esta mejora puntual, tanto los empleados públicos como los privados siguen enfrentando desafíos en términos de poder adquisitivo, con proyecciones que indican pérdidas continuas para ambos sectores en el transcurso del año.
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