El control de carteles de estacionamiento para discapacitados en la Ciudad de Buenos Aires
Un cartel de estacionamiento reservado para personas con discapacidad debería garantizar accesibilidad. Sin embargo, existen muchos casos en los que se convirtieron en una forma de apropiarse de un espacio público de manera irregular. La Ciudad decidió endurecer los controles después de detectar permisos falsificados, credenciales vencidas, reservas con datos adulterados e incluso carteles cuyos titulares habían fallecido.
A partir de un nuevo protocolo, quienes falsifiquen o alteren estos permisos podrán recibir multas de hasta $ 200.000, afrontar los costos del operativo para retirar la señalización y reparar el espacio público, sufrir la suspensión preventiva de la licencia de conducir y enfrentar una denuncia penal cuando existan indicios de falsificación.
La medida forma parte del plan de ordenamiento del espacio público impulsado por el Gobierno porteño. Según datos oficiales, durante 2026 ya fueron removidos alrededor de 450 carteles irregulares. Del total, el 67% correspondía a reservas que habían dejado de utilizarse, el 17% estaba asociado a beneficiarios fallecidos y el 16% restante presentaba adulteraciones o directamente era apócrifo.
Caballito encabeza el listado de barrios con mayor cantidad de retiros, seguido por Palermo, Villa Urquiza, Flores y Belgrano. Todos son barrios en los que estacionar es cada vez más complicado, y los problemas crecen si hay espacios ocupados de forma irregular.
«Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo. Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal», dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al anunciar la medida.
Controles más rápidos
El nuevo protocolo unifica la forma de actuar de las áreas que intervienen en estos operativos. Antes de retirar un cartel, los inspectores deberán verificar si la autorización sigue vigente, si fue renovada o si existe algún trámite en curso. Confirmada la irregularidad, la señalización será removida de inmediato.
Cada procedimiento deberá quedar documentado mediante fotografías y un acta, mientras que el cartel retirado será resguardado como prueba. Cuando aparezcan indicios de falsificación o adulteración, la Secretaría de Tránsito le informó a Clarín que estos casos serán derivados al Ministerio Público Fiscal para que evalúe el inicio de una investigación penal.
Además, la Ciudad enviará a la Legislatura un proyecto para incorporar esta conducta al Código Contravencional.
Antes de iniciar acciones penales, los responsables tendrán la posibilidad de presentar un descargo. También habrá un plazo de 20 días para que quienes mantengan reservas vencidas o con datos desactualizados regularicen su situación a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) o mediante el correo oficial habilitado.
Un problema que se ve en las calles
En Caballito, donde más carteles irregulares fueron retirados este año, varios comerciantes y vecinos aseguran que las reservas de estacionamiento son más que usuales en el barrio.
«Esta zona es un quilombo y hay muchos de esos estacionamientos. Lo que no sé bien es si están siendo respetados», le dice a Clarín Martín Camacho, empleado de una veterinaria por la calle Federico García Lorca, en donde hay tres de estos espacios en forma consecutiva.
A pocas cuadras, Bárbara Dasso, comerciante de una mercería, coincide: «Hay muchos de esos estacionamientos por este barrio. Casi en todas las cuadras ves por lo menos uno».
Villa Urquiza también está en la lista de los barrios con más estacionamientos para discapacitados que presentan algún tipo de irregularidad. Alejandro Maimone, que trabaja en un local de Roosevelt al 5325, recuerda un caso puntual. «Este estacionamiento lo pusieron hace unos seis meses. Sé que el señor tiene una discapacidad para caminar, pero en la cuadra anterior había uno que era más grande de lo permitido y lo tuvieron que achicar. Vi varios en los que hicieron lo mismo. En esta zona es imposible estacionar», le dice a este diario.
Armando Letelier, de Caballito, recuerda el caso de un vecino que hizo poner un cartel y comenzó a estacionar en el Pasaje Bertres. «Cuando le pregunté si él o alguno de los hijos había tenido un problema, me contestó que no. Y me dijo que el padre tenía un certificado de discapacidad y, aunque vivía en Provincia, tenía ese domicilio en el DNI. Y entonces aprovechó y se reservó el lugar. Insólito», relató.
El objetivo del operativo, explican desde la Ciudad, no es reducir la cantidad de espacios reservados, sino garantizar que estén correctamente otorgados y disponibles para quienes realmente los necesitan.
«Yo siempre fui muy partidario de optimizar la cantidad de estos estacionamientos, pero siempre tenerlos. Me parece importante que se controle que estén en regla los existentes«, opina el arquitecto Nelson Wuest desde Araoz al 2200, en Palermo.
Las reservas para personas con discapacidad forman parte de una política de accesibilidad destinada a facilitar la movilidad de quienes cuentan con ese derecho. Para obtener el espacio es necesario contar con el Certificado de Discapacidad (CUD), además de licencia de conducir o cédula azul y una constancia que acredite el vínculo con el vehículo, o el de algún familiar que viva en el domicilio. Además, se pide libre deuda de patentes o certificado de exención y una foto panorámica del lugar solicitado.
Cuando esos lugares son ocupados mediante permisos falsos o adulterados, dejan de cumplir esa función y se transforman en una ventaja indebida para unos pocos. Con el nuevo esquema de controles, la Ciudad busca recuperar esos espacios y desalentar una práctica que durante años pasó inadvertida.
En conclusión, la Ciudad de Buenos Aires ha implementado un riguroso control de los carteles de estacionamiento para personas con discapacidad con el objetivo de garantizar que estos espacios estén correctamente otorgados y disponibles para quienes realmente los necesitan. Los controles más estrictos y la imposición de multas y sanciones buscan desalentar la falsificación y el uso indebido de estos permisos, asegurando la accesibilidad y la equidad en el uso del espacio público.
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