Legislador pone en duda beneficios fiscales: ¿costo oculto?

En el análisis realizado por el diputado nacional Guillermo Michel sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina, se revela una proyección alarmante para la recaudación fiscal del país a mediano plazo. Según sus declaraciones, por cada u$s100.000 millones de capitales que se acojan a este régimen, el Estado resignará una recaudación equivalente a 1 punto porcentual del Producto Bruto Interno (PBI). Este panorama enciende las alarmas sobre la sustentabilidad de las finanzas públicas en el futuro cercano.

Hasta el momento, se han registrado 36 iniciativas corporativas que suman un total de 94.965 millones de dólares en inversiones. De estas, 13 ya han sido aprobadas, lo que representa desembolsos por u$s27.210 millones y la promesa de generar 36.873 puestos de trabajo directos. Sin embargo, las estimaciones técnicas muestran que estos beneficios fiscales tendrán un costo significativo para el Estado.

En el primer bloque de inversiones autorizadas, se estima un gasto tributario de u$s1.837 millones por año, lo que implicaría una reducción de 0,27 puntos porcentuales del PBI. Esta cifra se deriva principalmente de la eliminación de derechos de exportación, la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 25%, la exención de aranceles de importación de bienes de capital e insumos, entre otros beneficios.

Michel advierte que si bien estas inversiones pueden aumentar la capacidad exportadora del país en sectores como la minería e hidrocarburos, también implican el riesgo de institucionalizar un agujero fiscal en la estructura tributaria argentina durante las próximas tres décadas. El costo para el fisco se verá agravado con la implementación del Súper RIGI, que demanda inversiones mínimas de u$s1.000 millones y ofrece beneficios aún más amplios para las empresas.

Bajo el Súper RIGI, el gasto tributario proyectado por cada u$s100.000 millones de inversión se elevará a 1,27 puntos porcentuales del PBI. Este régimen especial reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, establece topes a las cargas sociales y otorga beneficios sectoriales como la reducción de contribuciones patronales. Todo esto contribuirá a una mayor pérdida de recaudación para el Estado y podría comprometer la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

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En resumen, las proyecciones realizadas por Guillermo Michel sobre el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Argentina plantean un escenario preocupante para las finanzas públicas del país. Si bien las inversiones pueden impulsar sectores clave de la economía, los costos fiscales asociados a estos beneficios podrían generar desafíos significativos en términos de recaudación y sostenibilidad fiscal en el futuro. Es fundamental evaluar con cautela los beneficios y costos a largo plazo de estas políticas para garantizar un equilibrio adecuado en las cuentas públicas.