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El primer problema: dos definiciones distintas para una misma «discrepancia significativa»
Uno de los cambios centrales del proyecto redefine cuándo ARCA podrá cuestionar una declaración jurada simplificada.
En los fundamentos oficiales se explica que no existirá «discrepancia significativa» cuando la diferencia detectada sea inferior al 5% del monto previsto por la Ley Penal Tributaria, aun cuando supere el 15% de lo declarado. La intención es evitar que diferencias económicas reducidas activen fiscalizaciones complejas.
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Sin embargo, el texto normativo no mantiene la misma lógica en todos sus artículos.
Mientras el artículo 1°, que modifica la Ley 11.683, enumera únicamente tres supuestos de discrepancia significativa, el artículo 3°, que modifica la Ley 27.799, incorpora recién allí el piso mínimo del 5%. Los tres supuestos del artículo 1° son:
- 15% de diferencia respecto de lo declarado
- Superar el monto establecido por la Ley Penal Tributaria
- Utilización de facturas apócrifas
Desde el punto de vista legislativo, esta diferencia genera una situación particular: dos normas podrían terminar regulando el mismo concepto con alcances diferentes.
Para tributaristas consultados, esa superposición probablemente requiera una aclaración parlamentaria antes de la sanción definitiva.
La carga probatoria sobre ARCA
Otro de los aspectos novedosos del proyecto consiste en reforzar las garantías del contribuyente.
El artículo 4 dispone que la carga de demostrar la existencia de una discrepancia significativa recaerá exclusivamente sobre ARCA y limita los elementos que podrá utilizar para fundamentar esa decisión.
El mensaje presidencial presenta este cambio como un fortalecimiento de la seguridad jurídica y una limitación a las presunciones utilizadas históricamente por la administración tributaria.
No obstante, la redacción incorpora una frase que genera debate técnico.
El proyecto establece que «cualquier otra consideración» distinta de la información declarada por el contribuyente, la disponible en los sistemas de ARCA o la aportada por terceros «no tendrá valor probatorio alguno».
Especialistas advierten que esa formulación podría dar lugar a discusiones respecto del alcance de determinadas pruebas obtenidas mediante cooperación internacional, información financiera o nuevos mecanismos de intercambio de datos que no queden claramente comprendidos dentro de esas categorías.
El régimen simplificado se abre a todos los contribuyentes
Uno de los cambios más relevantes del proyecto consiste en eliminar los actuales límites patrimoniales y de ingresos para acceder al régimen simplificado.
La iniciativa habilita el ingreso de todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes, mientras que los grandes contribuyentes podrán utilizar la modalidad únicamente para presentar la declaración jurada, sin acceder a las presunciones favorables previstas por el régimen.
Al mismo tiempo, el nuevo artículo 40 bis exige que las operaciones se canalicen mediante entidades autorizadas por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores y dispone que esos fondos serán considerados incorporados al patrimonio del contribuyente para Bienes Personales desde la fecha de la operación.
La discusión técnica aparece porque el proyecto elimina restricciones patrimoniales sin incorporar requisitos específicos respecto de la trazabilidad histórica del origen de los fondos.
Los fundamentos aclaran que la UIF deberá dictar normas complementarias y que continúan vigentes las obligaciones de prevención del lavado de activos.
No obstante, algunos especialistas consideran que el Congreso podría precisar mejor este punto para evitar interpretaciones divergentes.
Retroactividad y régimen de transición
Otro aspecto que concentra atención es la aplicación temporal del régimen.
El proyecto establece que podrá utilizarse para los períodos fiscales iniciados desde el 1° de enero de 2025.
También incorpora beneficios relevantes para quienes rectifiquen declaraciones juradas dentro de los 15 días posteriores a una determinación de oficio y prevé reintegros en un plazo máximo de 45 días cuando el contribuyente obtenga una resolución favorable definitiva.
Sin embargo, la iniciativa contiene escasas reglas transitorias para quienes ya presentaron sus declaraciones bajo el régimen vigente durante 2025.
El texto incorpora algunas disposiciones específicas para ese período, pero deja abiertos interrogantes operativos sobre rectificaciones, compensaciones y tratamientos de procedimientos ya iniciados.
El desafío ahora pasa por el Congreso
Más allá del debate político sobre la denominada «Ley de Inocencia Fiscal II», el proyecto abre una discusión estrictamente técnica que seguramente ocupará buena parte del tratamiento parlamentario.
Los objetivos declarados por el Gobierno -simplificar el cumplimiento tributario, ampliar el acceso al régimen simplificado y fortalecer la seguridad jurídica- aparecen claramente desarrollados en los fundamentos del mensaje presidencial.
Sin embargo, la coexistencia de definiciones diferentes sobre un mismo instituto, la delimitación de las facultades probatorias de ARCA, la ausencia de mayores precisiones sobre el régimen transitorio y algunos aspectos vinculados con la implementación práctica constituyen cuestiones que probablemente sean objeto de revisión durante el debate legislativo.
De esa discusión dependerá, en buena medida, que la reforma logre el objetivo de reducir la litigiosidad tributaria o, por el contrario, termine generando nuevos interrogantes interpretativos para contribuyentes, organismos fiscales y tribunales.
En resumen, la Ley de Inocencia Fiscal II propuesta por el Gobierno busca modificar diversos aspectos de la legislación tributaria con el fin de simplificar la administración, ampliar el acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. Sin embargo, la redacción del proyecto presenta diferencias de técnica legislativa que podrían generar conflictos interpretativos y judiciales en su aplicación. Es crucial que el Congreso aborde las cuestiones pendientes para asegurar que la reforma cumpla con sus objetivos y no genere nuevas complicaciones en el sistema tributario.
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