1. Muchos peruanos, por diversas razones, creen que la Constitución de 1993, en particular, se debe modificar el Capítulo Económico. Muchos de los que así lo opinan consideran que la actividad empresarial de la Estado no debe limitarse al rol subsidiario, pero hay sectores «estratégico» que ameritan la presencia del Estado como empresario. Supuestamente, esto permitiría que el Estado se convirtiera en uno de los motores del desarrollo y contribuiría a la transparencia y equidad en el mercado al frenar la «abuso» de empresas privadas.
2. En la otra orilla están los opositores a que el Estado asuma un rol empresarial donde las empresas privadas puedan satisfacer la demanda del mercado. Su visión, además de reflejar un sesgo ideológico que favorece la libertad empresarial y desconfía del Estado, también responde a los paupérrimos resultados que las empresas públicas han dejado a los peruanos a lo largo de los años.
A los desastrosos resultados de los años 70 y 80 – baja cobertura y deficiente calidad de los servicios; inversiones ineficientes, nóminas crecientes y enormes déficits; poca transparencia y corrupción; entre otros– se suma la anodina experiencia de los últimos 20 años, en los que estas empresas parecen haber ido a la deriva y cuyas consecuencias terminamos pagando todos los peruanos.
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3. A pesar de estas diferencias, es importante resaltar que hoy contamos con un grupo de empresas estatales cuya existencia no es consistente con ninguna de estas dos visiones del rol empresarial del Estado. De hecho, no es posible justificar la propiedad estatal de algunas de ellas con el argumento de que son empresas estratégicas, ya que el hecho de que estén en manos del Estado no afecta los precios en el mercado ni la disponibilidad de los servicios que brindan. .
Además, algunas de estas empresas participan en mercados competitivos, donde compiten muchas empresas privadas y, por tanto, tampoco cumplen con el mandato constitucional de subsidiariedad.
4. Ni papel estratégico, ni subsidiariedad. Entonces, ¿Que estamos haciendo? Simplemente no estamos haciendo. La confusión, la inacción estatal y el temor de los políticos y funcionarios públicos a tomar decisiones correctivas por la percepción de que pueden perder mucho aunque esto beneficie a la población, nos mantienen atrapados en un absurdo statu quo.
5. Para poner en perspectiva la magnitud y consecuencias de este problema, remitámonos a la participación del Estado en el sector de generación eléctrica. Centrémonos en el sur del Perú: Egasa, Egemsa y Egesur están ubicadas en Arequipa, Cusco y Moquegua, respectivamente, empresas generadoras con poco más de 400 MW de potencia instalada. Si consideramos que el valor del MW de potencia de una central hidroeléctrica ronda los US$ 2,5-3 millones, el valor de reposición de estas centrales ascendería a US$ 1.000-1.200 millones.
6. ¿Qué beneficios genera la propiedad estatal de estas empresas? Ninguno. El mercado de generación de electricidad es muy competitivo. Si estas plantas, que juntas representan el 3% de la potencia instalada en el país- pasara a manos privadas, el precio de la energía no cambiaría y la oferta de energía tampoco. Incluso es probable que con más capital y una mejor gestión, la oferta aumentaría.
De hecho, en los últimos 20 años, el suministro privado de electricidad casi se ha triplicado, mientras que el de estas tres empresas se ha mantenido estancado. Además, recordemos que las tres empresas estatales en cuestión generan utilidades que revierten al erario público, sin beneficiar directamente a los habitantes de estas tres regiones.
7. ¿Qué hacen los arequipeños, cusqueños y moqueguas invirtiendo tantos recursos en empresas que no los benefician? Con su venta, probablemente obtendrían más de 600 a 800 millones de dólares estadounidenses por ellos. Con este dinero se podrían construir y equipar más de 500 centros de atención primaria de salud, mejorando la calidad de vida de estos peruanos.
Si los gobernantes y líderes de estas regiones realmente se preocupan por sus habitantes, deberían exigir que se vendan estas empresas, que no son estratégicas ni cumplen con el precepto de la subsidiariedad, y que con los recursos obtenidos se construya infraestructura de salud y educación.
8. Claramente, con recursos públicos muy limitados, optar por mantener empresas estatales, en lugar de concentrar sus esfuerzos en cerrar las brechas sociales, es una tontería.
9. Si el ejemplo de estas tres pequeñas empresas te ha ayudado a poner en perspectiva el alto costo de oportunidad que tiene mantener los recursos públicos en las empresas estatales, te recordamos que las 35 empresas públicas agrupadas en FONAFE tienen activos por más de S/ 100,000 millones. y un patrimonio cercano a los S/ 25 000 millones. Es hora de evaluar el exiguo beneficio económico que estamos obteniendo de estas empresas y el enorme costo de oportunidad en el que incurrimos por ello.
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