No debe sorprendernos: el Partido Justicialista tiene un prolífico historial en su enfrentamiento con la justicia. En 1995, el gobernador Néstor Kirchner desplazó a Eduardo Sosa, jefe de la fiscalía de Santa Cruz (tuvo la osadía de investigar al gobierno) a pesar de la orden de la Corte Suprema de Justicia de restituirlo en el cargo. En 2002, al presidente Duhalde no le gustó que la Corte declarara inconstitucional a “el corralito” y tratara de destituir a todos sus integrantes. En la administración Kirchner, a medida que se denunciaban los hechos de corrupción, comenzaron a atacar descaradamente al poder judicial: “ley para la democratización de la justicia”, ataques al juez supremo Carlos Fayt, reformas al consejo de la magistratura, ataque a la Fiscalía General de la Nación Nación Eduardo Casal, un proyecto de ampliación de la Corte Suprema (¡25 miembros!) y, finalmente, este desacato a una orden del máximo tribunal de devolver a la ciudad de Buenos Aires el dinero que le sustrajeron para dárselo a Gobernador Kicillof. Cristina Kirchner, Amado Boudou, Julio de Vido, Milagro Sala, José López, Ricardo Jaime, etc., fueron condenados por apropiación de bienes del Estado, es decir, por corruptos. Es significativo el espectáculo de choferes, secretarias, jardineros, ex empleados bancarios y familiares enriquecidos con inversiones en EE.UU., el Caribe, bancos suizos o cajas de seguridad. No combatieron ninguna dictadura ni realizaron ninguna revolución; tampoco mejoraron la situación de los trabajadores ni de los jubilados y terminaron con cifras récord de pobreza e indigencia. La ciudadanía argentina respeta a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por mucho que el gobierno organice mítines para amenazar a los jueces, deben saber que no tienen miedo y que hay una gran mayoría dispuesta a defender la república.
No debe sorprendernos: el Partido Justicialista tiene un prolífico historial en su enfrentamiento con la justicia. En 1995, el gobernador Néstor Kirchner desplazó a Eduardo Sosa, jefe de la fiscalía de Santa Cruz (tuvo la osadía de investigar al gobierno) a pesar de la orden de la Corte Suprema de Justicia de restituirlo en el cargo. En 2002, al presidente Duhalde no le gustó que la Corte declarara inconstitucional a “el corralito” y tratara de destituir a todos sus integrantes. En la administración Kirchner, a medida que se denunciaban los hechos de corrupción, comenzaron a atacar descaradamente al poder judicial: “ley para la democratización de la justicia”, ataques al juez supremo Carlos Fayt, reformas al consejo de la magistratura, ataque a la Fiscalía General de la Nación Nación Eduardo Casal, un proyecto de ampliación de la Corte Suprema (¡25 miembros!) y, finalmente, este desacato a una orden del máximo tribunal de devolver a la ciudad de Buenos Aires el dinero que le sustrajeron para dárselo a Gobernador Kicillof. Cristina Kirchner, Amado Boudou, Julio de Vido, Milagro Sala, José López, Ricardo Jaime, etc., fueron condenados por apropiación de bienes del Estado, es decir, por corruptos. Es significativo el espectáculo de choferes, secretarias, jardineros, ex empleados bancarios y familiares enriquecidos con inversiones en EE.UU., el Caribe, bancos suizos o cajas de seguridad. No combatieron ninguna dictadura ni realizaron ninguna revolución; tampoco mejoraron la situación de los trabajadores ni de los jubilados y terminaron con cifras récord de pobreza e indigencia. La ciudadanía argentina respeta a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por mucho que el gobierno organice mítines para amenazar a los jueces, deben saber que no tienen miedo y que hay una gran mayoría dispuesta a defender la república.
No debe sorprendernos: el Partido Justicialista tiene un prolífico historial en su enfrentamiento con la justicia. En 1995, el gobernador Néstor Kirchner desplazó a Eduardo Sosa, jefe de la fiscalía de Santa Cruz (tuvo la osadía de investigar al gobierno) a pesar de la orden de la Corte Suprema de Justicia de restituirlo en el cargo. En 2002, al presidente Duhalde no le gustó que la Corte declarara inconstitucional a “el corralito” y tratara de destituir a todos sus integrantes. En la administración Kirchner, a medida que se denunciaban los hechos de corrupción, comenzaron a atacar descaradamente al poder judicial: “ley para la democratización de la justicia”, ataques al juez supremo Carlos Fayt, reformas al consejo de la magistratura, ataque a la Fiscalía General de la Nación Nación Eduardo Casal, un proyecto de ampliación de la Corte Suprema (¡25 miembros!) y, finalmente, este desacato a una orden del máximo tribunal de devolver a la ciudad de Buenos Aires el dinero que le sustrajeron para dárselo a Gobernador Kicillof. Cristina Kirchner, Amado Boudou, Julio de Vido, Milagro Sala, José López, Ricardo Jaime, etc., fueron condenados por apropiación de bienes del Estado, es decir, por corruptos. Es significativo el espectáculo de choferes, secretarias, jardineros, ex empleados bancarios y familiares enriquecidos con inversiones en EE.UU., el Caribe, bancos suizos o cajas de seguridad. No combatieron ninguna dictadura ni realizaron ninguna revolución; tampoco mejoraron la situación de los trabajadores ni de los jubilados y terminaron con cifras récord de pobreza e indigencia. La ciudadanía argentina respeta a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por mucho que el gobierno organice mítines para amenazar a los jueces, deben saber que no tienen miedo y que hay una gran mayoría dispuesta a defender la república.
No debe sorprendernos: el Partido Justicialista tiene un prolífico historial en su enfrentamiento con la justicia. En 1995, el gobernador Néstor Kirchner desplazó a Eduardo Sosa, jefe de la fiscalía de Santa Cruz (tuvo la osadía de investigar al gobierno) a pesar de la orden de la Corte Suprema de Justicia de restituirlo en el cargo. En 2002, al presidente Duhalde no le gustó que la Corte declarara inconstitucional a “el corralito” y tratara de destituir a todos sus integrantes. En la administración Kirchner, a medida que se denunciaban los hechos de corrupción, comenzaron a atacar descaradamente al poder judicial: “ley para la democratización de la justicia”, ataques al juez supremo Carlos Fayt, reformas al consejo de la magistratura, ataque a la Fiscalía General de la Nación Nación Eduardo Casal, un proyecto de ampliación de la Corte Suprema (¡25 miembros!) y, finalmente, este desacato a una orden del máximo tribunal de devolver a la ciudad de Buenos Aires el dinero que le sustrajeron para dárselo a Gobernador Kicillof. Cristina Kirchner, Amado Boudou, Julio de Vido, Milagro Sala, José López, Ricardo Jaime, etc., fueron condenados por apropiación de bienes del Estado, es decir, por corruptos. Es significativo el espectáculo de choferes, secretarias, jardineros, ex empleados bancarios y familiares enriquecidos con inversiones en EE.UU., el Caribe, bancos suizos o cajas de seguridad. No combatieron ninguna dictadura ni realizaron ninguna revolución; tampoco mejoraron la situación de los trabajadores ni de los jubilados y terminaron con cifras récord de pobreza e indigencia. La ciudadanía argentina respeta a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por mucho que el gobierno organice mítines para amenazar a los jueces, deben saber que no tienen miedo y que hay una gran mayoría dispuesta a defender la república.
No debe sorprendernos: el Partido Justicialista tiene un prolífico historial en su enfrentamiento con la justicia. En 1995, el gobernador Néstor Kirchner desplazó a Eduardo Sosa, jefe de la fiscalía de Santa Cruz (tuvo la osadía de investigar al gobierno) a pesar de la orden de la Corte Suprema de Justicia de restituirlo en el cargo. En 2002, al presidente Duhalde no le gustó que la Corte declarara inconstitucional a “el corralito” y tratara de destituir a todos sus integrantes. En la administración Kirchner, a medida que se denunciaban los hechos de corrupción, comenzaron a atacar descaradamente al poder judicial: “ley para la democratización de la justicia”, ataques al juez supremo Carlos Fayt, reformas al consejo de la magistratura, ataque a la Fiscalía General de la Nación Nación Eduardo Casal, un proyecto de ampliación de la Corte Suprema (¡25 miembros!) y, finalmente, este desacato a una orden del máximo tribunal de devolver a la ciudad de Buenos Aires el dinero que le sustrajeron para dárselo a Gobernador Kicillof. Cristina Kirchner, Amado Boudou, Julio de Vido, Milagro Sala, José López, Ricardo Jaime, etc., fueron condenados por apropiación de bienes del Estado, es decir, por corruptos. Es significativo el espectáculo de choferes, secretarias, jardineros, ex empleados bancarios y familiares enriquecidos con inversiones en EE.UU., el Caribe, bancos suizos o cajas de seguridad. No combatieron ninguna dictadura ni realizaron ninguna revolución; tampoco mejoraron la situación de los trabajadores ni de los jubilados y terminaron con cifras récord de pobreza e indigencia. La ciudadanía argentina respeta a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por mucho que el gobierno organice mítines para amenazar a los jueces, deben saber que no tienen miedo y que hay una gran mayoría dispuesta a defender la república.
No debe sorprendernos: el Partido Justicialista tiene un prolífico historial en su enfrentamiento con la justicia. En 1995, el gobernador Néstor Kirchner desplazó a Eduardo Sosa, jefe de la fiscalía de Santa Cruz (tuvo la osadía de investigar al gobierno) a pesar de la orden de la Corte Suprema de Justicia de restituirlo en el cargo. En 2002, al presidente Duhalde no le gustó que la Corte declarara inconstitucional a “el corralito” y tratara de destituir a todos sus integrantes. En la administración Kirchner, a medida que se denunciaban los hechos de corrupción, comenzaron a atacar descaradamente al poder judicial: “ley para la democratización de la justicia”, ataques al juez supremo Carlos Fayt, reformas al consejo de la magistratura, ataque a la Fiscalía General de la Nación Nación Eduardo Casal, un proyecto de ampliación de la Corte Suprema (¡25 miembros!) y, finalmente, este desacato a una orden del máximo tribunal de devolver a la ciudad de Buenos Aires el dinero que le sustrajeron para dárselo a Gobernador Kicillof. Cristina Kirchner, Amado Boudou, Julio de Vido, Milagro Sala, José López, Ricardo Jaime, etc., fueron condenados por apropiación de bienes del Estado, es decir, por corruptos. Es significativo el espectáculo de choferes, secretarias, jardineros, ex empleados bancarios y familiares enriquecidos con inversiones en EE.UU., el Caribe, bancos suizos o cajas de seguridad. No combatieron ninguna dictadura ni realizaron ninguna revolución; tampoco mejoraron la situación de los trabajadores ni de los jubilados y terminaron con cifras récord de pobreza e indigencia. La ciudadanía argentina respeta a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por mucho que el gobierno organice mítines para amenazar a los jueces, deben saber que no tienen miedo y que hay una gran mayoría dispuesta a defender la república.
No debe sorprendernos: el Partido Justicialista tiene un prolífico historial en su enfrentamiento con la justicia. En 1995, el gobernador Néstor Kirchner desplazó a Eduardo Sosa, jefe de la fiscalía de Santa Cruz (tuvo la osadía de investigar al gobierno) a pesar de la orden de la Corte Suprema de Justicia de restituirlo en el cargo. En 2002, al presidente Duhalde no le gustó que la Corte declarara inconstitucional a “el corralito” y tratara de destituir a todos sus integrantes. En la administración Kirchner, a medida que se denunciaban los hechos de corrupción, comenzaron a atacar descaradamente al poder judicial: “ley para la democratización de la justicia”, ataques al juez supremo Carlos Fayt, reformas al consejo de la magistratura, ataque a la Fiscalía General de la Nación Nación Eduardo Casal, un proyecto de ampliación de la Corte Suprema (¡25 miembros!) y, finalmente, este desacato a una orden del máximo tribunal de devolver a la ciudad de Buenos Aires el dinero que le sustrajeron para dárselo a Gobernador Kicillof. Cristina Kirchner, Amado Boudou, Julio de Vido, Milagro Sala, José López, Ricardo Jaime, etc., fueron condenados por apropiación de bienes del Estado, es decir, por corruptos. Es significativo el espectáculo de choferes, secretarias, jardineros, ex empleados bancarios y familiares enriquecidos con inversiones en EE.UU., el Caribe, bancos suizos o cajas de seguridad. No combatieron ninguna dictadura ni realizaron ninguna revolución; tampoco mejoraron la situación de los trabajadores ni de los jubilados y terminaron con cifras récord de pobreza e indigencia. La ciudadanía argentina respeta a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por mucho que el gobierno organice mítines para amenazar a los jueces, deben saber que no tienen miedo y que hay una gran mayoría dispuesta a defender la república.
No debe sorprendernos: el Partido Justicialista tiene un prolífico historial en su enfrentamiento con la justicia. En 1995, el gobernador Néstor Kirchner desplazó a Eduardo Sosa, jefe de la fiscalía de Santa Cruz (tuvo la osadía de investigar al gobierno) a pesar de la orden de la Corte Suprema de Justicia de restituirlo en el cargo. En 2002, al presidente Duhalde no le gustó que la Corte declarara inconstitucional a “el corralito” y tratara de destituir a todos sus integrantes. En la administración Kirchner, a medida que se denunciaban los hechos de corrupción, comenzaron a atacar descaradamente al poder judicial: “ley para la democratización de la justicia”, ataques al juez supremo Carlos Fayt, reformas al consejo de la magistratura, ataque a la Fiscalía General de la Nación Nación Eduardo Casal, un proyecto de ampliación de la Corte Suprema (¡25 miembros!) y, finalmente, este desacato a una orden del máximo tribunal de devolver a la ciudad de Buenos Aires el dinero que le sustrajeron para dárselo a Gobernador Kicillof. Cristina Kirchner, Amado Boudou, Julio de Vido, Milagro Sala, José López, Ricardo Jaime, etc., fueron condenados por apropiación de bienes del Estado, es decir, por corruptos. Es significativo el espectáculo de choferes, secretarias, jardineros, ex empleados bancarios y familiares enriquecidos con inversiones en EE.UU., el Caribe, bancos suizos o cajas de seguridad. No combatieron ninguna dictadura ni realizaron ninguna revolución; tampoco mejoraron la situación de los trabajadores ni de los jubilados y terminaron con cifras récord de pobreza e indigencia. La ciudadanía argentina respeta a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por mucho que el gobierno organice mítines para amenazar a los jueces, deben saber que no tienen miedo y que hay una gran mayoría dispuesta a defender la república.