Los delitos ambientales son las actividades humanas que causan o pueden causar daño, alteración o daño a la salud de las personas, al medio ambiente, a los procesos ecológicos o a sus componentes. Resumiendo: Son hechos de contaminación por encima de los niveles permitidos por las leyes y reglamentos vigentes. En Tucumán tenemos contaminación del aire, suelo, agua y daños a la salud por la quema de cañaverales, cachaza, vinazas, derrames de aguas servidas, residuos sólidos urbanos, entre otros. Para actuar, los contaminadores necesitan la impunidad, la permisividad y la complicidad de los tres poderes del Estado tucumano y de la Defensoría del Pueblo, que en estos casos no actúa como lo exige la misión y funciones que le asigna la ley. Entiendo que en un sistema de gobierno Demócrata-Republicano, el poder judicial es responsable de conocer y decidir todos los casos que versan sobre puntos regidos por la Constitución y las leyes. Es sabido que en casos de interés y afectación a la ciudadanía, como la contaminación ambiental, los Fiscales y funcionarios judiciales pueden y deben actuar de oficio. En nuestra provincia la contaminación antes mencionada es evidente, la padecemos y tiene características endémicas, pero el Poder Judicial no hace nada al respecto. Población, ecosistemas y patrimonio natural abandonados, a merced de los contaminadores de turno. Cabe recordar que en Argentina y Tucumán, el medio ambiente tiene rango constitucional y está establecido en el artículo 41 de ambas Cartas Magnas. Si en una República el Poder Judicial no tiene independencia o no cumple con la misión y funciones asignadas, entonces la República está condenada a una muerte lenta anunciada. En nuestra provincia, el Poder Judicial: ¿para qué sirve y a quién sirve?
Los delitos ambientales son las actividades humanas que causan o pueden causar daño, alteración o daño a la salud de las personas, al medio ambiente, a los procesos ecológicos o a sus componentes. Resumiendo: Son hechos de contaminación por encima de los niveles permitidos por las leyes y reglamentos vigentes. En Tucumán tenemos contaminación del aire, suelo, agua y daños a la salud por la quema de cañaverales, cachaza, vinazas, derrames de aguas servidas, residuos sólidos urbanos, entre otros. Para actuar, los contaminadores necesitan la impunidad, la permisividad y la complicidad de los tres poderes del Estado tucumano y de la Defensoría del Pueblo, que en estos casos no actúa como lo exige la misión y funciones que le asigna la ley. Entiendo que en un sistema de gobierno Demócrata-Republicano, el poder judicial es responsable de conocer y decidir todos los casos que versan sobre puntos regidos por la Constitución y las leyes. Es sabido que en casos de interés y afectación a la ciudadanía, como la contaminación ambiental, los Fiscales y funcionarios judiciales pueden y deben actuar de oficio. En nuestra provincia la contaminación antes mencionada es evidente, la padecemos y tiene características endémicas, pero el Poder Judicial no hace nada al respecto. Población, ecosistemas y patrimonio natural abandonados, a merced de los contaminadores de turno. Cabe recordar que en Argentina y Tucumán, el medio ambiente tiene rango constitucional y está establecido en el artículo 41 de ambas Cartas Magnas. Si en una República el Poder Judicial no tiene independencia o no cumple con la misión y funciones asignadas, entonces la República está condenada a una muerte lenta anunciada. En nuestra provincia, el Poder Judicial: ¿para qué sirve y a quién sirve?
Los delitos ambientales son las actividades humanas que causan o pueden causar daño, alteración o daño a la salud de las personas, al medio ambiente, a los procesos ecológicos o a sus componentes. Resumiendo: Son hechos de contaminación por encima de los niveles permitidos por las leyes y reglamentos vigentes. En Tucumán tenemos contaminación del aire, suelo, agua y daños a la salud por la quema de cañaverales, cachaza, vinazas, derrames de aguas servidas, residuos sólidos urbanos, entre otros. Para actuar, los contaminadores necesitan la impunidad, la permisividad y la complicidad de los tres poderes del Estado tucumano y de la Defensoría del Pueblo, que en estos casos no actúa como lo exige la misión y funciones que le asigna la ley. Entiendo que en un sistema de gobierno Demócrata-Republicano, el poder judicial es responsable de conocer y decidir todos los casos que versan sobre puntos regidos por la Constitución y las leyes. Es sabido que en casos de interés y afectación a la ciudadanía, como la contaminación ambiental, los Fiscales y funcionarios judiciales pueden y deben actuar de oficio. En nuestra provincia la contaminación antes mencionada es evidente, la padecemos y tiene características endémicas, pero el Poder Judicial no hace nada al respecto. Población, ecosistemas y patrimonio natural abandonados, a merced de los contaminadores de turno. Cabe recordar que en Argentina y Tucumán, el medio ambiente tiene rango constitucional y está establecido en el artículo 41 de ambas Cartas Magnas. Si en una República el Poder Judicial no tiene independencia o no cumple con la misión y funciones asignadas, entonces la República está condenada a una muerte lenta anunciada. En nuestra provincia, el Poder Judicial: ¿para qué sirve y a quién sirve?
Los delitos ambientales son las actividades humanas que causan o pueden causar daño, alteración o daño a la salud de las personas, al medio ambiente, a los procesos ecológicos o a sus componentes. Resumiendo: Son hechos de contaminación por encima de los niveles permitidos por las leyes y reglamentos vigentes. En Tucumán tenemos contaminación del aire, suelo, agua y daños a la salud por la quema de cañaverales, cachaza, vinazas, derrames de aguas servidas, residuos sólidos urbanos, entre otros. Para actuar, los contaminadores necesitan la impunidad, la permisividad y la complicidad de los tres poderes del Estado tucumano y de la Defensoría del Pueblo, que en estos casos no actúa como lo exige la misión y funciones que le asigna la ley. Entiendo que en un sistema de gobierno Demócrata-Republicano, el poder judicial es responsable de conocer y decidir todos los casos que versan sobre puntos regidos por la Constitución y las leyes. Es sabido que en casos de interés y afectación a la ciudadanía, como la contaminación ambiental, los Fiscales y funcionarios judiciales pueden y deben actuar de oficio. En nuestra provincia la contaminación antes mencionada es evidente, la padecemos y tiene características endémicas, pero el Poder Judicial no hace nada al respecto. Población, ecosistemas y patrimonio natural abandonados, a merced de los contaminadores de turno. Cabe recordar que en Argentina y Tucumán, el medio ambiente tiene rango constitucional y está establecido en el artículo 41 de ambas Cartas Magnas. Si en una República el Poder Judicial no tiene independencia o no cumple con la misión y funciones asignadas, entonces la República está condenada a una muerte lenta anunciada. En nuestra provincia, el Poder Judicial: ¿para qué sirve y a quién sirve?
Los delitos ambientales son las actividades humanas que causan o pueden causar daño, alteración o daño a la salud de las personas, al medio ambiente, a los procesos ecológicos o a sus componentes. Resumiendo: Son hechos de contaminación por encima de los niveles permitidos por las leyes y reglamentos vigentes. En Tucumán tenemos contaminación del aire, suelo, agua y daños a la salud por la quema de cañaverales, cachaza, vinazas, derrames de aguas servidas, residuos sólidos urbanos, entre otros. Para actuar, los contaminadores necesitan la impunidad, la permisividad y la complicidad de los tres poderes del Estado tucumano y de la Defensoría del Pueblo, que en estos casos no actúa como lo exige la misión y funciones que le asigna la ley. Entiendo que en un sistema de gobierno Demócrata-Republicano, el poder judicial es responsable de conocer y decidir todos los casos que versan sobre puntos regidos por la Constitución y las leyes. Es sabido que en casos de interés y afectación a la ciudadanía, como la contaminación ambiental, los Fiscales y funcionarios judiciales pueden y deben actuar de oficio. En nuestra provincia la contaminación antes mencionada es evidente, la padecemos y tiene características endémicas, pero el Poder Judicial no hace nada al respecto. Población, ecosistemas y patrimonio natural abandonados, a merced de los contaminadores de turno. Cabe recordar que en Argentina y Tucumán, el medio ambiente tiene rango constitucional y está establecido en el artículo 41 de ambas Cartas Magnas. Si en una República el Poder Judicial no tiene independencia o no cumple con la misión y funciones asignadas, entonces la República está condenada a una muerte lenta anunciada. En nuestra provincia, el Poder Judicial: ¿para qué sirve y a quién sirve?
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Los delitos ambientales son las actividades humanas que causan o pueden causar daño, alteración o daño a la salud de las personas, al medio ambiente, a los procesos ecológicos o a sus componentes. Resumiendo: Son hechos de contaminación por encima de los niveles permitidos por las leyes y reglamentos vigentes. En Tucumán tenemos contaminación del aire, suelo, agua y daños a la salud por la quema de cañaverales, cachaza, vinazas, derrames de aguas servidas, residuos sólidos urbanos, entre otros. Para actuar, los contaminadores necesitan la impunidad, la permisividad y la complicidad de los tres poderes del Estado tucumano y de la Defensoría del Pueblo, que en estos casos no actúa como lo exige la misión y funciones que le asigna la ley. Entiendo que en un sistema de gobierno Demócrata-Republicano, el poder judicial es responsable de conocer y decidir todos los casos que versan sobre puntos regidos por la Constitución y las leyes. Es sabido que en casos de interés y afectación a la ciudadanía, como la contaminación ambiental, los Fiscales y funcionarios judiciales pueden y deben actuar de oficio. En nuestra provincia la contaminación antes mencionada es evidente, la padecemos y tiene características endémicas, pero el Poder Judicial no hace nada al respecto. Población, ecosistemas y patrimonio natural abandonados, a merced de los contaminadores de turno. Cabe recordar que en Argentina y Tucumán, el medio ambiente tiene rango constitucional y está establecido en el artículo 41 de ambas Cartas Magnas. Si en una República el Poder Judicial no tiene independencia o no cumple con la misión y funciones asignadas, entonces la República está condenada a una muerte lenta anunciada. En nuestra provincia, el Poder Judicial: ¿para qué sirve y a quién sirve?