He leído la editorial «Problemas con los desbordamientos de aguas residuales» (01/03). Aprovecho este espacio para ampliarlo. Está científicamente comprobado que estas pérdidas constituyen un atentado contra la salud y la calidad de vida de la población. Existen muchos microorganismos patógenos presentes en los fluidos cloacales que causan enfermedades como: síndrome urémico hemolítico, hepatitis, fiebre tifoidea, cólera, etc. Dentro de la población expuesta, los más vulnerables son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Las vías de contagio pueden ser oral, por la nariz, ojos, oídos y lesiones cutáneas. El aire también puede ser un vehículo transmisor, por ejemplo cuando las ruedas de los vehículos pisan charcos y al salpicar producen un efecto similar a un aerosol, diseminando organismos patógenos a los cuatro vientos. Otra forma importante de propagar las bacterias coliformes (que provienen de la materia fecal), son las que quedan adheridas al calzado, cuando se pisan los derrames en la vía pública y se transportan a diversos lugares como casas, oficinas, escuelas, etc No entiendo cómo, ante estos riesgos, las instituciones y funcionarios con competencia y responsabilidad en el control de la calidad de vida, el medio ambiente, la salud, el turismo y los derechos constitucionales ambientales de la población, no hacen nada para detener y corregir estos derrames, que ya son endémicos y de los cuales el SAT y quien lo controle: la Ersept son los únicos responsables. Según la legislación vigente, los vertidos de aguas residuales son residuos peligrosos y contaminar es un delito. Funcionarios y miembros de los tres poderes del estado tucumano lo saben y también lo huelen y lo pisan, pero todo sigue igual. La institución que tiene la obligación de intervenir es la Defensoría del Pueblo, pero hasta el momento sigue sorda, ciega y muda. Que yo sepa, no hay personas reales denunciadas, investigadas, procesadas o condenadas por este delito. ¿Por qué será? Tal vez sea por el nepotismo, la corrupción, la negligencia, la permisividad, los compromisos y demás malas hierbas que reinan en tierras tucumanas.
He leído la editorial «Problemas con los desbordamientos de aguas residuales» (01/03). Aprovecho este espacio para ampliarlo. Está científicamente comprobado que estas pérdidas constituyen un atentado contra la salud y la calidad de vida de la población. Existen muchos microorganismos patógenos presentes en los fluidos cloacales que causan enfermedades como: síndrome urémico hemolítico, hepatitis, fiebre tifoidea, cólera, etc. Dentro de la población expuesta, los más vulnerables son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Las vías de contagio pueden ser oral, por la nariz, ojos, oídos y lesiones cutáneas. El aire también puede ser un vehículo transmisor, por ejemplo cuando las ruedas de los vehículos pisan charcos y al salpicar producen un efecto similar a un aerosol, diseminando organismos patógenos a los cuatro vientos. Otra forma importante de propagar las bacterias coliformes (que provienen de la materia fecal), son las que quedan adheridas al calzado, cuando se pisan los derrames en la vía pública y se transportan a diversos lugares como casas, oficinas, escuelas, etc No entiendo cómo, ante estos riesgos, las instituciones y funcionarios con competencia y responsabilidad en el control de la calidad de vida, el medio ambiente, la salud, el turismo y los derechos constitucionales ambientales de la población, no hacen nada para detener y corregir estos derrames, que ya son endémicos y de los cuales el SAT y quien lo controle: la Ersept son los únicos responsables. Según la legislación vigente, los vertidos de aguas residuales son residuos peligrosos y contaminar es un delito. Funcionarios y miembros de los tres poderes del estado tucumano lo saben y también lo huelen y lo pisan, pero todo sigue igual. La institución que tiene la obligación de intervenir es la Defensoría del Pueblo, pero hasta el momento sigue sorda, ciega y muda. Que yo sepa, no hay personas reales denunciadas, investigadas, procesadas o condenadas por este delito. ¿Por qué será? Tal vez sea por el nepotismo, la corrupción, la negligencia, la permisividad, los compromisos y demás malas hierbas que reinan en tierras tucumanas.
He leído la editorial «Problemas con los desbordamientos de aguas residuales» (01/03). Aprovecho este espacio para ampliarlo. Está científicamente comprobado que estas pérdidas constituyen un atentado contra la salud y la calidad de vida de la población. Existen muchos microorganismos patógenos presentes en los fluidos cloacales que causan enfermedades como: síndrome urémico hemolítico, hepatitis, fiebre tifoidea, cólera, etc. Dentro de la población expuesta, los más vulnerables son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Las vías de contagio pueden ser oral, por la nariz, ojos, oídos y lesiones cutáneas. El aire también puede ser un vehículo transmisor, por ejemplo cuando las ruedas de los vehículos pisan charcos y al salpicar producen un efecto similar a un aerosol, diseminando organismos patógenos a los cuatro vientos. Otra forma importante de propagar las bacterias coliformes (que provienen de la materia fecal), son las que quedan adheridas al calzado, cuando se pisan los derrames en la vía pública y se transportan a diversos lugares como casas, oficinas, escuelas, etc No entiendo cómo, ante estos riesgos, las instituciones y funcionarios con competencia y responsabilidad en el control de la calidad de vida, el medio ambiente, la salud, el turismo y los derechos constitucionales ambientales de la población, no hacen nada para detener y corregir estos derrames, que ya son endémicos y de los cuales el SAT y quien lo controle: la Ersept son los únicos responsables. Según la legislación vigente, los vertidos de aguas residuales son residuos peligrosos y contaminar es un delito. Funcionarios y miembros de los tres poderes del estado tucumano lo saben y también lo huelen y lo pisan, pero todo sigue igual. La institución que tiene la obligación de intervenir es la Defensoría del Pueblo, pero hasta el momento sigue sorda, ciega y muda. Que yo sepa, no hay personas reales denunciadas, investigadas, procesadas o condenadas por este delito. ¿Por qué será? Tal vez sea por el nepotismo, la corrupción, la negligencia, la permisividad, los compromisos y demás malas hierbas que reinan en tierras tucumanas.
He leído la editorial «Problemas con los desbordamientos de aguas residuales» (01/03). Aprovecho este espacio para ampliarlo. Está científicamente comprobado que estas pérdidas constituyen un atentado contra la salud y la calidad de vida de la población. Existen muchos microorganismos patógenos presentes en los fluidos cloacales que causan enfermedades como: síndrome urémico hemolítico, hepatitis, fiebre tifoidea, cólera, etc. Dentro de la población expuesta, los más vulnerables son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Las vías de contagio pueden ser oral, por la nariz, ojos, oídos y lesiones cutáneas. El aire también puede ser un vehículo transmisor, por ejemplo cuando las ruedas de los vehículos pisan charcos y al salpicar producen un efecto similar a un aerosol, diseminando organismos patógenos a los cuatro vientos. Otra forma importante de propagar las bacterias coliformes (que provienen de la materia fecal), son las que quedan adheridas al calzado, cuando se pisan los derrames en la vía pública y se transportan a diversos lugares como casas, oficinas, escuelas, etc No entiendo cómo, ante estos riesgos, las instituciones y funcionarios con competencia y responsabilidad en el control de la calidad de vida, el medio ambiente, la salud, el turismo y los derechos constitucionales ambientales de la población, no hacen nada para detener y corregir estos derrames, que ya son endémicos y de los cuales el SAT y quien lo controle: la Ersept son los únicos responsables. Según la legislación vigente, los vertidos de aguas residuales son residuos peligrosos y contaminar es un delito. Funcionarios y miembros de los tres poderes del estado tucumano lo saben y también lo huelen y lo pisan, pero todo sigue igual. La institución que tiene la obligación de intervenir es la Defensoría del Pueblo, pero hasta el momento sigue sorda, ciega y muda. Que yo sepa, no hay personas reales denunciadas, investigadas, procesadas o condenadas por este delito. ¿Por qué será? Tal vez sea por el nepotismo, la corrupción, la negligencia, la permisividad, los compromisos y demás malas hierbas que reinan en tierras tucumanas.
He leído la editorial «Problemas con los desbordamientos de aguas residuales» (01/03). Aprovecho este espacio para ampliarlo. Está científicamente comprobado que estas pérdidas constituyen un atentado contra la salud y la calidad de vida de la población. Existen muchos microorganismos patógenos presentes en los fluidos cloacales que causan enfermedades como: síndrome urémico hemolítico, hepatitis, fiebre tifoidea, cólera, etc. Dentro de la población expuesta, los más vulnerables son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Las vías de contagio pueden ser oral, por la nariz, ojos, oídos y lesiones cutáneas. El aire también puede ser un vehículo transmisor, por ejemplo cuando las ruedas de los vehículos pisan charcos y al salpicar producen un efecto similar a un aerosol, diseminando organismos patógenos a los cuatro vientos. Otra forma importante de propagar las bacterias coliformes (que provienen de la materia fecal), son las que quedan adheridas al calzado, cuando se pisan los derrames en la vía pública y se transportan a diversos lugares como casas, oficinas, escuelas, etc No entiendo cómo, ante estos riesgos, las instituciones y funcionarios con competencia y responsabilidad en el control de la calidad de vida, el medio ambiente, la salud, el turismo y los derechos constitucionales ambientales de la población, no hacen nada para detener y corregir estos derrames, que ya son endémicos y de los cuales el SAT y quien lo controle: la Ersept son los únicos responsables. Según la legislación vigente, los vertidos de aguas residuales son residuos peligrosos y contaminar es un delito. Funcionarios y miembros de los tres poderes del estado tucumano lo saben y también lo huelen y lo pisan, pero todo sigue igual. La institución que tiene la obligación de intervenir es la Defensoría del Pueblo, pero hasta el momento sigue sorda, ciega y muda. Que yo sepa, no hay personas reales denunciadas, investigadas, procesadas o condenadas por este delito. ¿Por qué será? Tal vez sea por el nepotismo, la corrupción, la negligencia, la permisividad, los compromisos y demás malas hierbas que reinan en tierras tucumanas.
He leído la editorial «Problemas con los desbordamientos de aguas residuales» (01/03). Aprovecho este espacio para ampliarlo. Está científicamente comprobado que estas pérdidas constituyen un atentado contra la salud y la calidad de vida de la población. Existen muchos microorganismos patógenos presentes en los fluidos cloacales que causan enfermedades como: síndrome urémico hemolítico, hepatitis, fiebre tifoidea, cólera, etc. Dentro de la población expuesta, los más vulnerables son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Las vías de contagio pueden ser oral, por la nariz, ojos, oídos y lesiones cutáneas. El aire también puede ser un vehículo transmisor, por ejemplo cuando las ruedas de los vehículos pisan charcos y al salpicar producen un efecto similar a un aerosol, diseminando organismos patógenos a los cuatro vientos. Otra forma importante de propagar las bacterias coliformes (que provienen de la materia fecal), son las que quedan adheridas al calzado, cuando se pisan los derrames en la vía pública y se transportan a diversos lugares como casas, oficinas, escuelas, etc No entiendo cómo, ante estos riesgos, las instituciones y funcionarios con competencia y responsabilidad en el control de la calidad de vida, el medio ambiente, la salud, el turismo y los derechos constitucionales ambientales de la población, no hacen nada para detener y corregir estos derrames, que ya son endémicos y de los cuales el SAT y quien lo controle: la Ersept son los únicos responsables. Según la legislación vigente, los vertidos de aguas residuales son residuos peligrosos y contaminar es un delito. Funcionarios y miembros de los tres poderes del estado tucumano lo saben y también lo huelen y lo pisan, pero todo sigue igual. La institución que tiene la obligación de intervenir es la Defensoría del Pueblo, pero hasta el momento sigue sorda, ciega y muda. Que yo sepa, no hay personas reales denunciadas, investigadas, procesadas o condenadas por este delito. ¿Por qué será? Tal vez sea por el nepotismo, la corrupción, la negligencia, la permisividad, los compromisos y demás malas hierbas que reinan en tierras tucumanas.
He leído la editorial «Problemas con los desbordamientos de aguas residuales» (01/03). Aprovecho este espacio para ampliarlo. Está científicamente comprobado que estas pérdidas constituyen un atentado contra la salud y la calidad de vida de la población. Existen muchos microorganismos patógenos presentes en los fluidos cloacales que causan enfermedades como: síndrome urémico hemolítico, hepatitis, fiebre tifoidea, cólera, etc. Dentro de la población expuesta, los más vulnerables son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Las vías de contagio pueden ser oral, por la nariz, ojos, oídos y lesiones cutáneas. El aire también puede ser un vehículo transmisor, por ejemplo cuando las ruedas de los vehículos pisan charcos y al salpicar producen un efecto similar a un aerosol, diseminando organismos patógenos a los cuatro vientos. Otra forma importante de propagar las bacterias coliformes (que provienen de la materia fecal), son las que quedan adheridas al calzado, cuando se pisan los derrames en la vía pública y se transportan a diversos lugares como casas, oficinas, escuelas, etc No entiendo cómo, ante estos riesgos, las instituciones y funcionarios con competencia y responsabilidad en el control de la calidad de vida, el medio ambiente, la salud, el turismo y los derechos constitucionales ambientales de la población, no hacen nada para detener y corregir estos derrames, que ya son endémicos y de los cuales el SAT y quien lo controle: la Ersept son los únicos responsables. Según la legislación vigente, los vertidos de aguas residuales son residuos peligrosos y contaminar es un delito. Funcionarios y miembros de los tres poderes del estado tucumano lo saben y también lo huelen y lo pisan, pero todo sigue igual. La institución que tiene la obligación de intervenir es la Defensoría del Pueblo, pero hasta el momento sigue sorda, ciega y muda. Que yo sepa, no hay personas reales denunciadas, investigadas, procesadas o condenadas por este delito. ¿Por qué será? Tal vez sea por el nepotismo, la corrupción, la negligencia, la permisividad, los compromisos y demás malas hierbas que reinan en tierras tucumanas.
He leído la editorial «Problemas con los desbordamientos de aguas residuales» (01/03). Aprovecho este espacio para ampliarlo. Está científicamente comprobado que estas pérdidas constituyen un atentado contra la salud y la calidad de vida de la población. Existen muchos microorganismos patógenos presentes en los fluidos cloacales que causan enfermedades como: síndrome urémico hemolítico, hepatitis, fiebre tifoidea, cólera, etc. Dentro de la población expuesta, los más vulnerables son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Las vías de contagio pueden ser oral, por la nariz, ojos, oídos y lesiones cutáneas. El aire también puede ser un vehículo transmisor, por ejemplo cuando las ruedas de los vehículos pisan charcos y al salpicar producen un efecto similar a un aerosol, diseminando organismos patógenos a los cuatro vientos. Otra forma importante de propagar las bacterias coliformes (que provienen de la materia fecal), son las que quedan adheridas al calzado, cuando se pisan los derrames en la vía pública y se transportan a diversos lugares como casas, oficinas, escuelas, etc No entiendo cómo, ante estos riesgos, las instituciones y funcionarios con competencia y responsabilidad en el control de la calidad de vida, el medio ambiente, la salud, el turismo y los derechos constitucionales ambientales de la población, no hacen nada para detener y corregir estos derrames, que ya son endémicos y de los cuales el SAT y quien lo controle: la Ersept son los únicos responsables. Según la legislación vigente, los vertidos de aguas residuales son residuos peligrosos y contaminar es un delito. Funcionarios y miembros de los tres poderes del estado tucumano lo saben y también lo huelen y lo pisan, pero todo sigue igual. La institución que tiene la obligación de intervenir es la Defensoría del Pueblo, pero hasta el momento sigue sorda, ciega y muda. Que yo sepa, no hay personas reales denunciadas, investigadas, procesadas o condenadas por este delito. ¿Por qué será? Tal vez sea por el nepotismo, la corrupción, la negligencia, la permisividad, los compromisos y demás malas hierbas que reinan en tierras tucumanas.