Permítanme referirme a dos noticias publicadas el 09/11: 1) «El juicio al jubilado Toledo -condenando al Gobierno de Tucumán- no establece jurisprudencia», declara el Fiscal Provincial, sabiendo que por razón de sus funciones está en la parrilla de ser nombrado en un futuro no muy lejano como miembro de la Corte Suprema. Lo que ya pasó con cuatro de los cinco actuales. Asumiendo las funciones y responsabilidades de un magistrado, declaró que no sentó jurisprudencia en el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo -Sala III- al declarar inconstitucional la ley que establece el régimen de no embargo de caudales públicos. Evidentemente, el jubilado toledano había solicitado el embargo ejecutivo para cobrar en tiempo y forma el 82% de los móviles impagos. El fiscal también confiesa, sin sonrojarse, sobre la existencia de 1.165 juicios de seguridad social contra la Provincia, casos en los que los jubilados que solicitan cobrar, por una disposición del gobierno condenado, tienen que inscribirse en un registro y esperar al año siguiente. presupuesto para soñar reunirte con tu dinero ganado en buena ley. Desafortunadamente, de 36.000 jubilados y pensionados transferidos, murieron esperando y tal vez 2.000 o menos quedaron con vida. Increíble, pero pasó aquí, en Tucumán. 2°) “El Gobierno garantiza un aumento de bolsillo de $95.000 al Estado” y, como siempre, el Gobierno de Tucumán, como regla de conducta, sigue olvidando que por Ley y decenas de sentencias judiciales, ha para pagar los sueldos de los jubilados y pensionados trasladados a la Nación con el 82% y móvil automático del total de sueldos del personal activo, o sea, automáticamente hay que liquidar y pagarnos ese aumento.
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