La reciente filtración de datos en sistemas estatales como el de Seguridad Vial expone la vulnerabilidad de la información personal y la creciente amenaza de ciberdelitos que afectan a los ciudadanos. Este incidente, que reveló la exposición de 5,7 millones de fotografías de licencias de conducir, genera preocupación en diversos sectores por las posibles implicaciones para la privacidad de las personas y el aumento de riesgos de estafas digitales y robo de identidad.
David Regaraz, experto en ciberseguridad y protección de datos, resalta las graves consecuencias que acarrean estas filtraciones para los ciudadanos. Más allá de la pérdida de control sobre su información personal, se ve afectado un derecho fundamental como es el de Protección de Datos. La incertidumbre es uno de los principales problemas que enfrentan las víctimas, ya que una vez que los datos son expuestos públicamente, es complicado determinar el alcance de la filtración y cuántas personas pudieron acceder a la información pirateada.
Regaraz señala que la información robada puede ser utilizada para cometer diversos delitos, lo que incrementa su valor en el mercado negro. Desde estafas de robo de identidad hasta la creación de cuentas bancarias fraudulentas, las posibilidades son variadas y preocupantes. Esta situación resalta la urgencia de reforzar las medidas de seguridad a nivel individual e institucional.
En cuanto al impacto en el Estado, Regaraz destaca que las consecuencias regulatorias y de responsabilidad son prácticamente nulas debido a la escasa y obsoleta legislación de protección de datos en el país. Además, resalta el bajo costo reputacional que suelen tener estos incidentes, en gran medida debido a la falta de conciencia y conocimiento por parte del público en general sobre estos temas.
Uno de los aspectos relevantes que destaca el experto es la carencia de Delegados de Protección de Datos (DPD) en los organismos públicos del país. Estos profesionales, especializados en seguridad de la información y nuevas tecnologías, actúan como intermediarios entre la organización y las autoridades de control, siendo responsables de implementar medidas para proteger los datos personales. La designación de un DPD se presenta como una necesidad apremiante para fortalecer la seguridad de la información en las instituciones públicas.
Además, Regaraz enfatiza la importancia de establecer normas que definan las medidas mínimas de seguridad que deben implementar los organismos públicos, así como la necesidad de realizar controles periódicos para garantizar su cumplimiento. Estas acciones son fundamentales para prevenir futuros incidentes de seguridad y proteger la privacidad de los ciudadanos.
En conclusión, la filtración masiva de datos personales pone en evidencia la fragilidad de los sistemas de protección de la información a nivel estatal y la necesidad de implementar medidas más rigurosas para resguardar la privacidad de las personas. La falta de una regulación adecuada y la baja conciencia sobre la ciberseguridad son desafíos que deben abordarse con premura para evitar riesgos futuros y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.