INSTITUCIONALIDAD. Ayer comentábamos que este nuevo gobierno había nacido en una situación de extrema debilidad: sin partido, bancada u otros vicepresidentes y frente a un Congreso impopular dominado principalmente por la oposición. Todo ello, decíamos, hacía muy difícil pensar que este Gobierno fuera capaz de alcanzar la estabilidad hasta 2026, a pesar de que Boluarte había dejado clara inicialmente su intención de quedarse hasta el final del periodo constitucional que restaba.
Apenas horas después de que cerrara la publicación de ese texto, sin embargo, y tras días de incertidumbre y una serie de protestas que se concentraron principalmente en el sur del país –una de ellas terminó con la trágica e innecesaria muerte de dos jóvenes en Andahuaylas– , el nuevo Ejecutivo cedió finalmente a lo que parecía inevitable: Boluarte anunció a medianoche del domingo que presentaría una iniciativa de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales a abril de 2024. Junto a ella, la presidenta añadió que también presentará una propuesta de reforma política.
El anuncio de Boluarte empuja inevitablemente al país a acelerar el debate que se había demorado sobre cuáles deberían ser en concreto esas reformas legales o constitucionales. Y sobre cómo estos deben ser aprobados e implementados.
En este contexto, en lo que previsiblemente será un nuevo y convulso periodo de transición hacia otro proceso electoral convocado antes de lo previsto, será crucial que tanto políticos como prensa y ciudadanos entiendan y tengan más presente que nunca la importancia de toda reforma El proceso se encauza siempre dentro del marco constitucional y democrático. Y es que, en ocasiones, los comprensibles sentimientos de urgencia que siempre están presentes en contextos de crisis pueden llevarnos a estar más abiertos a aceptar ‘excepciones’ al camino democrático, del que los peruanos no nos hemos desviado desde al menos 2001. .
Si no, pensemos, por ejemplo, en algunas de las llamativas narrativas que se han escuchado y leído en los últimos días para justificar el golpe de Estado que intentó dar Pedro Castillo (uno sugiere que fue drogado). O pensemos también en las voces que hoy exigen una disolución del Congreso sin causa constitucional alguna (lo que configuraría otro claro golpe de Estado), o en las que llaman a un «referéndum» para convocar a una Asamblea Constituyente, sin esa posibilidad actualmente. existe en nuestra Constitución.
Incluso en Chile, donde tras las multitudinarias protestas de 2019 se decidió optar por consultar a la ciudadanía si se quería convocar a una Asamblea Constituyente, esto no se hizo hasta que se reformó por primera vez la Constitución entonces vigente, precisamente para agregar un artículo que permitiera Yo hago esa consulta más tarde. Es decir, los chilenos siguieron un camino institucional, que finalmente resultó en el rechazo mayoritario del país al proyecto de Constitución propuesto por su Asamblea.
Lo que algunos líderes políticos han estado pidiendo aquí, sin embargo, ni siquiera es la vía chilena, sino que directamente reclaman que, sin ningún apoyo en nuestro actual orden democrático para hacerlo, se convoque a un plebiscito con una pregunta abierta sobre si No querían convocar a una Asamblea Constituyente. ¿Qué pasaría en ese escenario al día siguiente de una eventual victoria del «sí»? No se sabe, porque detalles como quién sería el encargado de convocar a esas elecciones para elegir la Asamblea, o cuáles serían las reglas para hacerlo, parecen quedar para más adelante.
Pretender que esta vía directa a la incertidumbre es una salida viable y definitiva de nuestra crisis política sería no sólo delirante, sino también desconectado de nuestra realidad. La precariedad de nuestros partidos y actores políticos, así como los problemas de nuestra legislación constitucional y electoral, siguen casi igual desde que elegimos los últimos tres Congresos, que fueron altamente impopulares y no se destacaron por su respeto a los límites constitucionales. . ¿Qué nos hace pensar que eligiendo una Constituyente se lograría algo diferente? La diferencia sería que a ese organismo le estaríamos dando carta blanca para modificar las reglas más básicas de nuestra democracia, por lo que el coste de no elegir bien sería potencialmente mucho mayor.
El plazo previsto por Boluarte para la convocatoria de nuevas elecciones generales -abril de 2024- parece prudente teniendo en cuenta que, para aprobar este avance, primero es necesario aprobar una reforma constitucional (como en 2000). Eso ya lleva unos meses fuera de los necesarios para el desarrollo real de las elecciones. Además, esta vez habría elecciones primarias obligatorias (esto ya está en la ley), lo que requeriría algunos meses más de preparación. Y, por supuesto, no estaría de más aprovechar también este período para evaluar la aprobación de algunas reformas adicionales que se consideran urgentes, particularmente el capítulo político de la Constitución. Pero siempre dentro del marco institucional, ya que el único camino para una eventual salida definitiva de la crisis pasa necesariamente por el cuidado de la democracia.
La precariedad de nuestros partidos y actores políticos, así como los problemas de nuestra legislación electoral siguen siendo casi los mismos.
Titulares de Perú