Lo repite ante los micrófonos, está firmado por funcionarios y voceros, Martín Llaryora prevé la gestión de la seguridad como uno de los pilares de la gestión provincial que comenzará el 10 de diciembre.
Para ello, diseña un proyecto innovador que, redefinido por sus asesores como “modelo Córdoba”, podría servir como plataforma de lanzamiento de su ansiada proyección nacional.
Este plan se sustenta en tres haces, ya perfilados durante la campaña previa a las elecciones de junio. En ese momento, la seguridad era uno de los ejes proselitistas, consecuencia de los ataques opositores contra el gobierno de Juan Schiaretti, quien tenía una de las pústulas de su gestión en el tema, con tasas de criminalidad fluctuantes y casos sonados de violencia institucional. como asesinatos. de Blas Correas y Joaquín Paredes.
El primer pilar de la iniciativa es la creación de cuerpos de policía municipales. Pensada para los grandes centros urbanos, especialmente el área metropolitana de la capital, la experiencia tiene seguidores en diversas partes del mundo. Sus miembros serían reclutados y capacitados especialmente para la función.
Estos órganos funcionarían conjuntamente con la estructura policial, con tareas similares pero con un uso restringido de la violencia. Para su actuación utilizarían armas “no letales”, un oxímoron de creciente aceptación, sobre cuyo funcionamiento el propio alcalde ya ha indagado en sus viajes al extranjero.
Junto a ellos, el dispositivo podría sumarse al personal de seguridad privada que actualmente presta tareas de vigilancia en zonas definidas.
Llamados “teros” en la jerga, suelen incluir personal jubilado o desplazado. También a personas que no han completado la educación formal. Por tanto, su incorporación requerirá evaluaciones y formación específica, afirman los implicados en el diseño del esquema. Entre las habilidades requeridas estaría el manejo de armas “no letales”.
El efecto de estas iniciativas podría percibirse, con una mayor presencia de tropas en las calles, en el mediano plazo. Previamente, en diciembre se graduarán más de 800 funcionarios, quienes habrán completado los tres años de formación requeridos desde 2020.
Este “refuerzo” llegaría al inicio de la temporada estival, periodo que suele ver un aumento de las causas penales en la capital, consecuencia directa de los operativos desplegados en los valles turísticos y de las grandes fiestas que allí se celebran.
Especialistas
La capacitación será el eje principal de la iniciativa que Llaryora presentará ante la Legislatura Unicameral el próximo 10 de diciembre.
Según voces consultadas, se avanzará en la formación «profesional» de las fuerzas de seguridad, que incluye el Servicio Penitenciario y la Policía Antinarcotráfico (dependiente del Ministerio Público). Para ello se impulsarán planes de estudio diseñados con una visión integral. Particularmente para los “funcionarios”, a quienes se les ofrecerán carreras de grado, coordinadas por las universidades. Actualmente sólo dos casas de estudios cuentan con especialidades en el tema, la Nacional en Villa María y una privada en la capital.
Planteada como requisito, la formación de posgrado en la materia es una cualidad poco común entre quienes han ocupado cargos en las administraciones cordobesas. Alejo Paredes, exjefe de Policía y ministro de Seguridad hasta 2013; Alejandra Monteoliva, quien lo sucedió en el cargo; y el actual secretario, Claudio Stampalija, marcan excepciones.
La falta de aprendizajes específicos opera también como filtro para la acumulación de nombres que sirven para asumir la coordinación de la tarea que tendrá como guía ese proyecto.
Por supuesto, dicha definición también está sujeta al rango asignado a la cartera. Hoy, en una secretaría dependiente del Ministerio de Gobierno, los especialistas coinciden en que la dimensión proyectada se ajustaría mejor a un ministerio, condición que tuvo durante los gobiernos de José Manuel de la Sota.
En las últimas semanas ha perdido fuerza la idea de fusionar la cartera con la de Justicia, un binomio que, según afirmó, funcionó como disuasivo para los postulantes. Especialmente aquellos que esperan dedicarse exclusivamente al ámbito judicial. “Si viene con Seguridad, no, no quiero. «Necesitamos a alguien con conocimientos específicos», repite uno de los nombres más citados de Justicia.
También se ha decidido sacarlo de la órbita del Gobierno, del que hoy depende, bajo el control de Julián López, otro que soñaba con asumir un área exclusiva, pero que tendría todo listo para liderar el inédito Ministerio de Cooperativas. y Mutualidades, según la delineación del futuro gabinete.
Nombres que suenan
Uno de los artífices del proyecto es José Emilio Graglia, que conoce a Llaryora desde hace varios años. Presidente del Instituto de Ciencias, Estado y Sociedad (ICES), profesor, doctor en Derecho y Ciencias Sociales; Formado también en Gobierno y Administración Pública, y en Política y Gobierno, es quien diseña contenidos de las carreras de Seguridad, articulándolos con otra de sus especialidades: el desarrollo metropolitano.
Diseñador del Ente Gestor Metropolitano Intermunicipal, muchos lo ven como una de las personas ideales para el cargo. Sin embargo, en diálogo con este medio, descarta cualquier intención de sumarse como funcionario.
En la lista de candidatos también fue mencionado Gabriel Bermúdez, exalumno de Graglia. Especialista financiero, ex funcionario de Transporte en Provincia y Nación, hoy secretario de Desarrollo Metropolitano, no acredita experiencia en la materia. Sin embargo, quienes lo rodean destacan que conoce el proceso de conformación del área metropolitana de Medellín, para lo cual la definición de políticas de seguridad ha sido clave. Además, tiene formación en Estrategias Públicas y Privadas, lo que le permitiría abordar muchas áreas de “gestión”.
«Olvídese. Ella no tiene experiencia. Él no sabe y aquí necesitamos a alguien que sepa. No hay lugar para aprender sobre la marcha y mucho menos para errores, con la crisis que estamos viviendo», contraataca otro funcionario.
“Primero hay que definir la política. Sólo entonces busca un perfil que se ajuste a ella”, afirma Graglia, que tampoco expresa predilección por ninguna nominación.
Esta definición ya tiene una certeza: quien asuma el cargo no tendrá que lidiar con el problema de los menores en conflicto con el derecho penal. Liliana Montero asumiría un área que abordará específicamente los problemas familiares y de infancia. En su órbita recaerá la dirección del Complejo Esperanza, un centro socioeducativo plagado de numerosos episodios de violencia y denuncias históricas por parte de la plantilla.
Quien asuma el cargo también deberá nombrar una nueva dirigencia en la Policía. Todo indica que la jefa, Liliana Zárate Belletti, primera mujer en ocupar ese cargo, será destituida.
civiles
Entre las virtudes destacadas por los artífices del plan, resuena un viejo anhelo de distintos gobiernos, sucesivamente frustrados por la dinámica de las fuerzas de seguridad: el control civil, despreciado incluso en los procesos endogámicos que configuran especialmente a las «tropas».
Todavía existen entre las filas tendencias de autogobierno, corporativismo y desdén por las instituciones, que se pueden rastrear en el modelo impuesto desde mediados de los años 70 por el liderazgo policial violento y exacerbado después del golpe militar.
«La seguridad es, ante todo, el control de la Policía. Quien lo consiga tendrá gran parte del problema solucionado», afirma una voz cualificada del ámbito académico.
Consciente de ello, pero también de la necesidad de una fuerza presente en un contexto social marcado por el descontento, Llaryora ha expresado su apoyo a la actuación policial, incluso en los casos denunciados como de gatillo fácil. Como ya dijo durante la campaña, interpreta que la seguridad no se puede analizar «desde una perspectiva ideológica».
Con información de Letra P.
Fuente: diariocordoba.com.ar