La SEP realizó ayer, en Smata, una Asamblea de Delegados de Salud que concluyó con una movilización hacia el Ministerio comandado por Gabriela Barbás. Las quejas son, en términos generales, las habituales. Falta de personal y de suministros, sobrecarga de tiempo, licencias y francos no concedidos, etcétera. Aunque el meollo del asunto es la falta de reglamentación de la Ley 7.625, modificada hace seis meses.
Este cambio legislativo, ocurrido en mayo, fue la puntada con la que el Legislativo terminaría de suturar el conflicto de Salud, desatado a fines del año pasado como el último golpe del shock que trajo la pandemia al sistema de salud.
Como recordatorio, ese conflicto no lo encabezó la SEP, sino la Coordinadora de Salud, un cuerpo de delegados surgidos de asambleas hospitalarias que representaban a los empleados del sector quienes, a su vez, rechazaron la representación de la SEP.
Ese formato le dio cierto carácter anárquico al conflicto, porque quienes se quejaron no estaban legalmente autorizados para firmar un acuerdo, y quienes sí lo estaban, carecían de la legitimación de las bases.
Luego de meses de tensión, el Gobierno Provincial calmó los ánimos al reconocer un bono salarial a los equipos de Salud, que luego se amplió a quienes prestaban servicios en hospitales y fueron catalogados como empleados públicos de “servicios generales” (Ley 7.233). El siguiente paso fue la modificación de la Ley de Equipamiento de Salud para que los agentes amparados por la Ley 7.233 fueran absorbidos por la Ley 7.625, quedando cubiertos por sus beneficios.
Pero este último paso no se dio y la presión empezó a aumentar en los hospitales.
Tras el cambio de mando en la SEP, Sergio Castro relevó a José Pihen al frente de la Secretaría General, y Liliana Bustos hizo lo propio con la Secretaría de Salud, antes a cargo de Marcelo Soria. Y el panorama que ahora se configura representa una oportunidad para la nueva dirigencia, que ahora puede recuperar la representatividad perdida en los hospitales a manos de la Coordinadora de Salud.
Ese órgano asambleario, sin estructura ni organización, acabó perdiendo cohesión con el tiempo. Su participación fue ad hoc para ese conflicto, y hoy sólo sobrevive de manera residual.
Por eso, liderar este nuevo conflicto, o mejor aún, esta etapa final de ese conflicto, tiene sabor a venganza para la dirección del sindicato. Es una inmejorable oportunidad para demostrar la capacidad del sindicato para retomar la representación de los cientos de médicos, administradores y auxiliares de salud que en el pasado rechazaron el liderazgo de la SEP, y generaron su propio grupo para trasladar sus reclamos.
La Provincia, por su parte, también tiene la chance de devolverle al liderazgo esa legitimidad perdida cuando el Centro Cívico decidió “burlar” al gremio al decidir, unilateralmente, una compensación especial para los equipos de Salud, sin que por supuesto la firma de Pihen fuera la mitad. allá.
En definitiva, todo Ejecutivo necesita un interlocutor claro y con voz de mando para resolver un conflicto. Y en el Palacio 6 de Julio, Llaryora ya ha dado muestras de ello.
Con información del Diario Alfil, en nota de Felipe Osman.
Fuente: diariocordoba.com.ar