Javier Milei propone la creación de mercados de carbono en el proyecto de Ley Ómnibus que envió al Congreso. Estos mercados permitirían gestionar la emisión de gases efecto invernadero (GEI) a través de la compra y venta de bonos de carbono o certificados de reducción de emisión de GEI. Las empresas recibirían bonos que les habilitarían a emitir una determinada cantidad de CO2 y GEI en un plazo establecido. Si una compañía no utiliza sus bonos, puede venderlos a otra empresa.
El proyecto de Ley Ómnibus busca la desregulación en distintos ámbitos, y en relación a los mercados de carbono, indica que se asignarán derechos de emisión de GEI a cada sector de la economía comprometido con las metas de descarbonización para el 2030. El objetivo es cumplir con las metas de emisiones netas absolutas de Gases Efectos Invernadero comprometidas por Argentina en el marco del Acuerdo de París.
La propuesta de Milei ha generado opiniones encontradas. Por un lado, algunos expertos consideran que la creación de un mercado de bonos de carbono podría facilitar el cumplimiento de las metas de emisiones y abrir oportunidades de financiamiento para proyectos y países. Por otro lado, existen dudas sobre cómo se asignarán los derechos de emisión y qué penalidades se aplicarán en caso de incumplimiento.
En la Argentina, actualmente funcionan los mercados voluntarios de carbono, donde participan principalmente actores privados y no están regulados por el Estado. Estos mercados se basan en mecanismos de compensación y emiten créditos de carbono validados por estándares y certificadores independientes.
La propuesta de Milei difiere de los mercados voluntarios, ya que plantea la creación de un sistema de comercio de emisiones regulado por el Estado. Este sistema establecería límites de emisión y asignaría derechos de emisión a distintas industrias y sectores de la economía. Si una entidad emite menos de lo permitido, podría comercializar el excedente.
Sin embargo, existen dudas sobre el alcance y los criterios de asignación de los derechos de emisión, así como sobre las penalidades por incumplimiento. Además, se desconoce cómo se actualizarían los precios de los derechos de emisión y cómo se incentivaría a los sectores a descarbonizarse.
A pesar de estas incertidumbres, la propuesta de Milei representa un paso hacia la regulación y gestión de las emisiones de GEI en Argentina. Será necesario seguir debatiendo y analizando los detalles de este proyecto de Ley Ómnibus para evaluar su viabilidad y efectividad en la lucha contra el cambio climático.