En medio del enfrentamiento interno cada vez más virulento que se registra en la coalición gobernante del Frente de Todos, las audiencias públicas para tratar el ajustes de tasa y la eliminación de subsidios en los servicios de luz y gas se encaminan a enfrentar una serie de nubarrones que ponen en duda tanto la puesta en marcha operativa de los nuevos valores que pagarán los usuarios, como el futuro político de los funcionarios de Economía y del área energética que mantienen posiciones divergentes sobre las rebajas de impuestos comprometidas en el acuerdo con el FMI.
A diferencia de todos los audiencias públicas que se han llevado a cabo hasta el momento donde se dieron los contrapuntos entre los esquemas de aumento promovidos por las autoridades y las objeciones de los usuarios, esta vez las controversias más marcadas y evidentes surgen entre dependencias oficiales de un mismo gobierno.
Como viene ocurriendo desde principios de 2020 cada vez que se plantea la posibilidad de un actualización de tarifas en servicios públicosUna vez más, las diferencias ideológicas y operativas que separan las aguas entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los funcionarios del sector que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al Instituto Patria han vuelto a salir a la luz: Federico Basualdo (subsecretario de Energía Power), Soledad Manín (contralora ENRE) y Federico Bernal (contralor Enargas).
Las peleas al interior del Gobierno ponen en duda la puesta en marcha operativa de los nuevos valores que pagarán los usuarios
Posturas contrastantes
Expuestas abiertamente en informes y documentos oficiales elaborados para las audiencias, las posiciones contrapuestas de los miembros de la Gobierno se puede resumir en las siguientes conclusiones difundidas por los dos bandos en conflicto.
Para él Ala K “Tanto para los hogares, como para las empresas e industrias, los aumentos de tarifas y la eliminación de subsidios en juego amenazan el proceso de crecimiento económico que se viene dando y serían un cauce más para la aceleración de la inflación como consecuencia de la la variación de sus costos”.
En cambio, para Guzmán y su gente «la actualización de tarifasque contempla la protección del poder adquisitivo de la población y permite la reducción de las inequidades, es un elemento que, en el marco de un programa macroeconómico integral, sirve para facilitar las condiciones para el crecimiento, la reducción de la desigualdad y la reducción de la inflación” .
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Para poner en práctica el recorte del gasto en subsidios tarifarios comprometidos con el Fondo, Guzmán –a través de la zigzagueante Secretaría de Energía, Darío Martínez— convocó a tres audiencias públicas para discutir los nuevos precios mayoristas de electricidad y gas y la eliminación segmentada de la compensación económica que el Estado ha venido otorgando a los usuarios de estos servicios.
La primera estaba prevista para el 10 de mayo con el fin de analizar «la nuevos precios de gasolina en el punto de entrada al sistema de transporte (PIST)”. El segundo se realizará un día después y será para el tratamiento de los “nuevos valores referenciales estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST)”. Y la tercera, que tendrá lugar el 12 de mayo, tendrá por objeto “la implementación de la segmentación en el otorgamiento de subsidios por parte del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y energía eléctrica para el bienio 2022-2023”.
A pesar de la reivindicación planteada por las entidades usuarias para que se realicen de forma presencial y presidida por Guzmánel ministro decidió que las tres audiencias se realicen de manera virtual en la plataforma Webex y bajo el liderazgo de Martínez.
Darío Martínez, Secretario de Energía
Según se anunció oficialmente al momento de la convocatoria a audiencias, los usuarios de mayor poder adquisitivo, que representan el 10% de la clientela de casa, tendrán que hacer frente a una poda total de las subvenciones actuales. Ese cambio implicaría en las papeletas finales aumentos del 200% al 300% con respecto a lo que venían pagando hasta ahora. Según los cálculos realizados por los técnicos de Economía, el año pasado este segmento de usuarios con mayor capacidad de pago recibió un doble beneficio de subsidios compuesto por $49.452 en el caso del servicio de energía eléctrica y $23.312 en el gas.
Mientras tanto, para aquellos que reciben el beneficio de la cuota social, se resolvió que el incremento anual será equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. Esta variable arroja un porcentaje anual del 22%, lo que está en línea con los aumentos de electricidad y gas aplicados a principios de año, que ahora quedarían fuera de un ajuste tarifario.
En cambio, para el resto de clientes residenciales de ingresos medios que no cuentan con prestaciones sociales, la aumento anual Se fijará teniendo en cuenta el 80% del CVS de 2021. Esto arroja un incremento porcentual del orden del 40% anual. Como ya tenían una subida media del 20% a principios de 2022, ahora tendrán que hacer frente a otra subida media similar del orden del 20% para alcanzar el techo máximo de actualización de tipos que el Gobierno acordó con el Fondo para ese segmento de usuarios
preguntas
Además de no saber con precisión cuáles serán los aumentos finales que se terminarán aplicando a los distintos niveles de consumo de los clientes domésticos, hay otro tema que genera dudas y cuestionamientos por parte de los Usuarios AMBA que van a perder los subsidios y van a empezar a pagar los precios completos del gas y la luz.
Inicialmente, el Gobierno había dado a conocer que, tomando en cuenta el valor de los inmuebles y lugares de residencia en la Capital Federal y Gran Buenos Aires relevados por el EN REese segmento que tendría un alto poder adquisitivo englobaba a más de 480.000 usuarios, equivalente a casi el 10% de la clientela residencial.
Pero en la última semana, un documento técnico del subsecretario de Planificación Energética, Santiago López Osornio -un hombre con los riñones de Guzmán- planteó el alcance de lapara quitar los subsidios a casi el 20% de usuarios residenciales.
Todavía no se sabe cuáles serán las subidas definitivas que acabarán aplicándose a los distintos niveles de consumo de los clientes domésticos
Con base en la información de las empresas y los datos disponibles en el Sistema Nacional de Identificación Tributaria y Social (Sintys) Sobre ingresos y patrimonio, el funcionario que responde a Economía destacó que en la región metropolitana serán 921.778 usuarios del servicio eléctrico los que se quedarán sin subsidio y 760.600 hogares los que correrán la misma suerte en el servicio de gas.
Esta ampliación del universo de usuarios que verán eliminados los subsidios se debe a la inclusión de nuevos criterios económicos que se definieron en el entorno de Guzmán para reforzar los parámetros iniciales del ENRE. Además del tipo de propiedad, se resolvió que tendrán la tarifas completas aquellos usuarios que cuenten con ingresos equivalentes a 3,5 canastas básicas totales ($314.000), 3 o más inmuebles, 3 o más vehículos con menos de 5 años o que sean propietarios de embarcaciones o aeronaves de lujo.
Reclamos en la puerta
Aunque los funcionarios de Economía destacaron que se habilitará un mecanismo para que los usuarios que consideren que fueron excluidos indebidamente del subsidios pueden solicitar su reintegro al estado anterior, las distribuidoras de electricidad y gas están preocupadas por los problemas operativos y la avalancha de reclamos que podrían surgir con la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios.
Esta preocupación se reforzó en los últimos días después de que los mismos técnicos de la secretario de energía reconocen que “la disponibilidad de información inicial es una limitante y por ello las empresas deben implementar mecanismos para que el número de hogares que se encuentran asociados, su composición, nivel de ingresos y situación patrimonial sean reportados en los distintos niveles de oferta”.
El principal escollo en este ámbito es la baja respuesta que han recibido las empresas en las campañas de regularización de la titularidad de los servicios que pusieron en marcha a finales del año pasado. Se estima que poco más del 40% de los hogares aún no cuentan con lavado, ni están al día con los últimos cambios de propietarios y titulares de servicios.
Existirá un mecanismo para que los usuarios que consideren que fueron gravemente excluidos de los subsidios puedan solicitar su reincorporación.
Luego de haber estado muy activo en la última semana con cuatro reuniones con diferentes círculos empresariales, Guzmán deberá pasar los días de las audiencias públicas sin la presencia del presidente en el país. Alberto Fernández, que estará de gira por España y Alemania. Sin su principal defensor y partidario, el ministro deberá afrontar una semana calurosa donde seguramente volverán los ataques del kirchnerismo que pretenden expulsarlo del Palacio de Hacienda.
Además, recién en los tres días en que están programadas las audiencias, los movimientos sociales y piqueteros han organizado una movilización nacional que culminará en la Capital Federal para rechazar la acuerdo con el FMI y reclamar mayores ingresos por el avance inflacionario.
Una vez finalizadas las audiencias, todas las miradas estarán puestas en ver cómo jugarán los responsables de los entes reguladores que deben dictar las resoluciones específicas para autorizar los incrementos y las nuevas tarifas.
Hay quienes ven en esta instancia un nuevo capítulo conflictivo que podría retrasar la implementación de los ajustes. Y no descartan que Bernal, el contralor de la Engargascumplir con lo previsto el año pasado y convocar a una nueva audiencia para analizar los nuevos precios del gas antes de autorizar el traspaso o «traspaso» a las tarifas del usuario final.
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Fuente: iprofesional.com