Señora Directora:
La reforma de la ley de protección de datos personales adolece de un retraso crónico, debido a la falta de acuerdo de la autoridad de control. ¿Cómo seguir adelante? Propongo acordar criterios de política pública.
En materia de institucionalidad, se deben considerar tres pilares: independencia, especialización y presupuesto. El primer estándar proviene del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y es inevitable ser reconocido como un país adecuado.
La especialización es un desafío para una institución nueva o existente, donde se deben contratar profesionales de alto nivel. Este factor no depende de si la institución tiene competencia única en protección de datos personales (o compartida con temas de transparencia, como ocurre en varios países).
Finalmente, el presupuesto es una cuestión de decisión política: si realmente se quiere cumplir con el compromiso pendiente de la OCDE y llevar a Chile a la economía digital, debe hacerse con un regulador en su apogeo. El costo de oportunidad de la negociación institucional será cada día más caro.
Pablo Contreras
Abogado y profesor de la Universidad Autónoma de Chile
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Fuente: df.cl