Con las primeras medidas ordenadas por el juez penal económico Javier López Biscayart, que permitieron a la justa judicial iniciar la investigación tras la denuncia del gobierno nacional contra Mauricio Macri y ex empleados de su administración por presunto contrabando de armas militares para bolivia En noviembre de 2019, las fichas comenzaron a moverse.
En este escenario, hay varias partes interesadas en sumarse al proceso como denunciantes. La Dirección General de Aduanas (DGA), que depende de la AFIP, y está encabezada por Silvia Traverso, fue aceptada por el magistrado, mientras que la Unidad de Información Financiera que solicitó copias del proceso para luego poder presentarse en esa capacidad fue rechazada por no haber percibido el interés legítimo, según detalló el magistrado en la resolución. Es decir, actualmente no se está analizando un posible blanqueo de capitales.
Pero entre quienes buscan esta posibilidad de ser parte de la causa, la Fundación para la Paz y el Cambio Climático encabezada por Fernando Miguez, a quien el juez López Biscayart rechazó la posibilidad.
Ante esta situación, el presunto demandante apeló la medida, por lo que el proceso ya se encuentra archivado en la Sala B de la Corte de Apelaciones.
En otro orden, la semana que viene se debe definir la jurisdicción del caso, esto se debe a la multiplicidad de denuncias, luego, una vez cerrada la feria judicial, se debe definir qué juez estará a cargo de la investigación. Es probable que sea el mismo que hoy está a cargo y ordenó la acción. De hecho, el fiscal Cláudio Roberto Navas Rial, impulsor de la investigación, consideró que se deben unificar las denuncias, señalando que «los dos procesos parecen destinados a un trámite conjunto, cuestión que debe ser atendida en su momento», en vista de evitando la duplicación en las medidas probatorias de producción.
Además, fue él quien solicitó la autorización de la feria para proceder con la denuncia de Martín Soria, Sabina Frederic y Mercedes Marcó del Pont.
“Considero necesario investigar las acciones imputadas a Gerardo José Otero, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, empleados de la Gendarmería Nacional Argentina al momento de los hechos, quienes intervinieron en diferentes etapas del trámite de solicitud de autorización para exportar el material armamentístico involucrado., así como para justificar aún más, desde un punto de vista formal, el alegado desvío de su destino ”, dijo el fiscal en su solicitud.
La semana pasada, el Gobierno amplió la denuncia por la que el juez de lo Penal Económico Javier López Biscayart se reunió nuevamente con el representante del Ministerio Público para que pudiera emitirse.
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Fuente: mdzol.com