Facilitando el pago de deudas judiciales en la Ciudad de Buenos Aires
Con el objetivo de achicar más los costos por deudas de impuestos porteños, el Gobierno de la Ciudad avanzó con otra medida de simplificación de trámites. A partir de ahora, los contribuyentes que tengan deudas en fase judicial podrán regularizarlas y abonar los honorarios de los mandatarios de forma directa, en forma totalmente digital y sin necesidad de intermediarios. El trámite se realiza a través del Portal del Contribuyente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).
Esta nueva herramienta, según se informó, “busca aportar transparencia, brindar mayor autonomía a los vecinos y evitar los procesos burocráticos que solían requerir la dependencia de terceros”. Además, agregaron que durante el régimen excepcional de la última moratoria, más de 22.000 ciudadanos ya utilizaron este procedimiento. Tras esa experiencia, el sistema quedó incorporado de manera definitiva mediante la adhesión al Plan de Facilidades Permanente del organismo.
«Sabemos que para muchos vecinos resolver una deuda judicial significa lidiar con trámites y dependencia de terceros. Con esta herramienta les damos la posibilidad de hacerlo solos, en cuotas, de forma simple y con total claridad sobre cada paso. Es nuestra forma de acompañar a quien decide poner su situación en orden», dijo Germán Krivocapich, al frente de AGIP.
La medida se suma a la que había adoptado la Ciudad en 2024, cuando se les puso tope a los honorarios de los mandatarios, ya que en muchos casos superaban los montos de la deuda.
El nuevo sistema ofrece opciones de financiación tanto para las deudas como para los honorarios de los mandatarios, que son abogados que representan a la Ciudad. Por ejemplo, para deudas tributarias se habilitaron opciones de financiación de hasta 36 cuotas.
Mientras que para los honorarios, desde ahora se pueden abonar en hasta 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. También existe la opción del pago al contado: es la única excepción en la que el trámite no es 100% automático, ya que el Volante Electrónico de Pago (VEP) deberá ser generado por el mandatario judicial.
Esta medida profundiza las reformas impulsadas por el Gobierno porteño, «con las que se busca aliviar el bolsillo de los vecinos frente a deudas de ABL, Patentes e Ingresos Brutos», afirmaron fuentes oficiales.
Reformas previas para hacer más accesible el pago de deudas
Previamente, la gestión porteña ya había establecido un tope del 20% a los honorarios de los mandatarios para nuevos casos no judicializados hasta mayo de 2024, cuando se anunció la medida. Hasta ese momento, la actualización por unidades UMA (Unidad de Medida Arancelaria) generaba distorsiones severas: por ejemplo, un vecino con una deuda de $ 50.000 terminaba afrontando hasta $ 235.000 adicionales solo en concepto de honorarios jurídicos.
Además de fijar ese tope porcentual, la Ciudad dispuso la unificación de deudas. Antes, si un contribuyente debía tres servicios distintos, la AGIP derivaba los reclamos a tres mandatarios diferentes, multiplicando los aranceles. Actualmente, todas las deudas se unifican en un único reclamo y bajo un solo mandatario. En sintonía con esto, en ese momento se elevaron los montos mínimos de las deudas que pueden ser judicializadas.
Procedimiento autogestionado
El procedimiento es completamente autogestionado y se realiza de la siguiente manera:
1. Ingresar al Portal del Contribuyente de la AGIP.
2. Seleccionar la opción de Regularización de Deuda Judicial.
3. Ingresar los datos requeridos y calcular el monto total a abonar.
4. Elegir la forma de pago y la cantidad de cuotas, si corresponde.
5. Confirmar la operación y recibir el comprobante de pago.
Cierre
En resumen, con estas medidas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca facilitar el pago de deudas judiciales a los contribuyentes, eliminando intermediarios y simplificando los trámites. Con opciones de financiación y un tope a los honorarios de los mandatarios, se busca aliviar la carga económica de los vecinos y promover la regularización de su situación fiscal. Estas reformas son un paso hacia la transparencia y la autonomía de los ciudadanos en sus trámites con el Estado.
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